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La sociedad cada vez toma más conciencia para luchar contra el acoso escolar. / El Correo
El acoso escolar en Andalucía no es alarmante pero es necesario un plan integral que aborde este problema que tanto daño hace a un niño. Es una de las conclusiones del informe que el Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha entregado este lunes en el Parlamento andaluz.
Aunque consideró que la mayoría de los centros educativos que han analizado (públicos y concertados) presentan unos niveles de convivencia «aceptables» sí precisó que no se debe «caer en el error de minimizar la importancia de un problema que es muy real para bastantes centros docentes y alumnos», por lo que «relativizar el problema es el error más grave». «Ningún niño o adolescente puede ser maltratado por sus compañeros sin merecer la justa respuesta de protección y tutela», especificó el defensor.
Sí quiso dejar claro que aunque la conflictividad en la escuela ha existido siempre la diferencia actual estriba en que ahora este tipo de conductas «ni se aceptan ni se justifican», por lo que está creciendo «una conciencia social que valora la violencia y el acoso escolar como formas de maltrato entre iguales». Y de forma paralela, refleja el informe, «demanda a los poderes públicos soluciones que garanticen una adecuada convivencia en las aulas compatible con los principios y valores en los que se fundación la educación».
Sí dejó claro que tras la elaboración de este informe ha podido comprobar la «escasa efectividad» de las respuestas que se ofrece a «nuevas realidades como el ciberacoso, la violencia de género en las aulas o el incremento de los casos a edades cada vez más tempranas». Y además, denunció que no ha podido conocer «la incidencia real de la violencia entre iguales porque la administración educativa no cuenta con un sistema apropiado de recogida de datos», lamentó.
Por este motivo, Maeztu explica en su informe que a día de hoy desconoce cuántos menores está sufriendo de forma silente la violencia ya sea por miedo a las posibles represalias de los acosadores o bien porque no saben realmente que están realmente sufriendo un caso de maltrato. También argumentó que algunos colegios «son reticentes en comunicar oficialmente» los supuestos casos de acoso porque podría supone un desprestigio para el centro. «La pasividad, en cuanto no desidia, de algunos centros educativos en reconocer la gravedad del maltrato constituyen uno de los principales motivos de queja de las familias», criticó Maeztu sin olvidar que recordar que también «es muy difícil» conocer los casos de acoso escolar que terminan en la jurisdicción penal de menores debido a la inexistencia de un tipo delictivo específico y al hecho de que «la aplicación informática de la Fiscalía no permite registrar los asuntos como acoso escolar».
Conclusiones
Entre las conclusiones de este amplio estudio, el informe presentado por el Defensor del Menor especifica que la violencia «no es un fenómeno sólo educativo» y que el acoso escolar «no es una moda pasajera». Por ello, le preocupa que la administración «no haya sido capaz de contar los casos de acoso o ciberacoso, y también los de violencia de género» y que no se haya dotado a los centros escolares «de los recursos necesarios para la puesta en práctica de todas las medidas del protocolo».
El informe también especifica que una vez detectado el caso la siguiente actuación debe ir encaminada a la «recuperación de la víctima» sin olvidar tampoco que hay que tener presente al agresor para «buscar las razones que motivan su comportamiento» y poner en marcha un sistema que vaya encaminado a su educación «desechando postulados basados en la criminalización» ya que detrás de su acoso puede esconderse «una situación de maltrato, abusos o un problema de salud mental», entre otros.
El informe presentado al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, especifica también que «los profesores cuestionan la escasez de herramientas y tiempo suficiente» para poner en marchas las acciones que contempla el protocolo contra el acoso escolar. Por ello, Maeztu propone un pan integral de convivencia escolar en Andalucía; la realización de estudios epidemiológicos sobre acoso y ciberacoso; promover medidas de sensibilización y formación sin olvidar la necesidad de que se implanten las necesarias medidas «medidas de coordinación» entra las administraciones educativas, sanitaria y social y se dicten directrices en desarrollo del protocolo de actuación si el caso ocurriera entre alumnos de distintos centros educativos andaluces