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Imagen del desahucio de un anciano en la calle Macasta de Sevilla, el pasado mes de octubre. / José Luis Montero
El Gobierno andaluz firmó este martes un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que busca paliar un problema social, el de los desahucios, que se agrava cuando existe falta de coordinación entre las instituciones que tienen que ponerle solución. En este caso, el problema es que cuando los jueces ordenan una ejecución hipotecaria, esto es, cuando autorizan el desalojo de una familia por impagos continuados, los magistrados desconocen si esa familia se encuentra en riesgo de exclusión social. Si se da el caso –y se da muy frecuentemente– la Junta desconoce la situación hasta que la ejecución ya ha sido dictada por el juez y, por tanto, las vías de solución para los afectados se acortan.
El convenio suscrito hoy, al que también se adhiere la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), permitirá a los jueces y a los servicios sociales tanto de la Junta como de los ayuntamientos «compartir sus bases de datos», de manera que los magistrados podrán detectar un caso de familia en riesgo de exclusión antes de ordenar su desahucio, lo cual le permitirá dar traslado de la situación a los servicios sociales para que la Junta interceda, pudiendo incluso suspender la medida antes de que se ejecute, «de conformidad con las leyes procesales». El órgano judicial también podrá comunicar las situaciones de riesgo que detecte a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda. Para ello, el departamento de Justicia incluirá la información de los servicios sociales en el portal web Adriano, donde los jueces podrán encontrar los datos de contacto del personal de servicios sociales a quien dirigirse antes de la fecha prevista de un desalojo ordenado. En situaciones especiales, en caso de que el desahucio sea irreversible, se informará a asuntos sociales de la fecha de ejecución del lanzamiento y de la dirección de la vivienda.
El acuerdo entra en vigor este miércoles y tendrá un año de vigencia. El órgano de los jueces está suscribiendo el mismo convenio con todas las administraciones autonómicas y municipales del país, tras constatar que el número de desahucios en España no ha disminuido durante la crisis, pese a las medidas legales y sociales puestas en marcha por los distintos gobiernos regionales. En el primer semestre de 2015, último periodo con datos en las estadísticas del CGPJ, se produjeron 17.414 ejecuciones hipotecarias en España, siendo Andalucía la región con la cifra más elevada (4.222, el 24,2% del total), seguida de Valencia, Cataluña y Madrid. Aun así supuso un 18% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Al compartir bases de datos, los servicios sociales autonómicos y municipales tendrán un acceso rápido a la información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a las ejecuciones hipotecarias o desahucios. El convenio contempla un protocolo de actuación que, en caso de desalojos, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias, para que los afectados puedan acudiar a su entidad acreedora y proponerle las alegaciones oportunas. En el caso de los desahucios, la primera medida sería facilitar el acceso a programas de servicios sociales. La Consejería de Justicia informará también a los deudores de la posibilidad de solicitar la designación de oficio de abogados y procuradores, haciéndose saber que el letrado de la Administración de Justicia puede decretar la suspensión del desalojo de una familia hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o denegación del derecho a la justicia gratuita.
Desde 2012, la Junta ha atendido a cerca de 10.000 personas afectadas por desahucios, siendo Andalucía la comunidad que más desalojos ha paralizado en el parque público de viviendas propiedad de la Administración autonómica (también es la región donde más desahucios se producen por población).
POSIBILIDAD DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE OFICIO
Desde la Consejería de Justicia e Interior se informará a los deudores de la posibilidad de solicitar la designación de oficio de abogados y procuradores, haciéndole saber que el letrado de la Administración de Justicia puede decretar la suspensión del procedimiento hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o denegación del derecho a la justicia gratuita.
Por su parte, el CGPJ se compromete a las medidas oportunas para que los folletos informativos y formularios normalizados sean conocidos por los profesionales de la Administración de Justicia, a organizar actividades formativas y de divulgación del convenio, a fomentar la colaboración con abogados y procuradores en esta materia, y a adoptar las medidas para que las entidades locales y la Consejería de Fomento y Vivienda accedan a datos personales sobre ejecuciones hipotecarias o desahucios en casos de riesgo de exclusión social.
Finalmente, la FAMP acuerda promover la adhesión al convenio de las entidades locales, facilitar al CGPJ toda la información sobre servicios sociales municipales y a promover entre sus asociados respuestas ágiles a las solicitudes remitidas por los juzgados.
CERCA DE 10.000 ANDALUCES ATENDIDOS DESDE 2012
Con carácter general, Vázquez ha destacado que la Junta ha atendido desde 2012 a cerca de 10.000 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias, siendo Andalucía la única comunidad autónoma que ha paralizado desahucios en el parque público de viviendas propiedad de la administración autonómica para evitar situaciones de exclusión social.
El portavoz ha subrayado que Andalucía cuenta «con la legislación más avanzada de España para garantizar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna», ya que fue «fue pionera en 2013 con la Ley de Función Social de la Vivienda. En este sentido, ha lamentado que la Junta no haya podido realizar una «acción más contundente» en esta materia por los «palos en las ruedas puestos por el Gobierno del PP» con su recurso contra esta norma ante el Tribunal Constitucional (TC).
También ha indicado que la Junta sumará a estas iniciativas el anteproyecto de Ley de Retracto, que permitirá a la Junta ejercer el derecho de compra preferente de las viviendas afectadas por un desahucio, con lo que se facilita la permanencia en su hogar de las familias afectadas. Y la Ley de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre Viviendas, que crea nuevos instrumentos de arbitraje y protección para evitar graves situaciones de emergencia social.
Entre otras medidas, esta nueva ley creará el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, que ofrecerá a los ciudadanos información y asesoramiento relacionado con el derecho a una vivienda digna. Por su parte, el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, dotado con 700 millones de euros, facilitará el alquiler de 78.000 viviendas a un precio asequible y prevé la rehabilitación de cerca de 63.000 viviendas públicas y privadas.
PLAN DE ACCION INTEGRAL ANTIDESAHUCIOS
Junto a ello, el Gobierno andaluz va a dar «un paso más» en este ámbito y trabaja ya en un Plan de Acción Integral contra desahucios y ejecuciones presupuestarias, que abordará este problema desde una perspectiva integral, colaborando con las familias desde el primer riesgo real hasta ofrecer una respuesta si llega a producirse el alzamiento de la vivienda.
En la lucha contra los desahucios, la Junta ha destacado el incremento de recursos económicos destinados a ayudar al pago del alquiler a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio o ejecución, ampliando esta partida hasta los 3,8 millones, que cuenta ya con 243 expedientes resueltos. La línea de ayudas a personas en situación de especial vulnerabilidad cuenta con un presupuesto de 4,3 millones y ha dado cobertura a 2.463 familias, mientras que la dirigida a personas con ingresos limitados, dotada con 15,8 millones, prevé atender a 7.745 familias.
La Junta ha puesto en marcha, igualmente, medidas de ayuda a los inquilinos residentes en el parque público que, como consecuencia de la crisis, han visto mermados sus ingresos, con la tramitación de más de 600 expedientes de rebaja de la renta y aplazamiento de pago. Además, estas medidas se verán potenciadas en el nuevo Plan Andaluz de la Vivienda que se aprobará próximamente y tendrá entre sus prioridades evitar que cualquier ciudadano pueda perder su casa.
Por su parte desde la Consejería de Igualdad se desarrollan actuaciones el marco del Programa de Solidaridad de los Andaluces para erradicar la marginación y la desigualdad, para atender las necesidades de subsistencia de familias con ingresos mensuales por debajo del Ingreso Mínimo de Solidaridad, equivalente al 62% del Salario Mínimo interprofesional (SMI) incrementado en un 8% por cada miembro computable de la unidad familiar distinto del beneficiario, con un máximo del 100% del SMI.
También se incluyen dentro de las actuaciones de la Consejería de Igualdad las ayudas económicas familiares para la lucha contra la pobreza infantil, una medida destinada a atender a las familias con menores y en situación de riesgo al estar amenazados por un desahucio motivado por el impago en caso de alquiler de la vivienda familiar. A través de estas medidas se proporcionan ayudas para alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, adquisición de mobiliario y enseres básicos.