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Cientos de familiares no saben el paradero de sus seres queridos. / Antonio Acedo
Justicia, verdad y reparación es el lema del movimiento memorialista impulsado mucho antes de que los Gobiernos central y autonómico aprobaran leyes destinadas a intentar, sobre todo reparar el sufrimiento de los represaliados del franquismo y, dado que muchos de ellos fueron asesinados o han muerto antes de ver la luz estas leyes, a sus familias. Los mismos años han transcurrido también para quienes infringieron las represalias, de ahí la dificultad de ofrecer justicia a las víctimas, unido a una Ley de Amnistía de 1977 que genera controversia y que para las asociaciones de memoria histórica supuso una injusta ley de punto final. El juez Baltasar Garzón intentó sin éxito abrir una causa penal contra los crímenes del franquismo. Hoy, la única investigación judicial abierta está en los tribunales argentinos, que examinan la ingente documentación recopilada por el movimiento memorialista y los testimonios de supervivientes, testigos y familiares, como los escuchados hace unos años por la jueza María Servini en su visita a España.
La justicia y la verdad no necesariamente exigen que alguien sea juzgado por los delitos cometidos pues han muerto pero puede hacer que expedientes con acusaciones falsas para justificar los fusilamientos sean anulados o que cientos de presos sociales encarcelados por su orientación sexual dejen de estar registrados en un archivo policial que los señala como delincuentes. Y reparar no es sólo indemnizar a quienes sufrieron el escarnio público, la cárcel o el embargo de sus bienes, sino también poder dar digna sepultura a los familiares o no tener que pasear por calles o ver monumentos que ensalzan a sus asesinos.