«Necesitamos un nuevo planteamiento económico que determine qué hacemos con el agua»

El agua forma parte de nuestro sistema de salud, como ha evidenciado la pandemia y la necesidad de extremar las medidas de higiene. Mientras las empresas privadas del agua han tratado de hacer caja aprovechándose de la situación, las empresas públicas han demostrado que el agua es un bien común que nunca debe considerarse mercancía. La fragilidad que ha demostrado el sistema español para proteger a la ciudadanía requiere una reflexión que desemboque en una normativa que blinde el agua como derecho humano. Luis Babiano, es el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS) que agrupa a las empresas públicas del agua en España.

-Numerosos gobiernos europeos, incluido el español, han prohibido la desconexión del agua durante la pandemia. ¿Cómo valora esta acción?

-Creo que ningún grupo político o social ha cuestionado el acierto del Gobierno español, así como de otros gobiernos de otros países, al acompañar las medidas para contener la pandemia del coronavirus con el denominado escudo social, que incluía la prohibición de cortes de agua. Una cuestión que sin duda merece un reconocimiento y una regulación más allá de este contexto. Deberíamos preguntarnos: ¿Qué sentido hubiera tenido insistir en la necesidad del lavado de manos con agua y jabón, para todo el mundo y en internet de todos y todas, si luego se corta el agua a quienes, estando en situación de mayor vulnerabilidad, sufren mayor riesgo de contagio?

-Ha tenido que llegar una pandemia para que se aplique el derecho humano al agua. ¿Y qué pasará cuando se venza al coronavirus?

-Bueno, hay que tener en cuenta que llevamos muchos años reclamando ese Derecho y eso ha supuesto terreno sembrado para todo lo ocurrido. En este sentido, es necesario aprovechar las lecciones que el virus nos está dejando para hacer de la necesidad virtud y garantizar por ley el acceso, cuando menos a un mínimo vital a quienes tienen dificultades de pago. Todo en cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, tanto en estos difíciles momentos como cuando consigamos superar la pandemia. Tal y como ocurre con los operadores públicos del área metropolitana de Sevilla (EMASESA), de las ciudades de Córdoba (EMACSA) y Cádiz (Aguas de Cádiz), de la localidad de Medina Sidonia (Medina Global) o de los sistemas gestionados en las provincias de Huelva y Córdoba a través de GIAHSA y EMPROACSA respectivamente, que son una expresión del cumplimiento de los derechos humanos en juego, a personas que tienen dificultades de pago, en todo momento y circunstancia, haya pandemia o no.

-Sin embargo, la patronal del agua solicitó que se cortara el agua y que se les indemnizara por los futuros “desequilibrios económicos” que la pandemia les estaba ocasionando.

-La pandemia ha dejado al desnudo muchas fragilidades, al tiempo que nos ofrece valiosas lecciones e indicadores de las prioridades de algunos. Por ejemplo, nos ha mostrado nuestra vulnerabilidad individual y colectiva frente a las epidemias, evidenciando la necesidad de fortalecer nuestro sistema público de salud. Hoy queda claro que no es aceptable dejar a nadie fuera, y no solo por razones humanitarias y de justicia, sino como condición inexorable para ser efectivos en la lucha contra futuras epidemias. El agua es parte del sistema de salud. Nuestra higiene, fundamental siempre frente a las enfermedades, está siendo crucial para luchar contra el coronavirus porque nos permite evitar en gran medida el contagio. Nunca como en este momento se ha evidenciado la importancia de un recurso que por ser de uso habitual, suele ser poco valorado y cuidado.

-Como en pandemias históricas, el agua y la higiene que logramos gracias a su disponibilidad, vuelve a ser la aliada esencial para superar la enfermedad.

-Disponer de servicios públicos de agua y saneamiento de acceso universal, por encima de cualquier otro tipo de interés comercial, debería constituir un objetivo central para fortalecer nuestro sistema de salud y, en última instancia, a nuestra sociedad. En este sentido parece claro que el Gobierno de España debería acelerar mecanismos de gobernanza que favorezcan los sistemas públicos, blindar el agua como un derecho y no como una mercancía. Es, por tanto, imprescindible una Ley de ciclo urbano del agua, como ya en algunas comunidades autónomas de ha puesto sobre la mesa.

-Sin embargo, en Andalucía eso esta aprobado y no se cumple.

-Andalucía es la única comunidad española que ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un “mínimo vital” de suministro a las personas que carecen de recursos económicos para pagarlo. Ese derecho está recogido en una disposición adicional de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, aprobada por el Parlamento andaluz en 2018. Sin embargo, el gobierno de la Junta de Andalucía aún no ha dado pasos para llevarlo a la práctica. No obstante y a pesar de ello, muchos de los operadores públicos andaluces agrupados en Aeopas han puesto en marcha esta medida con extraordinario éxito.

-¿Crees que los Fondos para superar la crisis van a crear un nuevo modelo social en el que el agua y el resto de servicios públicos no puedan ser saqueados, como hemos visto que ha sucedido en muchos casos con “lo público”?

-En esta ocasión, y frente a la crisis anterior, nadie ha puesto en duda la necesidad de asumir un incremento de la deuda pública sin precedentes para afrontar la pandemia e impulsar un Green New Deal. Pero esto significa un cambio de paradigma que, en gran medida, evidencia el fracaso de las políticas desreguladoras que permitieron el saqueo de lo público y ofrece una oportunidad para transformar la economía e invertir en transición hídrica. También existe el riesgo de que esto se convierta en un potlatch, es decir, que sean las generaciones futuras quienes paguen la factura actual. Por esta razón, hay que establecer una gobernanza de gestión de las ayudas que evite que puedan ser utilizados para “hacer hoyos y volverlos a tapar”.

-¿Es necesario invertir en infraestructuras del agua? ¿Han sido suficientes hasta ahora los fondos destinados a este recurso vital?

-La necesidad de inversión en infraestructuras de agua, sobre todo para la mejora de la eficiencia de la gestión y la calidad del agua y saneamiento es algo indiscutible y que viene reclamándose desde muchas instancias de forma reiterada desde hace bastante tiempo. En el caso de las pequeñas y medianas inversiones existe una necesidad inaplazable. En este sentido, valoramos muy positivamente las medidas aplicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para mejorar el abastecimiento y la reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios, de esa ahora llamada “España vaciada”. Creemos que este es el camino pero también queremos señalar que es un punto de inflexión que debe consolidarse y reforzarse frente a la inercia de pasado. Tenemos que tener claro que la mayoría de las inversiones en agua tendrán que salir de tarifas y/o presupuestos de las administraciones porque realmente la dotación de este fondo es totalmente insuficiente.

-Las inversiones son importantes para garantizar las infraestructuras del agua, pero también para generar un modelo donde haya participación de la ciudadanía, transparencia en la gestión y gobernanza real.

-Por supuesto. Lo que nos gustaría es que los fondos estuvieran acompañados de medidas estructurales de gobernanza. Creemos que es fundamental reforzar las capacidades financieras locales para poder garantizar, desde la necesaria autonomía municipal, una gestión solvente, transparente, eficaz y eficiente de servicios básicos como los de agua y saneamiento. Los ayuntamientos y sus empresas públicas siguen sufriendo el progresivo sacrificio de las finanzas locales desde la lógica de la mal llamada austeridad. Por esta razón, es prioritario eliminar las barreras que impiden que nuestros operadores públicos contribuyan al desarrollo económico, social, empresarial y tecnológico de nuestros pueblos y ciudades de manera aún más destacada.

-¿Por eso mantienen que el agua debe ser gestionada desde lo público y no desde el sector privado?

-Los operadores públicos tenemos un carácter inversor y velamos por la planificación y el interés general. Por eso, los beneficios obtenidos a través de los servicios de abastecimiento y saneamiento son reinvertidos en los ciudadanos, atendiendo a la efectividad a corto, medio y largo plazo de la inversión y no al incremento de beneficios. La empresa privada, por el contrario, está marcada por lo inmediato; para una empresa privada, lo que no son cuentas y beneficios son cuentos. Por eso se deberían apostar por el modelo de gestión público por coherencia política, transparencia, participación y buena gobernanza.

-Estamos en plena sequía ¿Crees que es otra evidencia más del cambio climático?

-Sin duda el elefante en la habitación es el cambio climático: nos enfrentamos a transformaciones radicales en el planeta en los próximos 30 años, no en dos siglos. Necesitamos un nuevo planteamiento económico que determine qué hacemos, entre otras cosas, con el agua.

La sequía es un fenómeno normal y recurrente del clima mediterráneo ante los que las Administraciones responsables de la gestión del agua deben estar preparadas para enfrentarse a ellas y mitigar los efectos negativos en diferentes factores socioeconómicos y ambientales.

-Si la sequía es algo previsible ¿porqué nos coge siempre sin estar preparados para afrontarla?

-A lo largo de la historia se ha venido actuando de forma muy pasiva; la única solución a la sequía era la que nos pueda caer del cielo en forma de precipitaciones. Y si no llegaban, a esperar a que lo hagan. Y así un año “hidroilógico” tras otro. Pero hoy en día no es así: las instituciones, los operadores del agua y los ciudadanos son agentes activos en la gestión del agua. Un simple dato como ejemplo: en Sevilla, el consumo de agua al día por habitante ha pasado de los 190 litros del año 1992 a 110 en la actualidad.

-Es cierto. Hay empresas públicas de agua que han apostado por hacer planes de sequía y además con el acierto de contar con la opinión de la ciudadanía, como es el caso de Aguas de Cádiz, por ejemplo.

-Es que tenemos la exigencia de adaptar nuestra gestión a la nueva sociedad, una sociedad más exigente y preparada, y que nos demanda más información y participar en la toma de decisiones. Que nos exige responsabilidades cuando las cosas no funcionan. Poco a poco se está construyendo un modelo donde el ciudadano está en el centro de la ecuación. Sin concienciación no habrá solución al problema por muchas medidas que adoptemos. En gran medida, los operadores públicos lo estamos logrado a través de fuertes campañas de sensibilización y, sobre todo, con los procesos participativos de los planes de emergencia ante situaciones de sequía (o PES). Es decir, gran parte de los operadores públicos gestionaran esta sequía adoptando medidas técnicas de gestión que ya han sido debatidas, consensuadas y defendidas por los ciudadanos.

-Pero no en todos sitios sucede así.

-Es cierto. Este avance desgraciadamente convive con la precariedad de suministro de mu-chas poblaciones rurales que, aun funcionando correctamente en situaciones de lo que denominamos falsamente como “normalidad”, precisan de inversiones inmediatas del gobierno andaluz y/o central si queremos que el próximo año hidrológico no tenga un gran impacto socioeconómico. Creemos vital que, tras años de sequía climatológica, se elaboren decretos de sequía que contemplen actuaciones de emergencia para municipios de las provincias de Córdoba, Jaén, la Sierra de Huelva, Cádiz y Sevilla.