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El obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballos, en una imagen de archivo con Manuel Chaves. / Efe
La jueza que investiga el caso ERE ha abierto otras tres piezas para investigar las ayudas concedidas con cargo al denominado fondo de reptiles del Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz, a la Universidad de Sevilla y al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto. Unas ayudas por las que ha citado a declarar en calidad de investigado al obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballo Atienza para el 25 de abril. Ese mismo día, la magistrada tiene previsto tomar declaración a cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector General de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Una de las nuevas piezas abiertas por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 investiga la ayuda sociolaboral concedida al Centro Geriátrico del Obispo de Cádiz que ascendió a 300.000 euros. Según la magistrada «los hechos investigados podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». En un auto, Núñez indica que el entonces obispo de la ciudad dirigió el 6 de octubre de 2008 un escrito dirigido al consejero de Empleo, entonces Antonio Fernández, «solicitando su colaboración para ayudar a los trabajadores» del citado centro. Posteriormente se firmó un convenio de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a favor de estos trabajadores, destacando que «uno de los ejemplares de dicho documento obra sin firmar y en otros dos solamente la firma» del entonces director general de Trabajo Juan Márquez. El 75% del pago de esta ayuda se materializó el 11 de septiembre de 2009, fecha en la que se abonó por parte de IDEA 225.000 euros. El resto, 75.000 euros se entregó el 15 de febrero de 2010.
Según el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estos 300.000 euros fueron ingresados en las cuentas del Obispado, pasando a formar parte del «gasto corriente y sirviendo para abonar todo tipo de facturas»
La magistrada recuerda que el 16 de abril de 2012, la Dirección General de Trabajo inició «expediente de revisión de oficio» y, pese a que en un principio se propuso «declarar nula» la resolución por la que se otorgó la ayuda, finalmente en febrero de 2013 el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila «decreta el archivo de las actuaciones».
Por estos hechos, la magistrada ha citado a declarar como investigado no solo al obispo emérito, sino también a Fernández, Márquez, al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y al director de Administración y Finanzasde IDEA Antonio Diz-Lois Ruiz.
AYUDA A LA UNIVERSIDAD
La jueza también ha abierto otra pieza para investigar la ayuda de 30.000 euros «otorgada a la Universidad de Sevilla» para un máster universitario sobre gestión de entidades sin ánimo de lucro. Una ayuda que, según la instructora, fue tramitada a través de Francisco José González Domínguez, director del máster, y concedida por Guerrero. Los pagos se realizaron con Márquez al frente de la Dirección General de Trabajo. Por estos hechos, la magistrada cita el mismo día 25 de abril a Guerrero, Márquez, Barberá, Diz-Lois, al director del máster y al ex director general de IDEA Jacinto Cañete.
CITA A UN ALCALDE FALLECIDO
La tercera nueva pieza es la que hace referencia a las ayudas otorgadas al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto «para la promoción del empleo mediante la adquisición de la finca Poblado Minero del Cerro del Hierro y otra finca rústica por cuantía de 871.467,50 euros», gracias a un convenio suscrito por Guerrero y el ex alcalde de la localidad Francisco Rodríguez Galán. Tanto Guerrero como el exalcalde han sido citados para el 25 de abril para declarar como investigados, aunque la jueza ha tenido que rectificar el oficio porque Rodríguez Galán falleció el 12 de junio de 2014.