La interventora de la Junta Teresa Arrieta declaró ayer que la Dirección General de Trabajo «sabía» que estaba concediendo ayudas sin expediente de gasto sometido a fiscalización previa, un sistema que era «opaco al control» aunque suponía una «irregularidad administrativa» y no menoscabo de fondos.
Arrieta testificó en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles. Ese «procedimiento específico» consistía en que las ayudas eran pagadas por la empresa IDEA con fondos que le enviaba la Consejería de Empleo -que las concedía- mediante transferencias de financiación, un instrumento que la Intervención alertó reiteradamente que era «inadecuado» ya que es una herramienta que no puede tener un fin concreto sino equilibrar pérdidas y ganancias de las entidades públicas.
Para la interventora adjunta al interventor general desde 2005, ese sistema impedía que las ayudas fueran sometidas a fiscalización previa como era obligatorio para toda subvención concedida por un órgano de la Junta y eso «la Dirección General de Trabajo lo sabía», ya que en la misma se fiscalizaba la transferencia de financiación (el envío de fondos a IDEA) pero la Intervención no veía ningún expediente de gasto de la ayuda al pagarse en IDEA, donde el control es a posteriori.
Para Arrieta, «las subvenciones se estaban concediendo fuera de todo circuito» ya que la Dirección General de Trabajo -dos de sus titulares, Javier Guerrero y Juan Márquez, están entre los acusados- «en ningún momento somete a fiscalización de la Intervención un expediente de gasto de las subvenciones que concedía» pese a que «debe conocer sus obligaciones».
A preguntas del fiscal sobre si se pueden conceder como subvenciones excepcionales ayudas idénticas durante diez años, la testigo respondió que «poder se puede, no se debe, lo lógico hubiera sido una regulación» pero al no haberla sólo cabe considerarlas excepcionales, si bien éstas también tienen sus propios procedimientos y requisitos.