Los árboles singulares, simbólicos, partícipes de la historia de nuestros pueblos y ciudades y vinculados a nuestra vida cotidiana, firman parte de nuestro patrimonio natural. Por eso en España los árboles declarados singulares no se pueden talar ni dañar. Deben establecerse zonas de protección a su alrededor, cuya extensión varía según el paisaje, las especies asociadas, los peligros potenciales y otros factores. Pero las competencias de medio ambiente son una responsabilidad de cada Comunidad Autónoma.
En Andalucía, en el año 2003 la entonces consejería de Medio Ambiente de la Junta realizó un gran trabajo de documentación e investigación para inventariar los árboles y arboledas singulares de todo el territorio. Un inventario que se tradujo en ocho libros, uno por provincia, para el que se contó además con la colaboración ciudadana. Se ponía entonces de manifiesto la estrecha vinculación e muchas personas con algunos de estos ejemplares que han marcado la historia de sus pueblos y ciudades y, por supuesto, habían acompañando silenciosamente muchas vivencias personales.
Ya en 2003 la Junta de Andalucía reconocía que no era un trabajo completo, al reducirse el catálogo de árboles singulares a terrenos no urbanos. Se evitaban así afrontar problemas urbanísticos como el reciente del ficus de la trinara calle de San Jacinto, en Sevilla. Sin embargo, pese a esta grave carencia, se lograron inventariar centenares de árboles que el propio Gobierno andaluz de entonces reconocía que eran “únicos”. “Árboles que se constituyen como simbólicos de identidad en pueblos y localidades, como la Cornicabra del Polje de La Nava en Córdoba, el Quejigo de Amo en Jaeìn, el Pinsapo de las Escaleretas en Málaga, el Chaparro de la Vega en Sevilla, el Alcornoque de Rojitán en Cádiz, las Secuoyas de la Losa en Granada, la Sabina Albar de Chirivel en Almería o los Acebuches del Rocìo en Huelva”, se dice en esas publicaciones.
Casi 20 años después de disponer de esa información estos árboles carecen de una figura propia de protección ambiental que impida que, por ejemplo, sean talados o podados de manera salvaje. Y eso pese a que la Junta de Andalucía afirmaba en este inventario que eran “consciente de la necesidad de proteger y de legar a las generaciones futuras de Andalucía estos auténticos monumentos vivos, de preservarlos como testigos de ecosistemas, de paisajes que forman, ligadas a las suyas, nuestras raíces”, como escribía en el prólogo del inventario la entonces consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves.
Desde entonces estos “monumentos vivos” no han obtenido una figura especial de protección ambiental como si se ha hecho en otras comunidades autónomas como Cantabria (1984), Baleares (1991), Comunidad de Madrid (1992), Euskadi (1995), Extremadura (1998), Castilla y León (2003), Aragón (2004) y Comunidad Valenciana (2006). En estos territorios los catálogos de árboles singulares están protegidos por normativas autonómicas que estipulan sanciones para toda aquella persona que pueda dañarlos. En Andalucía, salvo que pertenezcan a figuras de protección de otro tipo, como la de monumento natural, están desprotegidos. El paso de los sucesivos gobiernos socialistas en Andalucía primero y los gobiernos del PP después mantienen esta tarea de proteger los árboles más importantes de la Comunidad en un cajón. Una falta de sensibilidad y de compromiso ambiental que de vez en cuando les explota en la cara a políticos como el alcalde de Sevilla con el caso del ficus de Triana en el que no disponía de una figura legal a la que agarrarse para frenar las ansias de tala de los dominicos de la Iglesia de San Jacinto, a los que les molestaba un árbol que forma parte de la historia de Triana.