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Europa Press
CERMI ha pedido este lunes en el Senado un protocolo específico para atender a las mujeres con discapacidad que sean víctimas de violencia de género, ya que “lamentablemente se les sigue derivando hacia servicios especializados de discapacidad, pero no de violencia contra la mujer”.
Así lo ha manifestado la vicepresidenta ejecutiva de CERMI Mujeres, Ana Peláez, en la comisión especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado.
“Las mujeres y niñas con discapacidad están expuestas a múltiples formas de violencia”, ha subrayado Peláez, quien ha reivindicado la protección de la justicia para esas mujeres y ha denunciado las limitaciones que sufren sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Peláez ha explicado que los controles de la capacidad reproductiva que se llevan a cabo sobre las mujeres con discapacidad “se dan sin su participación, sin su consentimiento, sin involucrarlas en la toma de esas decisiones”, y eso puede derivar en violencias machistas dentro del ámbito familiar: “Se evita el embarazo, pero no las violaciones o abusos”, ha apostillado.
Ha añadido que la intimidación, la manipulación, el engaño y la desinformación que sufren las mujeres con discapacidad no está reflejado en las leyes y que esto podría agravar la posibilidad de que sufran violencia de género.