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Antonio Deza y María Garzón, de la Plataforma por una Comisión de la Verdad, ayer ante los grupos parlamentarios. / El Correo
Los grupos parlamentarios escucharon ayer a expertos de reconocido prestigio como el filósofo Manuel Reyes Mate, el antropólogo Juan Manuel Guijo o la catedrática Encarnación Lemus exponer la necesidad de compatibilizar el rigor científico en las exhumaciones de fosas comunes del franquismo o la investigación documental con la reparación y el reconocimiento a las víctimas. Oyeron al sindicalista represaliado Eduardo Saborido y a la abogada Cristina Almeida discrepar sobre la necesidad de mantener o revisar la Ley de Amnistía de 1977. Y escucharon a los responsables de asociaciones memorialistas como Cecilio Gordillo o María Luisa López reivindicar el papel que el movimiento de familiares y víctimas debe seguir teniendo en el proceso de exhumación e identificación de sus antepasados, aunque sea bajo control público. Pero si hubo un testimonio emotivo, y sobre todo, con un mensaje directo a los portavoces de PP, PSOE, Podemos, C’s e IU fue el del octogenario Antonio Deza.
Este «niño de la guerra», con siete miembros de su familia cordobesa asesinados o represaliados durante el golpe militar y en la posterior dictadura, les suplicó «por favor» que la futura Ley de Memoria Democrática que tramita el Parlamento andaluz sea aprobada con el consenso de todos los grupos. «Pediría con toda mi alma que esa ley saliera por unanimidad», dijo. «Por favor, poneros de acuerdo», reclamó, tras instar a los grupos a invitar el día que se apruebe a «los niños de la guerra que ya somos mayorcitos» para ver «la felicidad que vais a proporcionar».
Deza acudió de la mano de la asociación Por una comisión de la verdad, que lidera María Garzón, y recordó que «hay muchas criaturas que han muerto sin poder tener la satisfacción de ver los restos de sus padres. No quisiéramos morir más». Lamentó que «el tema de las fosas sea usado como arma política de confrontación». De ahí que apueste por una comisión de la verdad y por que leyes como la andaluza reflejen un consenso político que se traslade a la ciudadanía para superar «lo de las dos Españas».
Pedagogía y justicia
Entre los juristas, investigadores e historiadores que comparecieron ayer, las principales reivindicaciones fueron para no relegar a las asociaciones, garantizar un sostén presupuestario, actualizar el mapa de fosas y crear un censo de víctimas, agilizar los trámites para las exhumaciones e identificación de los restos, con bancos de ADN y menos burocracia, así como a ampliar el concepto de víctima y crear una oficina pública de atención a éstas.
Más discrepancias hubo sobre instar o no a la derogación de la Amnistía de 1977. Así, tanto María Garzón como el exdirector de Memoria Histórica de la Junta Luis Gabriel Naranjo demandaron que todas las exhumaciones se hagan en presencia judicial porque «los huesos hablan y son pruebas».
Y sí hubo coincidencia en llevar la memoria democrática a las aulas con un relato «científico», «bien definido» y «sistemático» para no olvidar y evitar que se repita.
