El colectivo de Docentes de Formación para el Empleo, uno de los grandes desconocidos, tanto de la sociedad en general, como por el resto de los colectivos docentes de este país, profesorado de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, sigue sin tener una fecha específica para recibir el primer pinchazo de la vacuna contra la covid. Si bien los docentes y educadores en el resto de etapas educativas ya están a la espera de completar la pauta en su inmensa mayoría, no así ocurre con estos formadores, según denuncian desde AFOREN, la asociación nacional que agrupa a todos ellos.
En números globales, el total asciende a unos 25.000 docentes a nivel nacional, sobre los que las diferentes administraciones públicas depositan su confianza para impartir las diversas acciones formativas que forman a todas las personas desempleadas de este país, el sector activo, los colectivos con necesidades especiales, garantía juvenil, etc.
Tal como denuncian desde AFOREN, “en nuestras manos, las administraciones ponen el futuro y reinserción laboral de quienes no tienen trabajo y la ampliación de formación de las personas trabajadoras, para una mejor empleabilidad y promoción laboral”, afirman en un comunicado.
Desde la Asociación critican “la falta de previsión, la falta de diligencia y claramente, el desconocimiento de la Administración Autonómica, del trabajo que hacemos los docentes de Formación para el Empleo, con el dinero público, que esta administración ejecuta en todos los programas formativos que subvenciona”, afirman.
En el caso de Andalucía, la respuesta desde el gobierno autonómico de la Junta de Andalucía, presidido por Juanma Moreno, tal como afirman los miembros de AFOREN en nuestra comunidad fue que “al no ser cuerpo docente, serán vacunados por franjas de edad cuando les toque”. No obstante, desde el grupo parlamentario del PSOE en el Parlamento de Andalucía, se han elevado dos preguntas al respecto a la Mesa del Parlamento el pasado 7 de abril, concretamente a la consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y que están a la espera de ser respondidas en las próximas semanas.
Es el caso de Enmanuel Troncoso, docente para la FPE, gaditano de nacimiento de 37 años y que se enfrenta a diario a 16 alumnos, jóvenes y adultos en situación de riesgo exclusión social, inmigrantes, desempleados de larga duración e, incluso muchos de ellos, chicos y chicas que llegan semana a semana en pateras a las costas de Canarias. Él imparte cursos de cocina, charcutería, pescadería, frutería o carnicería en las islas. Enmanuel afirma que» a día de hoy, no entramos en los planes del gobierno para vacunarnos. No tenemos información ninguna, pero, sin embargo, sí han vacunado al resto de docentes de la educación reglada. Vemos estos una auténtica injusticia”, y añade que “necesitamos sentirnos protegidos y proteger a nuestros alumnos, algunos de los cuales llegan muy débiles de salud”.
Los Certificados de Profesionalidad que se consiguen con estos cursos de FPE son acciones formativas reguladas mediante Real Decreto, que establecen tanto los contenidos como las Unidades de Competencia que adquiere el alumnado al finalizar su formación. En la actualidad según el Catálogo Nacional de Cualificaciones de FP (INCUAL), los docentes imparten 26 familias profesionales, con 676 Certificados de profesionalidad, de los niveles 1, 2 y 3 con un total de 2252 Unidades de Competencias que se adquieren con esta formación.
Otras reivindicaciones
Al hilo de esta justa reivindicación, desde AFOREN han aprovechado la ocasión para recordar numerosas demandas de este gran colectivo a nivel nacional que se encuentran olvidadas por completo. A modo de lista, estas son las peticiones que desde dicha asociación piden al Ministerio de Educación que dirige la socialista Isabel Celáa:
-Tener en cuenta la trayectoria profesional a la hora de establecer los requisitos de acceso a la impartición de la Formación para el Empleo, siendo imprescindible la experiencia laboral previa en la familia profesional que se imparta.
- Unificar todas las bolsas o registros de docentes de Formación para el Empleo de las diferentes Comunidades Autónomas y crear una base de datos de carácter nacional, donde cualquier docente que reúna los requisitos exigidos pueda impartir las acciones formativas que tenga acreditadas, eliminando así la limitación geográfica.
- Abrir dichas bolsas nacionales para que los centros colaboradores puedan buscar docentes en cualquier provincia española.
- Que la Secretaría de Estado de Formación Profesional marque un precio por hora impartida por niveles profesionales y que ningún centro colaborador podrá modificar a la baja.
- Eliminar la posibilidad de que un centro colaborador aplique el precio/hora tenga según el número de alumnos.
- La aplicación efectiva del Estatuto de los Trabajadores al terminar la relación laboral y cobrar las liquidaciones y como cualquier trabajador por cuenta ajena.
-Subir en un un 25%, el precio por hora de formación para cubrir todas las carencias históricas que reclaman desde AFOREN para los docentes.
-Reconocimiento de la experiencia y formación de cara a las oposiciones a docencia en la Educación Reglada. Al hilo de esto, realizar convocatorias promovidas por la administración pública de carácter bianual, beneficiosa tanto para los centros, los docentes o los alumnos.
-En el momento en el que los centros de formación no dependan económicamente de cada alumno/a que finalice, el problema de la penalización en los pagos desaparecerá. También ayudará para hacer una selección más objetiva y destinada a homogeneizar los grupos formativos.