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miércoles, 07 diciembre 2022

Los centros de FP tendrán autonomía para adaptar su oferta formativa

El Consejo de Gobierno aprueba con retraso el proyecto de Ley de Formación Profesional

05 dic 2017 / 19:46 h - Actualizado: 06 dic 2017 / 00:22 h.
"Educación","Junta de Andalucía","Sonia Gaya"
  • Los consejeros de Educación y Empleo, Sonia Gaya y Javier Carnero, ayer tras el Consejo de Gobierno. / Europa Press
    Los consejeros de Educación y Empleo, Sonia Gaya y Javier Carnero, ayer tras el Consejo de Gobierno. / Europa Press

{Los centros de FP podrán organizar de manera flexible su oferta formativa a partir de la demanda de su entorno. Así se recoge en el proyecto de Ley de Formación Profesional que aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La memoria económica de la norma contempla un partida de casi 190 millones de euros hasta el año 2020, cuando entre plenamente en vigor. La FP contará entonces con 715 ciclos formativos y se incrementará el profesorado en 1.621 plazas. El Gobierno pretende un cambio notable en las titulaciones, en las que se irán eliminando aquéllas con porcentajes de acceso al mercado laboral bajos y se prioricen los que cuenten con más salidas.

Y es que uno de los pilares de la ley será la adecuación de la nueva oferta formativa al nuevo modelo económico. Recogerá la atención a la formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para mejorar la capacitación de los trabajadores de todos los sectores ante los nuevos retos que plantea la economía. Se potenciará la formación y actualización del profesorado en estas enseñanzas para que estos centros cuenten con profesionales expertos y dotados de los recursos didácticos y pedagógicos necesarios. Establecerá un sistema permanente que desarrollará el acceso, asesoramiento, evaluación y certificación de competencias profesionales, de acuerdo con la normativa estatal: de esta manera, habrá una planificación que garantice que la FP en Andalucía responda a la demanda de mano de obra cualificada.

En la sesión de control al Gobierno del ocho de septiembre de 2016, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se comprometió con el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, a remitir en el siguiente periodo de sesiones el proyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía. La idea de la formación naranja era que la norma pudiera estar ya en vigor para el inicio del curso 2017-18. «Si de aquí a julio no llegan al Parlamento la Ley de Emprendimiento, la Ley de Formación Profesional, la Oficina contra el Fraude y se pone en marcha la mesa de trabajo para abordar la reforma del IRPF, Ciudadanos estará dispuesto a todo hasta retirar el apoyo al Gobierno de la Junta», dijo Marín el pasado marzo. La Ley de Formación Profesional era una de los puntos recogidos en el acuerdo de investidura entre PSOE-A y Cs, de ahí las prisas.

La consejera de Educación, Sonia Gaya, justificó ayer el retraso en el procedimiento de la norma: «Ha sido preferible esperar un poco para garantizar su éxito por el consenso con los agentes sociales». El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, que también presentó la ley, apuntó que la norma cuenta con el aval de 78 asociaciones y organismos del sector.

La ley también dará un nuevo impulso a la Formación Profesional dual, que combina la actividad formativa con la laboral en una empresa. Los datos de inserción laboral alcanzan el 80 por ciento del alumnado. Para la realización de estos proyectos se establecerán convenios de colaboración entre los centros de formación y las compañías del sector correspondiente. Este curso estudian esta formación dual cerca de 4.000 estudiantes en 168 centros educativos, con una oferta de 321 proyectos. También ha crecido el número de empresas participantes desde las 87 iniciales hasta las más de 2.800 actuales


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