«La procrastinación es una mala práctica climática»

-El coronavirus ha desterrado de la agenda, no solo de España sino de la mayoría de los países, de las cuestiones ambientales. ¿No crees que precisamente debería ser lo contrario? ¿Crees que hay una relación entre el coronavirus y el cambio climático?

-Esta crisis sanitaria es una nueva evidencia (y van...) de la relación indisociable entre salud ambiental y salud pública. Cada agresión al medio ambiente se traduce en un nuevo deterioro de la salud de las personas, y cuando la agresión alcanza niveles globales el efecto negativo en la salud también es global, entre otras razones porque la naturaleza no entiende de fronteras.

-¿Por qué cuesta tanto tomarse en serio los riesgos climáticos?

-Quizás porque se ha venido informando preferentemente sobre los efectos calculados a cien años vista, que son mucho más fáciles de explicar y mediáticamente más atractivos que los que vamos constatando día a día. Un metro de elevación del nivel del mar previsto para dentro de un siglo puede acompañarse de una infografía con una ciudad costera inundada, un milímetro más de elevación al cabo de un año lo consideramos irrelevante, y la sociedad tiene cierta capacidad de reacción ante riesgos inmediatos, pero tiende a ser tanto más pasiva frente a riesgos futuros cuanto más lejanos los percibe. La procrastinación también es una mala práctica climática.

-Aunque la pandemia ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero de forma puntual, el descenso solo se debe a la parálisis de la economía. Sin embargo, muchos nos tememos que cuando la sociedad se reactive en medio de una recesión, las emisiones no solo volverán a subir, sino que habrá menos dinero para abordar proyectos de transición energética.

-Todo parece indicar que China, que ya da por erradicada la epidemia, está haciendo un considerable esfuerzo de reactivación de la actividad económica, y lo está haciendo aplicando las recetas convencionales del crecimiento, las que nos trajeron hasta aquí. Lo que me lleva a concluir que se está equivocando la línea de investigación en la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus, porque se trabaja en paliar los efectos pero no en erradicar las causas. Confío en que Europa no persista en el error, y que hayamos aprendido que el crecimiento económico como fin en si mismo no sólo no equivale a desarrollo, sino que se revela cada vez más como un riesgo para la prosperidad.

-¿Su departamento está ya pensando en medidas de reconstrucción de la economía?

-El Ministerio para la Transición Ecológica (ahora también del Reto Demográfico), nace con una encomienda que está impresa en su nombre; transformar el modelo económico mediante un cambio de base ecológica. Sobre esa premisa hemos venido diseñando las políticas del futuro de clima, de agua, de biodiversidad, de costas, de energía... Esta crisis no hace sino que reafirmarnos en esa línea de trabajo, que no es otra que la de asegurar un presente y un futuro sostenibles para las generaciones de hoy y las venideras. Desde el minuto uno estábamos trabajando en esa reconstrucción de la economía, conscientes de la inviabilidad del modelo que está en el origen de esta crisis.

-También la crisis ha evidenciado la crisis de las políticas basadas en el desmantelamiento de lo público, que ahora vemos como ha contribuido a expandir y agravar los impactos de la pandemia. ¿Crees que podríamos vivir un momento de desprivatización de los servicios esenciales y de una cierta intervención de los Estados en la economía?

-La exigencia de la intervención de los Estados ha sido una de las reacciones que han concitado absoluta unanimidad. Desde el ultraliberalismo hasta el hiperintervencionismo, no ha habido ni un mínimo atisbo de duda a la hora de invocar la acción pública. Es cierto que hemos vivido ya episodios, alguno relativamente reciente, en los cuales el Estado ha tenido que salir al rescate de la economía privada en menoscabo de la calidad de lo público; pero se ha hecho tan visible en el caso de la sanidad, de como el rescate de la banca se pagaba a costa de brutales recortes en el sistema sanitario, que creo que saldremos de esta crisis con una escala de valores mucho más sólida y compartida por una inmensa mayoría de la sociedad.

-Los gobiernos neoliberales aprovechan el desastre del coronavirus para desregular a costa del medio ambiente. ¿Qué opina de la el decreto ley 2/2020 de la Junta de Andalucía por el que el Gobierno andaluz ha 'liberalizado' la protección ambiental?

-Pongamos un ejemplo: la reforma de la Ley de Costas del año 2013 es hija de la anterior crisis, que sirvió de coartada al gobierno del PP para poner en el mercado de la especulación el ya mermado patrimonio público de suelo que nuestro país conservaba; de hecho, más aún que los derechos sociales, los que han experimentado un mayor retroceso en nuestro país entre el año 2012 y el 2018 han sido los derechos ambientales. Andalucía ha sufrido en estos últimos años el creciente impacto que supone la desprotección del litoral a golpe de ocupación del dominio público marítimo terrestre, y las consecuencias económicas, más allá de las ambientales, no distinguen entre bienes públicos y propiedades privadas; necesitamos normas que aporten seguridad y trasladen certidumbre, y la desprotección ambiental menoscaba la seguridad y genera una enorme incertidumbre.

-El agua ocupa un lugar central en la lucha contra la pandemia. De hecho, el gobierno entre sus medidas adoptó no cortar el agua a ningún ciudadano. Sin embargo, esta medida no se tomo inicialmente e incluso se tomó muy tarde. ¿Cual es la razón? ¿Existen presiones del lobby privado para no afrontar el derecho humano al agua y al saneamiento?

-La garantía de suministros básicos se incorporó a las primeras medidas de la acción del Gobierno frente a la crisis sanitaria; y es en un momento inmediato posterior, cuando se adapta la capacidad de respuesta a la dimensión del reto que enfrentábamos. Alguien comentó, y hago mía la reflexión, que el concepto de vulnerable que tenemos hoy es muy diferente del que teníamos dos meses atrás, y esto da lugar a una revisión muy a fondo de los mecanismos de respuesta que creíamos adecuados. Dicho esto, tengo que manifestar que la actitud de todo el sector del agua está siendo ejemplar a la hora de trasladar tranquilidad a la ciudadanía en relación con la garantía de abastecimiento; y creo que es de justicia rendir homenaje a los miles de trabajadores y trabajadoras que están contribuyendo cada día a la normalidad de la vida en nuestros hogares, y a la continuidad de la prestación de un servicio crítico imprescindible en la batalla contra la pandemia.

-El presidente del Gobierno anunció en su discurso de investidura que el agua era un derecho y no una mercancía. Esto significa una modificación legislativa; una ley de ciclo urbano del agua. ¿Es una cuestión que sigue siendo una prioridad?

-Esta crisis ha hecho aflorar algunas debilidades que ya teníamos diagnosticadas en parte, pero que hoy se hacen mucho más evidentes, como la dificultad de poder acceder a datos en tiempo real que ayuden a anticipar o a modular respuestas. Esta carencia hubimos de suplirla mediante la constitución de una mesa de seguimiento permanente con todos los agentes del sector, y se ha revelado como una herramienta muy útil. La experiencia nos demuestra que es de gran utilidad contar con un observatorio estable del ciclo urbano del agua que sirva para aportar mayor robustez al sistema.

-En Andalucía quedan unas 300 actuaciones de depuración de aguas pendientes y costarán 5,5 millones en sanciones. ¿No crees que la depuración debería ser prioritaria en todo el Estado?

-En este momento, en el que se anticipa una necesaria intervención de los Estados y de la Unión Europea para conjurar la crisis social y económica que la crisis sanitaria podría desencadenar, parece atisbarse un gran consenso para impulsar la plataforma de la llamada economía verde. El ciclo del agua está en el epicentro de la economía verde, y puede ser ésta una oportunidad para recuperar el tiempo perdido, mediante la movilización de inversiones destinadas a mejorar la calidad de las aguas.

-¿No crees que, como señala AEOPAS, es necesario un gran pacto de Estado que coordine e impulse estas obras? ¿No sería interesante que tras la crisis del coronavirus hubiera un plan de choque centrado en este tipo de obras?

-El Presidente del Gobierno ha convocado a los grupos parlamentarios, a los gobiernos de todas las administraciones, y a los agentes económicos y sociales, a un pacto de Estado para salir al rescate del país tras la crisis sanitaria. Tenemos ante nosotros un reto que no admite reservas; cada quien debe aportar lo mejor de sí mismo, y no se entendería que hubiese quien pretendiera eludir su cuota de responsabilidad. Este es un ejemplo que suma.

-El agua de los grifos es vital en la lucha que mantenemos contra el coronavirus, pero en España, como en muchos otros países, los ciudadanos han desconfiado de ella debido a los bulos y han acudido a los supermercados para comprar agua embotellada. En Italia, el Estado ha lanzado campañas de confianza respecto al agua e grifo.

-Se ha escrito que esta crisis está haciendo aflorar lo mejor y lo peor de la sociedad, que no es sino la suma de lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros que siempre estuvo ahí. La desinformación, los bulos, las mentiras, están siendo la epidemia paralela a lomos de las redes sociales, capaces de multiplicar en tiempo récord sus efectos más dañinos. Se le atribuye a Mark Twain la frase de que “es más fácil engañar a la gente que convencerla de que la están engañando”, y los hechos han venido a darle desgraciadamente la razón. El mundo del agua no ha salido indemne de esta guerra, y el Gobierno ha ido trasladando a la ciudadanía información veraz, a fin de contrarrestar la multiplicación de cada campaña de intoxicación.

-Una de las cuestiones que deberían dar seguridad a la ciudadanía sobre su agua son los sistemas de información públicos. En España existe el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), pero no parece ser efectivo ¿Crees que el SINAC necesita una reforma urgente para combatir estos bulos?

-Las sociedades democráticas se interrogan respecto a cómo defenderse de la manipulación ¿Un gran hermano bueno que vigile al gran hermano malo? Puede que la respuesta haya de darse desde dos frentes: tecnología y conocimiento. Es necesario mejorar en la regulación del uso de las tecnologías, cuyo desarrollo avanza más rápido que la capacidad del común de los mortales para entenderlas y manejarlas, de tal manera que se convierten en herramientas al servicio de quienes las controlan; pero también es preciso contar con el conocimiento de las materias y el rigor en la información para desmontar cualquier bulo con inmediatez y contundencia, a fin de evitar su propagación. Otra lección que esta crisis nos da.

-El sistema del Huesna afronta un gran cambio en su modelo con la construcción del túnel que evitará un gasto energético muy significativo. Recientemente se anunció que si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo autoriza estaría listo para licitar en mayo. ¿El Gobierno central esta acelerando y priorizando este proyecto?

-Hemos incorporado con carácter general, y para todo tipo de proyectos, el estudio de viabilidad previo a la aprobación. Viabilidad ambiental, social y económica. El túnel del Huesna es uno de esos proyectos que se plantean como alternativa para alcanzar esa triple viabilidad, y desde esa triple perspectiva lo analizan los servicios de la Confederación Hidrográfica. Con el reajuste general de tramitaciones que nos ha impuesto el coronavirus, confío en que podamos contar con una resolución en las próximas semanas.

-En Huelva hay un grave problema de pobreza hídrica. Los trabajadores sin papeles viven en chabolas y se da la paradoja de que hay agua para regar cultivos de fresa pero no para estas personas que recogen las fresas. ¿Qué opinas de esta situación?

-Europa se ha visto obligada a mirarse en el espejo de sus contradicciones. El inicio del tiempo de la cosecha en casi todos los países en medio de la declaración de estados de confinamiento, descorrió el velo que ocultaba la cruda realidad de una parte de la actividad agraria: los cierres de fronteras dejaron sin mano de obra para la recolección a multitud de explotaciones agrícolas, y en nuestro país saca a la luz un mundo de infravivienda y de infraempleo que parecía haberse aceptado en términos de una normalidad que resulta inaceptable. Ojalá sea este un aldabonazo en las conciencias de los países que más reticentes se han mostrado en ofrecer soluciones europeas a una cuestión -la emigración- que no es sólo cosa de los países del sur.