La Audiencia de Sevilla ha condenado a ocho años de cárcel y a 20 de inhabilitación al exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, por un delito continuado de malversación, y a diez años de inhabilitación por otro delito continuado de prevaricación.
La Audiencia de Sevilla ha condenado a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación especial por el delito de prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos de la Junta.
La Fiscalía Anticorrupción había pedido para ella, al igual que para el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, entre otros, diez años de inhabilitación.
Álvarez ha sido condenada por un delito de prevaricación como responsable de la elaboración y gestión de los Presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas sociolaborales -mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA, encargado de abonarlas-.
Esta partida, conocida como 31-L, sufría cada año varias modificaciones presupuestarias para aumentar la cuantía destinada al pago de estas ayudas.
Magdalena Álvarez Arza (San Fernando, Cádiz, 1952), es doctora en Ciencias Económicas, accedió por oposición al Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado, y ha sido consejera de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz, al que se incorporó como independiente, durante una década (1994-2004).
Fue también ministra de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, así como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) desde junio del 2010 hasta junio del 2014.
A este último cargo renunció casi un año después de que fuera imputada formalmente en el caso de los ERE tras ser rechazado el recurso que presentó ante la Audiencia de Sevilla.
En el auto de imputación, la juez Mercedes Alaya señaló que la exministra fue la persona que dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo "absolutamente inadecuado para su uso como subvenciones sociolaborales".
A Álvarez se le impuso una fianza civil de 29,5 millones de euros y, para cubrirla, les fueron embargados varios bienes inmuebles y cinco cuentas.
La sentencia no es firme y admite recurso ante el Tribunal Supremo.