Los docentes podrían ser testados antes de una posible vuelta a las aulas en junio

El plan de vuelta a las aulas para este curso escolar sigue sin estar claro. En primer lugar, la prolongación o no del estado de alarma que continúa en el aire -si bien fuentes consultadas por este medio prevén una abstención in extremis del PP a última hora- puede trastocar las fases de desescalada propuestas por el gobierno central.

Ante un escenario de estado de alarma prolongado quince días más, en la fase I se deja claro que los centros “abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar”. Esto coincidiría con el 11 de mayo. Sin embargo, tal como han anunciado desde la consejería de Educación, estos plazos administrativos, finalmente se retrasan hasta el día 18 de mayo para poder compatibilizar, en la medida de lo posible, la tramitación telemática con la apertura de los centros para labores administrativas, una vez establecidas las condiciones para ello.

No obstante, si el estado de alarma no se prolongara, el consejero Aguirre, preguntado hoy en rueda de prensa por este medio, indicó que tanto él como el resto del gobierno de Andalucía estarían planificando un nuevo escenario “y tuviéramos que asumir las competencias”. Aguirre añadió que su departamento, “como no puede ser de otra forma, está ayudando a las demás en la toma de decisiones o en los protocolos que se piensan poner en marcha”, dándole a todas “la información oportuna”.

El principal escollo y motivo de debate entre la comunidad educativa es la fase 2, en la que el gobierno de la nación indica cinco supuestos de vuelta a la “nueva normalidad”:

■ Una “apertura de infantil hasta 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización. Siempre con limitación de aforo”.

■ La segunda, de carácter voluntario para alumnos de cursos terminales (4º de ESO, 2º de Bachillerato y el segundo curso de la Formación Profesional) en grupos al 50% y de forma o bien alterna o bien en semigrupos paralelos.

■ La apertura de centros de Educación Especial, y la asistencia de los alumnos tendrá carácter voluntario.

■ Para la realización de la EBAU (antigua Selectividad).

■ Y un cuarto supuesto que deja un mar de interrogantes a padres, alumnos y profesores en la que se insta a que los centros educativos prepararán programas de refuerzo educativo a desarrollar en el centro para los alumnos no mencionados anteriormente.

Esta fase coincidiría con el 26 de mayo según el cronograma del gobierno central, pero podría retrasarse una semana tras ser pospuesta la fase I en los centros escolares de Andalucía, por lo que una posible eventual vuelta a las aulas iría hasta el 1 de junio.

El consejero Aguirre dejó la puerta abierta a que, ante este posible panorama, a todo el personal docente, en su vuelta a las aulas, se le pudieran realizar “test rápidos”, afirmando que “como a todos los colectivos, cuando llegue su momento de incorporación, creemos que tendremos perfecta disponibilidad para testarlos sin ningún problema”.

En la reunión que tanto el consejero de Educación, Javier Imbroda, como la viceconsejera del ramo, María del Carmen Castillo mantuvieron ayer lunes con representantes de todos los sectores de la educación andaluza, dejaron claro que comparten con la comunidad educativa “el mar de dudas e incertidumbres” ante estas fases. De hecho, según indicó el sindicato USO, se comprometen a su estudio “y no hacerlo si no es con las garantías sanitarias, y en su caso pediátricas, que aseguren no correr más riesgos de los estrictamente necesarios”, afirman.

La propia viceconsejera reconoció que la competencia sobre los centros educativos “es de Andalucía y por tanto estudiarán todos los márgenes posibles que tienen para la adaptación de las distintas fases”, añaden desde la central sindical.

En otro orden de cosas, el BOE publicó el pasado jueves una orden en la que se modifica las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, la conocida como EBAU, antigua Selectividad.

A falta aún de que Andalucía indique sus directrices regionales, el gobierno marca que en cada prueba, el alumnado dispondrá de una única propuesta de examen con varias preguntas, a su elección. El número de preguntas estará determinado previamente por el órgano competente en cada Comunidad. El citado número de preguntas se habrá fijado de forma que permita a todos los alumnos alcanzar la máxima puntuación en la prueba, con independencia de las circunstancias en las que este pudiera haber tenido acceso a la enseñanza y el aprendizaje durante la suspensión de la actividad lectiva presencial.

Asimismo, en cuanto a contenidos, las pruebas deberán contar con, al menos, “un elemento curricular de cada uno de los bloques, o agrupaciones de estos, que figuran en la matriz de especificaciones de la materia correspondiente”. De hecho, el 70% de la calificación de cada prueba deberá obtenerse a través de la evaluación de estándares de aprendizaje seleccionados considerados como esenciales. Las Administraciones educativas podrán completar el 30% restante de la calificación a través de la evaluación de estándares de los establecidos en el anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.