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Foto de familia del equipo de Gobierno andaluz. / El Correo
El Gobierno andaluz ha hecho públicas a través de su página web, pero al margen del Portal de la Transparencia, las declaraciones del IRPF correspondiente a 2014 de los consejeros del nuevo Ejecutivo socialista y de todos sus cónyuges. Esta documentación ha revelado una realidad en los ingresos de algunos miembros de la Junta que chirría con el discurso de la presidenta Susana Díaz sobre la austeridad en los sueldos de los altos cargos, limitados por ley desde que arrancó la crisis: seis consejeros del actual gabinete que ya formaban parte del Gobierno en 2014 declararon ese año unos ingresos muy superiores al salario que establece la ley para un consejero andaluz (62.800,44 euros). Se trata del vicepresidente y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios (79.680 euros); el consejero de Salud, Aquilino Alonso (80.555 euros); la de Igualdad, María José Sánchez Rubio (74.696 euros), la de Hacienda, María Jesús Montero (67.188) y por encima de todos, el titular de Empleo, José Sánchez Maldonado, que ingresó 91.054 euros; el de Justicia, Emilio de Llera, con 85.196.
La diferencia de estos ingresos con los sueldos establecidos para los miembros del Consejo de Gobierno es notable. La presidenta cobrará 63.808 euros anuales en 2015, un consejero debe percibir 62.800,44 euros y un viceconsejero 59.564,02 euros. La razón del desfase es distinta para cada caso: Jiménez Barrios suma a su sueldo una indemnización que la Junta le paga para costearse una vivienda en Sevilla, una dieta que perciben los consejeros de otras provincias (él es natural de Cádiz), como Sánchez Rubio y Aquilino Alonso, de Granada (este último también suma pluses por antigüedad en la Administración sanitaria). Estas dietas se hacen llamar «retribuciones en especie» y están reguladas por ley. Sánchez Maldonado, que tiene los segundos ingresos más altos del gabinete, suma a su sueldo unos complementos que provienen de su época anterior como profesor de la Universidad de Málaga. Eran unos pluses correspondientes a 2013 y 2014 que en su día no reclamó, y que le ingresaron de una vez en el ejercicio del año pasado. De ahí los 30.000 euros de más aparte de su sueldo (pagó a Hacienda 4.072 euros). En el caso del consejero de Justicia, sigue cobrando su salario anterior, como fiscal durante más de 30 años, con todos sus trienios por antigüedad: 85.196 euros. La ley del Presupuesto de Andalucía, de 1997, establece que un cargo público que accede a un puesto directivo de la Administración «no podrá percibir retribuciones inferiores a las que pudieran corresponderle en el puesto de trabajo que desempeñaba en la Administración de origen». Al entrar en la Junta, De Llera hubiese visto caer considerablemente sus ingresos, de no ser porque la ley le garantiza un complemento que cubra la diferencia entre su sueldo de consejero y el de fiscal. En este caso, el Estado dejaría de pagarle y sería la Junta quien asuma sus retribuciones.
La situación para los nuevos consejeros que entran en el Gobierno es, en teoría, justo la contraria. Algunos de ellos cobrarán mucho menos de lo que ingresaban en sus trabajos, porque provenían de otras profesiones donde las retribuciones son mucho más altas. La diferencia más notable se advierte en la renta de la nueva consejera de Educación, Adelaida de la Calle, que antes era rectora de la Universidad de Málaga. En 2014 tuvo unos ingresos brutos de 96.607 euros (32.000 euros más que la presidenta) y Hacienda le devolvió 1.481 euros. De la Calle es el miembro del Gobierno con unos ingresos más altos, aunque al convertirse en consejera sus emolumentos aparentemente bajarán un 65%. Hacienda le devolvió 346 euros.
En el extremo opuesto de la tabla, la consejera con ingresos más bajos es la titular de Cultura, Rosa Aguilar, antes diputada del PSOE en el Congreso. Sus ingresos en 2014 fueron de 54.449 euros, y Hacienda le devolvió ese año la cuantía más elevada de todas: 6.451 euros. En 2014, la declaración de la renta le salió a devolver a diez miembros del Ejecutivo (todos declaran una vivienda al 50% con sus parejas o al 100%, sustentada en un préstamo hipotecario). No hay ni uno solo que ingrese menos que sus cónyuges.
Ocho de los 13 consejeros de la Junta tienen unos ingresos superiores a la presidenta.
Le sigue el nuevo consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, antes rector de la Hispalense (84.158 euros; pagó a Hacienda 183 euros); la titular de Hacienda, María Jesús Montero (67.188 euros; le devuelven 1.254 euros) y la viceconsejera de Presidencia, María Felicidad Montero Pleite (67.373 euros). En la franja de los 60.000 euros, por debajo del salario de Susana Díaz, están los consejeros de Agricultura, Carmen Ortiz (61.626 euros); el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez (60.420 euros); el consejero de Vivienda, Felipe López (59.853 euros); el de Turismo, Javier Fernández (55.753 euros); y el de Medio Ambiente, José Fiscal (55.909 euros).
El Portal andaluz de la Transparencia empezó a funcionar el 30 de junio, poniendo a disposición del ciudadano una montaña de datos relativos a altos cargos de la Junta, contrataciones, subvenciones, relación de puestos de trabajo, sueldos públicos, la agenda diaria de los políticos... Antes de que se habilitara este servicio, Díaz se adelantó e hizo pública su declaración y la de su marido, igual que había hecho en ejercicios anteriores. Un mes y medio después de su puesta en funcionamiento, el Portal no recogía ayer la última declaración del IRPF de los consejeros. Fuentes de Presidencia alegan «motivos técnicos y falta de personal» y avanzan que estarán disponibles en el portal el lunes.