María Núñez Bolaños, la sombra de Alaya es alargada

La jueza ha sido duramente criticada tras archivar la pieza política del fraude en la formación y ha sido recusada por el PP

25 dic 2016 / 18:34 h - Actualizado: 26 dic 2016 / 08:00 h.
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El auto judicial que ha tambaleado los cimientos del Gobierno socialista –el procesamiento de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán no lleva su firma sino la de su colega de refuerzo Álvaro Martín. Pero la titular del juzgado sevillano más famoso que instruye las grandes macrocausas de presunta corrupción en la Junta, María Núñez Bolaños, ha seguido protagonizando noticias. Si su colega ha terminado tras cinco años la instrucción de la pieza política del presunto fraude de los ERE enviando a juicio a 26 imputados que durante dos décadas han ocupado los más altos cargos del Gobierno andaluz, la jueza Núñez ha hecho todo lo contrario al no ver indicios de delito en la gestión de otras ayudas públicas, las destinadas a la formación para desempleados, y archivar la causa que investiga a responsables políticos.

Núñez Bolaños no atrae a las cámaras cada vez que entra y sale de los juzgados del Prado como su antecesora Mercedes Alaya, a la que sustituyó en junio de 2015 tras la marcha de aquella a la Audiencia Provincial de Sevilla. No hace esperar a los investigados horas y horas en los pasillos para interrogarles —interrogatorios bastante más cortos que los de Alaya en los que preguntan más las partes que ella misma–. Su trato con funcionarios, abogados y periodistas no esta cargado del distanciamiento que impuso Alaya. Pero no se ha librado de las críticas a su instrucción, a sus amistades en el ámbito político –en este caso con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, frente a la relación de Alaya con el exalcalde de Sevilla y actual ministro del Interior Juan Ignacio Zoido– y de rifirrafes con abogados personados en la causa.

El PP, que ejerce la acusación popular, llegó a elevar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una recusación que no prosperó a cuenta de su negativa a proporcionarle la grabación de las declaraciones de los investigados. Y la letrada del PP, Lourdes Fuster –que no esconde sus preferencias por la forma de llevar las causas de Alaya– ha llegado a tener enfrentamientos verbales con la magistrada en la sala durante los interrogatorios.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene una relación ambigua con la jueza. El archivo de algunas diligencias ha sido en algunos casos demasiado apresurado para el Ministerio Público y en contra de su criterio. Si bien arropó a la jueza ante la recusación pedida por el PP e incluso llegó acusar a los populares de «enmarañar» con sus recursos la instrucción del presunto fraude de las ayudas a la formación. Un caso que los juzgados están enmarcando más en el ámbito del fraude empresarial que en el político y al que Núñez ha dado carpetazo antes de que la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz para dirimir las posibles responsabilidades políticas de los sucesivos responsables de la Junta –hasta la actual presidenta Susana Díaz– emita sus conclusiones.

Sus detractores consideran que esta jueza de familia se pidió el traslado al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para librar al Gobierno socialista del empeño de Alaya por enjuiciar más de dos décadas de gestión basada, según sus tesis, en utilizar las ayudas públicas para tejer una red clientelar y desviar dinero de las arcas públicas al entorno del PSOE.

Sus defensores aplauden que mediante la división de las macrocausas en piezas y su reparto con los otros jueces destinados a reforzar el juzgado –lejos del personalismo de Alaya que rechazó toda ayuda para llevar ella sola todas las diligencias– avance en procesos que acumulan años de instrucción.

Pero la sombra de Alaya es alargada y cualquiera de sus pasos en el proceso es comparado con las actuaciones de su antecesora, que aún colean. En 2016, la apertura de juicio oral contra los expresidentes Chaves y Griñán por prevaricación y asociación ilítica y en el caso de Griñán también malversación, ha desviado el foco mediático al juez de refuerzo Álvaro Martín pero éste acaba de terminar su etapa en el Juzgado de Instrucción 6. Ahora Núñez se queda sola para determinar si el resto de piezas de los ERE y la formación siguen adelante o se van archivando progresivamente.