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Imagen de archivo de unas oposiciones de la Junta. / EFE
La Administración General de la Junta de Andalucía reforzará el personal destinado al control y a la lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social en su Oferta de Empleo Público para 2017. El Consejo de Gobierno aprobó ayer una convocatoria de 2.101 plazas, que incluye 961 puestos de acceso libre y 1.140 de promoción interna. El vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Jiménez Barrios, justificó el «cierto retraso» en la aprobación de la oferta, a menos de dos meses de que acabe el año, en la detección de los sectores que necesitan más recursos. Las pruebas de acceso se celebrarán a partir del último cuatrimestre de 2018, «desde el primer minuto, este Gobierno trabaja para mejorar los servicios de la administración pública y su apuesta por el empleo es clara», aseguró el vicepresidente.
De las 961 plazas de acceso libre aprobadas para este año, 538 serán para funcionarios y 423 para personal laboral. Dentro de las primeras, la distribución es la siguiente: 40 para el Cuerpo Superior de Administradores Generales; 40 para Administradores de Gestión Financiera; 95 para Cuerpos Superiores Facultativos (Ingenieros agrónomos e industriales, Veterinarios, Medicina del Trabajo, Estadística, Geografía, Letrados de la Administración Sanitaria, Medio Natural, Inspección Sanitaria e Investigación Agraria y Pesquera); 5 para Letrados de la Junta); 60 para el Cuerpo de Gestión Administrativa; 30 para Cuerpos de Técnicos de Grado Medio; 76 para el Cuerpo General de Administrativos; 40 para Agentes de Medio Ambiente, y 152 para Auxiliares Administrativos (41 reservadas a personas con discapacidad intelectual).
Los 423 puestos de acceso libre para personal laboral se distribuyen entre los siguientes grupos: 23 serán para el Grupo II (educadores, educadores de Centros Sociales y educador Infantil); 111 para el Grupo III (dirección de cocina, monitores escolares, oficiales primera de Oficios y Técnico Superior de Educación Infantil); 59 para el IV (auxiliares de cocina, enfermería y de instituciones culturales y oficiales de segunda de oficios), y 230 para el V (auxiliares sanitarios, personal asistente en restauración, limpieza y alojamiento, servicios generales, y de oficios).
La cifra de 2.101 plazas supone llevar al cien por cien la tasa de reposición de efectivos establecida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 para las especialidades y cuerpos considerados esenciales, mientras que para el resto de sectores el límite máximo es del 50 por ciento. Teniendo en cuenta los sectores sanitarios y educativo, la Junta suma un total de 8.122 plazas de empleo público en 2017. En agosto se aprobó la de Sanidad, con 3.533 plazas de 14 especialidades, mientras que la de Educación fue en marzo con 2.468.
Para 2018, el presupuesto andaluz contempla una oferta de otras 7.700 plazas de empleo, de las que 2.100 serán para la administración general, 3.400 para Sanidad y 2.200 para Educación.
Por último, la Junta tiene previsto aprobar en diciembre la convocatoria de una oferta extraordinaria destinada a estabilizar las plantillas, que se realizaría de manera coordinada en el conjunto del Estado y las comunidades autónomas. La previsión es ofertar en Andalucía 32.817 plazas (1.588 en administración general, 18.195 en sanidad y 10.682 en educación). El proceso, que se cerrará en 2020, da cumplimiento a un mandato al que están obligadas las administraciones para reducir el nivel de temporalidad de sus empleados públicos. Por tanto, no son plazas de nueva creación, ya hay un trabajador ocupando ese lugar, aunque podrán acceder a ellas cualquiera.
Queda por resolver, pues, si las personas que ya ocupan esas plazas tendrán alguna ventaja en la calificación de las pruebas. Todavía no hay una decisión al respecto, aunque los sindicatos ya han planteado que la experiencia diera puntos extra