Los letrados del Parlamento no ven delito en el plantón de Báñez a la comisión

El informe jurídico solicitado por la Cámara descarta elevar el caso a la Fiscalía y concluye, igual que hizo el Consejo de Estado, que la ministra no tiene la obligación de dar cuentas a un Parlamento autonómico

24 may 2016 / 20:37 h - Actualizado: 24 may 2016 / 20:41 h.
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  • La ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñe. / EFE
    La ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñe. / EFE

Los servicios jurídicos del Parlamento han emitido un informe en el que descartan que la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, cometiera un delito al dar plantón a la comisión de investigación de los cursos de formación, y concluyen que “no procede instar a la intervención de la Fiscalía”, como había planteado la comisión y varios grupos parlamentarios. A raíz del informe, la Mesa de la Cámara ha desechado acudir al Ministerio Público, pero sí emitirá un reproche público en forma de carta que le será remitida a la ministra. Esta decisión ha contado con el voto de todos los grupos, excepto PP, que ha votado en contra, e IU, que se ha abstenido.

El informe, al que ha tenido acceso esta redacción, fue solicitado tanto por la comisión como por la Mesa del Parlamento, y preguntaba a los letrados sobre posibles repercusiones legales por la incomparecencia de Báñez y por la actitud del exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, que hace unas semanas abandonó la sesión de la comisión sin responder ni escuchar las preguntas de los diputados. En ambos casos los letrados descartan elevar el asunto a la Fiscalía. «No existe base suficiente para entender que Báñez pudiera haber incidido en un tipo delictivo alguno del vigente Código Penal como consecuencia de su incomparecencia», reza el informe. Esto no ha evitado que el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), reprochara ayer a la ministra su “deslealtad institucional”, y que Podemos confirmara que seguirá adelante con la denuncia registrada contra Báñez en el Tribunal Supremo por considerar que su incomparecencia sí constituía un delito.

La ministra justificó su ausencia con un informe del Consejo de Estado, que declaraba incompetente al Parlamento autonómico para cursar un requerimiento a un miembro del Gobierno central. El resto de grupos le afeó su decisión, porque dicho informe no era vinculante, y porque lo hizo público 24 horas antes de su citación, pese a que lo conocía desde hacía un mes. Sin embargo, el informe de los letrados del Parlamento andaluz incide en la misma tesis que el emitido por el Consejo de Estado. La ministra, dice el informe, “fue convocada literalmente como “Fátima Báñez García. Ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones”, es decir, en su condición de tal, sin proporcionar mayor motivación. Como es obvio, una citación en esa forma, (las palabras son esenciales en derecho), viene a implicar una capacidad de control político sobre los miembros del Gobierno del Estado de la que carecen las asambleas legislativas de comunidades autónomas. En derecho penal todo depende de los matices, que en este caso no posibilitan acudir al ministerio fiscal”.

El informe jurídico compara la citación de Báñez con la de los exministros Eduardo Zaplana y Javier Arenas, cuyo requerimiento de información no se formuló a modo de obligación de comparecer ante la comisión de investigación de los ERE, y estos lo hicieron voluntariamente.

Respecto al plantón de Rivas, el informe ve su actitud “desconsiderada”, pero subraya que “carece de trascendencia penal”.


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