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Dos ciclistas transitan una vía pecuaria andaluza, la mayoría de ellas impracticables y con el paso vedado ilegalmente. / El Correo
El Plan de Recuperación de Vías Públicas del año 2001 preveía, para 2015, la recuperación de 17.398 kilómetros de vías pecuarias en Andalucía. Aunque el Plan empezó a ejecutarse con fuerza en los primeros años, en septiembre del año pasado la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos (PICP) denunciaba que únicamente se habían deslindado 10.103 km, lo que suponía tan sólo la previsión de recuperación de caminos públicos del año 2010. La cantidad no alcanza siquiera una tercera parte del total de kilómetros clasificados: 33.777, entre los que no se encuentran además caminos de muchos municipios que ni siquiera tienen clasificadas las vía pecuarias.
Según la Plataforma, que presentó estos datos al Defensor del Pueblo andaluz, los kilómetros que tenían que estar deslindados eran 10.103 en 2010, a los que habría que añadir 8.092 en 2015 y 7.005 en 2020 (lo que hace un total aproximado de 25.000 km). «Por supuesto, el deslinde es un paso previo a lo que realmente es el objetivo último irrenunciable, que es la recuperación de oficio del bien y su adecuado mantenimiento y conservación», aclara la denuncia.
Ante estos alarmantes datos, el Defensor del Pueblo andaluz requirió a la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que confirmase «si los datos que posee esa Consejería coinciden con los facilitados por la PICP o en caso contrario envíe una información actualizada sobre la situación en la que se encuentran las vías pecuarias en Andalucía». La respuesta del departamento de dirige Jose Luis Hernández Garijo «confirma esa omisión», responde el Defensor del Pueblo a la Junta de Andalucía en un escrito al que ha tenido acceso en exclusiva Ecoperiodismo.
Los datos que Medio Ambiente aporta como respuesta verifican ese «incumplimiento radical» del Plan desde 2013 en las provincias de Córdoba, Huelva y Jaén; y generalizado en las ocho provincias a partir de 2014 (en este año se deslinda 0,24 kilómetros en Granada y 3,2 km en Sevilla, en el resto de las provincias no hay ninguna actuación de deslinde registrada). En 2015, 2016 y 2017 no hay noticias de ningún deslinde.
La explicación de la Junta de Andalucía es para esta «grave interrupción del Plan de Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias de Andalucía (PROVPA)» es que «en los últimos años, dado el marco de contención del gasto público, la actividad encaminada a los procedimientos de deslinde en materia de vías pecuarias se ha visto drásticamente reducida». Es decir, en lugar de reducir las actuaciones de deslinde, como ha ocurrido en otros ámbitos de actuación del sector público como consecuencia de la incidencia de la crisis económica en los ingresos y gastos públicos, lo que la Consejería que dirige José Fiscal decidió fue suspender de facto, el PROVPA.
La Consejería de Medio Ambiente se excusa ante el Defensor esgrimiendo también los datos de su programa de ‘Puertas Verdes’, que según la Junta de Andalucía «ha permitido la creación de verdaderos Sistemas de Espacios Libres en las aglomeraciones urbanas de Andalucía». La evasiva de la Junta de Andalucía apunta que «esas infraestructuras verdes, tras varios años de implementación, requerían tareas de mantenimiento con el fin de garantizar la seguridad del importante número de usuarios que a diario utilizan estos itinerarios naturales, tanto para realizar transportes cotidianos como para la práctica de actividades deportivas y de ocio».
Ante esta maniobra de distracción, el Defensor del Pueblo andaluz aclara en sus escrito a la Junta que aunque «valora positivamente» la financiación de esas infraestructuras, «no suponen dar pasos en la dirección de, conforme al PROVPA, recuperar estos bienes de dominio público usurpados a los poderes públicos y, en la medida que están o deben estar destinados al uso público, usurpados, en definitiva, a la ciudadanía».
La Oficina del Defensor del Pueblo le da una lección de responsabilidad social al departamento de José Fiscal ante esta dejación de funciones: «Consideramos que recuperar y poner en uso las vías pecuarias tiene una enorme trascendencia desde una perspectiva ambiental, pues como señala el PROVPA, éste tenía por finalidad dotar a las vías pecuarias de una dimensión de utilidad pública que va más allá del uso tradicional ganadero, destacando sus funciones medioambientales».
El programa de ‘Puertas Verdes’, le explica el Defensor a la Consejería de Medio Ambiente en su escrito «es complementario de la recuperación de vías pecuarias y pone en valor éstas, pero no es una alternativa a la obligatoriedad de recuperar estos bienes de dominio público». «Estas actuaciones, no dejan de tener un carácter complementario de lo que es el objeto fundamental de la política de vías pecuarias, que es luchar contra su usurpación», remarca en su escrito el Defensor del Pueblo andaluz.
Lo más grave no es sin embargo que durante años el plan de deslindes de vías pecuarias duerma en un cajón de la Consejería, sino que no hay la más mínima intención de reactivarlo. Las denuncias que motivan esta actuación del Defensor revelan que la defensa de los caminos ha recaído en la ciudadanía y en los grupos ecologistas locales, que tienen que enfrentarse a propietarios que cierran el paso a las vías pecuarias que atraviesan sus fincas. La Junta de Andalucía no hace nada al respecto, como denunciaron ante el Defensor desde la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos que inciden en que cuando se ha instado a actuar a la Consejería de Medio Ambiente «se ratifica en que no van a hacer actuaciones ningunas para facilitar el paso por las vías pecuarias cerradas».
Sin planificación para deslindar caminos públicos, una incompetencia manifiesta que incluso reconoce la propia Consejería de Medio Ambiente y una total falta de interés en este problema de usurpación de caminos públicos, el Defensor del Pueblo andaluz le recuerda a la consejería que preside José Fiscal «el deber legal de realizar cuantas actuaciones sean necesarias a fin de proceder al deslinde y recuperación de las vías pecuarias» y le incide en que se trata de la defensa de «bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables».
También le critica que haya dejado de cumplir sus obligaciones como Gobierno andaluz en cuatro cuestiones esenciales: «Regular el uso de las vías pecuarias de acuerdo con la normativa básica estatal; ejercer las potestades administrativas en defensa de la integridad de las vías pecuarias; garantizar el uso público de las mismas tanto cuando sirvan para facilitar el tránsito ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios; y asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias, así como de otros elementos ambientales o culturalmente valiosos, directamente vinculados a ellas, mediante la adopción de las medidas de protección y restauración necesarias».
Dice el Defensor que «estas obligaciones vienen siendo incumplidas ostensiblemente por esa Consejería, especialmente desde el año 2014».
El Defensor del Pueblo andaluz le ha hecho nueve recomendaciones a la Consejería de Medio Ambiente que debería llevar a cabo si quiere cumplir -como es su obligación- la ley en lo que se refiere a la protección de los caminos rurales públicos.
1. «A la mayor brevedad posible, se realice una evaluación del cumplimiento del Plan a la fecha actual».
2. «De acuerdo con esa evaluación y diagnóstico de la situación, cuyo resultado se debe publicar en la web de la Consejería, para que pueda ser consultado por cualquier persona interesada, se deben establecer los objetivos a afrontar, al menos hasta el año 2020. Una vez realizada esa evaluación se debería aprobar el plan de actuación, previa consulta pública y participación de las personas interesadas».
3. «Se informe en la web del «modus operandi» de la Consejería ante las denuncias que se realicen por la ciudadanía sobre usurpación de vías pecuarias y, singularmente, sobre el cierre ilegal de estas por personas propietarias de fincas por las que discurren estas vías. Conductas estas que continúan manteniéndose sin consecuencia alguna, en la inmensa mayoría de los casos, para los infractores».
4. «Se establezcan unas prioridades claras ante la gran tarea de desarrollar en aras a la recuperación de nuestras vías pecuarias».
5. «Dado que, según nos informan los servicios jurídicos están desbordados para¡ atender las denuncias que se presentan y, por tanto, no pueden actuar a demanda, que se establezcan los criterios y prioridades de intervención dándoles la máxima publicidad para que puedan ser conocidas por la ciudadanía y, de esta manera, se generen las adecuadas condiciones de transparencia y seguridad jurídica para las iniciativas y denuncias que decida poner en marcha la ciudadanía».
6. «Que en los procedimientos que impliquen cambios de entidad de los trazados de las vías pecuarias y, en cualquier decisión de importancia sobre éstas, se tenga en cuenta el movimiento asociativo interesado en la defensa y recuperación de estos bienes de dominio público».
7. «Que se estudie la posibilidad de iniciar los trámites legales para modificar el trazado de la vía pecuaria del Salto de la Trocha a fin de dar respuesta, en la medida de lo posible, a las asociaciones que se han opuesto a un cambio de trazado mencionadas en este escrito. Esto teniendo en cuenta que todas las vías deben tener un uso público y la lógica es que su trazado responda a las demandas de las personas interesadas en su utilización».
8. «Que se impulse el que lleve a cabo, a la mayor urgencia, la modificación de la Orden que restringe el uso de determinadas vías pecuarias a su paso por el Parque Natural Sierra de Andújar».
9. «Que se informe sobre la causa de que permanezcan cerradas, en la provincia de Sevilla, otras vías pecuarias como «el Cordel de las Cañas, en Salteras, el Cordel de la Segarra, entre Santiponce y Salteras, la Vereda de la Boyera, en La Puebla de Cazalla, Vereda de La Puebla de los Infantes en Las Navas de la Concepción, Vereda de Cazalla de Guadalcanal, y muchísimas más». También que se confirme «si es cierto que permanecen cerradas, pese a haber sido deslindadas, las vías pecuarias, en Córdoba capital, de la Vereda del Pretorio, o la Vereda de Linares. Igualmente ocurre en el vecino término de Villaviciosa de Córdoba con la Vereda de Córdoba y la Vereda del Pretorio. El deslinde de la Vereda de la Pasada del Pino, eje vertebral de la sierra cordobesa, caducó y al no haberse retomado está cortada en varios puntos, cuando podría ser la vía principal para el sendero europeo GR-48. En la misma capital cordobesa hay varias vías pecuarias que, sin estar cerradas, son intransitables y no se permite su arreglo, por no tener deslinde firme. Es el caso de la Vereda de Trassierra o la Vereda de la Alcaldía».