Los interventores de la Junta denuncian el “descontrol” de fondos de formación

Hay un hilo rojo que une las irregularidades en las ayudas para los cursos de formación y el fraude de los ERE. Un hilo que atraganta el cuello de la Adminitración andaluza, y que se evidenció este lunes en el duro alegato de los interventores provinciales de la Junta contra la Consejería de Empleo y el «descontrol» de los fondos públicos para formación de parados. Si uno cerraba los ojos, no sabía si los encargados de fiscalizar el uso de las ayudas bajo sospecha estaban denunciando los agujeros del fondo de formación o el de los ERE.

La segunda ronda de comparecencias en la comisión parlamentaria que investiga el fraude de ayudas para cursos de formación a parados entre 2002 y la actualidad fue un aldabonazo para la Junta. Todos los interventores dejan entrever que se daban las condiciones para un fraude, por la falta de personal y recursos para trabajar, y denunciaron que la Consejería de Empleo no fue diligente ni al concederlas ni al controlar que los beneficiarios usaran el dinero para lo que estaba previsto. Los responsalbes directos de las irregularidades que pudieron degenerar en delito serían los directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo. Así lo aseguró ayer Antonio Escudero, interventor de Córdoba, y Miguel Gutiérrez, de Granada, reafirmándose en las declaraciones de sus compañeros de Almería y Cádiz, el viernes.

En su día, ambos interventores elevaron informes de actuación a sus superiores advirtiendo de irregularidades en expedientes de ayudas a la reinserción laboral. Pero éstas podían ser «subsanables» en el proceso de justificación o, en última instancia, podía recuperarse el dinero sin justificar vía solicitud de reintegro. Pese a la persistencia de PP, Podemos e IU, que preguntaron insistentemente si hubo menoscabo de fondos, Escudero y Gutiérrez evitaron asumir como propia esa conclusión. Pero tampoco lo descartaron. El interventor de Granada fue más allá al denunciar que sí «ve razonable la posibilidad de que hubiera un menoscabo de fondos». Gutiérrez advirtió de que los informes de auditoría (la fiscalización previa del SAE) parecían hechos ex profeso para la empresa que optaba a las ayudas. «Los beneficiarios prácticamente no cumplen con las obligaciones que impone la norma, y la Administración actúa mal porque no exige que se cumpla. Ni unos ni otros pueden irse de rositas en esta historia», dijo.

Viendo la reacción de sus interrogadores, Gutiérrez matizó: «De mi boca no ha salido que haya menoscabo, no lo digo rotundamente, pero tengo dudas. Lo más probable es que no lo hubiera, pero por prudencia, solicité a la Intervención General de la Junta un informe de actuación» que alertaba de esa posibilidad. El interventor de Córdoba tampoco suscribió el fraude, pero lo dio a entender: «Puede que haya menoscabo de fondos en unos años, pero porque han prescrito la solicitud de reintegro» de ayudas sospechosas.

Escudero denunció que los expedientes de formación entre 2002 y 2008 han prescrito, lo que impedirá a la Junta recuperar los fondos utilizados de forma irregular por la vía de la solicitud de reintegro, en cuyo caso sí se habría consumado el fraude. «¿De 2008 para atrás no se van a recuperar las ayudas sin justificar?», le preguntaron. «Estamos en 2016», ironizó Escudero. La prescripción empieza a computar a los tres meses, desde la finalización del plazo de justificación. A partir de ahí son cuatro años –cinco para fondos europeos– «por tanto ya habría prescrito el derecho a pedir reintegro». La Junta ha revisado 8.000 expediente de ayudas y solicitado el reintegro de 72 millones en ayudas sin justificar.

La comisión de investigación, creada a petición de PP y C’s, arrancó el 20 de octubre. Trata de dilucidar si hubo responsabilidades políticas en las irregularidades en la concesión de ayudas para cursos de formación entre 2002 y la actualidad. En ese tiempo, la Junta distribuyó 3.015 millones entre sindicatos y empresas para organizar cursos de formación a parados. Algunas de esas ayudas, según destapó la investigación policial, tuvieron un uso indebido, en algunos casos, las empresas maquillaron su funcionamiento (falsos alumnos y falsos profesores) para lograr dinero.