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El registro municipal fue en 2006. El juicio en 2010, aunque Roca y Muñoz ya estaban en prisión. Aún se subastan bienes de Roca. / Efe
Las imágenes de policías entrando en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) el 29 de marzo de 2006 y cargando cajas de documentos y ordenadores en los coches patrulla mientras otros compañeros detenían en su casa a la alcaldesa, Marisol Yagüe, y al asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca cuando volvía a la suya de pasear al perro dieron la vuelta al país. Era la primera vez que un consistorio era registrado y nada menos que en el corazón de la Costa del Sol, símbolo del lujo y la jet set a la sombra de un desorbitado crecimiento urbanístico inaugurado por un personaje mediático, Jesús Gil.
Que en Marbella la gestión urbanística era oscura se barruntaba. Los juzgados de la localidad llevaban años recibiendo denuncias de la Junta porque el Ayuntamiento daba licencias para construcciones basadas en un PGOU redactado por el Gobierno del GIL en 2000 que la administración autonómica había echado para atrás. E incluso por primera vez en democracia, el Gobierno andaluz retiró en 2005 las competencias urbanísticas a un ayuntamiento.
Pero hasta entonces no se había llegado al corazón de esa política tras la que no sólo había arbitrariedad y amiguismo sino un negocio para los responsables municipales y una ruina para las arcas públicas. Un joven juez, Miguel Ángel Torres, se propuso hacerlo cuando un funcionario municipal citado en una de las múltiples causas previas le reveló que quien de verdad movía los hilos en el Ayuntamiento era el asesor Juan Antonio Roca. Conocedor de que los tentáculos del poder municipal podían tener topos en los tribunales y las comisarías, comenzó una investigación con apenas un equipo de agentes, la secretaria y la funcionaria de su juzgado en la que tuvieron hasta la precaución de usar el número de otro expediente para no dejar rastro informático y de trabajar fuera del horario de los juzgados para evitar espías. Todo digno de una «novela de no ficción» como la que escribieron los periodistas del diario Sur Héctor Barbotta y Juan Cano, que siguieron el caso desde el principio, en La última gota. Son los únicos que han logrado entrevistar al juez Torres, hoy destinado en un juzgado de lo Penal de Granada. Les reconoció que si Gil hubiera vivido, Malaya no hubiera llegado a buen puerto (tal era su poder en Marbella) y que la corrupción no se acaba porque a ningún partido le interesa de verdad, pese que su operación abrió una era de macrocausas como Gürtel, Púnica, los ERE o los cursos de formación.
Al igual que en éstas, de la causa principal –en la que fueron juzgados 95 imputados, 46 fueron condenados y 23 se encuentran en prisión– se desgajaron decenas de piezas que aún se siguen juzgando en una Ciudad de la Justicia de Málaga que precisamente fue inaugurada con el macrojuicio de Malaya.
El actual alcalde, el socialista José Bernal, reconoce que Marbella aún sigue pagando el pufo dejado a las arcas públicas. Sólo en el presupuesto de este año hay 20 millones para pagar las deudas a la Seguridad Social de la era GIL (300 millones) y un préstamo de 100 millones que la Junta hizo a la gestora creada en el consistorio tras las detenciones de la corporación para afrontar gastos corrientes (no se adelantaron las elecciones, se celebraron en 2007 y ganó el PP con Ángeles Muñoz).
Los bienes incautados a los imputados han estado en manos de administradores judiciales para tratar de venderlos y hacer frente a sus fianzas civiles. El mayor patrimonio es el de Roca, que atesoró fincas, coches, caballos y obras de arte por valor de 75 millones que la Audiencia de Málaga acaba de poner a la venta en una web.
Salvo Roca y el exalcalde Julián Muñoz, el resto de condenados empezaron a cumplir sus penas en noviembre, cuando el Supremo ratificó la sentencia de más de 4.000 folios que dictó la Audiencia de Málaga. Sus autores, José Godino y Manuel Caballero Bonald, acaban de ser condecorados con la Medalla de la Orden de San Raimundo de Peñafort. El fiscal, Juan Carlos López Caballero, es hoy el fiscal jefe Anticorrupción de Málaga. En cuanto al equipo policial que trabajó con Torres, se desmanteló en 2007 y cada uno está en un destino. Recibieron la cruz blanca al mérito policial.
Hay tres imputados en busca y captura: el exedil andalucista Carlos Fernández, el empresario Carlos Llorca (desaparecidos desde el inicio) y el también empresario Juan Hoffman, que se fugó tras confirmar el Supremo su pena.