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Ecoperiodismo

¿Por qué impidió la Universidad un debate sobre la minería en Andalucía?

Entrevistamos al profesor de la Universidad de Sevilla al que la Universidad de Sevilla le impidió llevar a cabo un debate que cuestionaba la minería en Andalucía dentro de su actividad docente.

Ricardo Gamaza RicardoGamaza /
30 oct 2022 / 05:40 h - Actualizado: 30 oct 2022 / 05:40 h.
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  • ¿Por qué impidió la Universidad un debate sobre la minería en Andalucía?

Félix Talego es profesor de Antropología Social en la Universidad de Sevilla y un importante investigador sobre conflictos ambientales, es decir, generados como consecuencia de la contaminación o riesgo de contaminación del medio y otras afecciones ecosistémicas de la actividad industrial.

-La pasada semana usted organizó una mesa redonda incluida en la clase que imparte de Antropología Política de la Facultad de Historia. ¿El tema parece que incomodó al Decanato de la Facultad de Geografía e Historia, porque le impidieron dar esa clase, no?

-Durante los días 18 al 20 de octubre se ha celebrado en Sevilla el Contrasalón Minero, con el lema “Todas las minas contaminan”. Lo ha organizado Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra y a él se han adherido entidades como Andalucía Viva y diecinueve plataformas de diversas comunidades del Estado y de Portugal. Se ha hecho coincidir con el Salón organizado por la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractivas, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (AMINER), patrocinado por la Junta de Andalucía, para expresar la discrepancia con la filosofía inspiradora de dicho Salón, que podría resumirse así: “más minería es siempre mejor, si bien debe hacerse con las mejores garantías disponibles”

Enterado de la celebración del Contrasalón, consideré oportuno celebrar un debate sobre los impactos sociales y ambientales de la minería en la a asignatura Antropología Política, que imparto en la Facultad de Historia de la Universidad de Sevilla. Era una ocasión especialmente propicia, pues una de las líneas docentes de la asignatura es la Ecología Política y esos días vendrían a Sevilla autores/as de los informes “Reciclaje de metales: la alternativa a la minería” y “El boom minero: patrones e impactos de la expansión minera en España”. Hice el ofrecimiento del debate a Isidoro Albarreal, responsable de minería de Ecologistas en Acción de Andalucía, que aceptó integrarlo en la programación general del Contrasalón. En coordinación con las personas organizadoras del evento, decidí quienes intervendrían en el debate y el enfoque del mismo.

-¿Usted avisó en tiempo y forma de esta mesa redonda a las autoridades de la Universidad?

-Solicité para el día 20 de octubre el traslado de la clase, que se celebra todos los jueves en horario de 11 a 13, a un aula de mayor aforo y mejor acondicionada, pues preveía asistencia de oyentes interesados en el debate no matriculados/as. Cursé la solicitud de reserva de aula el 23 de septiembre y especifiqué que mi petición era previendo la asistencia, además del alumnado, de personas interesadas en escuchar el debate. El día 26 recibí respuesta afirmativa, asignándose para la clase el aula Diego Angulo.

Pero el domingo 16 de octubre recibí un correo de la Secretaría de la Facultad, que dice: “siguiendo indicaciones de la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica..., debemos proceder a la anulación de su reserva... por no ajustarse la actividad a la solicitud enviada. A su vez, rogamos eliminen cualquier mención a las instalaciones de la Facultad de Geografía e Historia de la cartelería publicada.”

El mismo día 16 escribí un correo a la Vicedecana, señalando que debía haber un error de comunicación y que podríamos solventarlo de manera que el debate pudiera celebrarse en el aula Diego Angulo. El día 17 conversamos telefónicamente y Vicedecana y Decana insistieron en que la mesa redonda no era una actividad académica de la asignatura Antropología Política, sino una actividad extraacadémica organizada por entidades ajenas a la Facultad, y que, por tanto, mi solicitud de traslado de aula era improcedente. Adujeron también que las entidades organizadoras del Contrasalón y otras (mencionaron el Sindicato Andaluz de Trabajadoras) habían publicitado la mesa redonda y que en tal cartel no figuraba mi nombre, por lo que la actividad no era responsabilidad mía, sino de tales entidades,

-¿Pero era una actividad docente?

-Por mi parte argüí que sí era una actividad docente y que sí era pertinente en el enfoque de la asignatura, y que ningún punto de los Estatutos de la Universidad ni del reglamento de la Facultad impide a un docente, en el ejercicio de su responsabilidad pedagógica, llevar a su clase temáticas que considere adecuadas a la asignatura que imparte, y a personas que considere relevantes a tal fin; que, así mismo, los Estatutos no exigen que el docente que organice un debate en su asignatura tenga que comunicar al Decanato las entidades y personas intervinientes, ni que figurar en la publicidad del mismo para que dicho debate sea considerado actividad docente; y, por último, que nada contiene la normativa de la Universidad sobre que otras entidades se hagan eco y publiciten actividades docentes en las que intervienen ciudadanos/as no universitarias, mencionen o no al docente que las acoge en su asignatura.

Las responsables del Decanato me instaron a celebrar el debate en el aula usual donde tiene lugar la clase de Antropología Política, insistiendo en que no interferían en mi libertad de cátedra, puesto que no se oponían a que el debate fuese en esa aula (aula XXIII). Insistí en que era pequeña para la ocasión y menos adecuada para proyecciones en pantalla, como estaban previstas. Y sobre todo, les aseguré que no consideraba su decisión ajustada a la normativa a que nos debemos, los Estatutos, e insistí en que se me permitiera llevar la clase el día 20 al aula inicialmente concedida, o a otra de similares características.

No llegamos a un acuerdo, ante lo cual, en la misma conversación telefónica, les anuncié que mantenía mi propósito de celebrar la clase en el aula Diego Angulo el día 20.

-Pero llegado el día, se encontró las puertas del aula que solicitó cerradas.

-En efecto. Por eso me personé en el Decanato con la intención de hablar con la Decana o Vicedecana y buscar otra opción, como hacer el debate en una tercera aula de iguales condiciones a la Diego Angulo. Pero el Decanato estaba cerrado. Me dirigí entonces a la Secretaría e interrogué al personal si había un aula de estas características donde llevar a los/as invitadas. Tras hacer un repaso de la asignación docente para el día, me confirmaron que no había ninguna otra aula vacía. Y que sí estaba vacía, pero cerrada la Diego Angulo.

-Pero eso no le impidió mantener su intención de hacer el debate.

-Sí y fue de mi exclusiva responsabilidad celebrar el debate en el recinto universitario exterior, frente a la puerta de la Facultad, advirtiendo a las asistentes que dejaran expedita entrada y pasillos exteriores. Quise a pesar de todo celebrar la clase y quise también convertirla en una protesta contra el impedimento del Decanato, que, según mi interpretación, no se ajustaba al Estatuto.

-¿Considera que esta actuación atenta contra su libertad de cátedra?

-Considero que el Decanato se ha ceñido a una interpretación reglamentista, -y equivocada en este caso- de la normativa, perdiendo de vista o soslayando lo principal: que la Facultad en la que se imparten estudios denominados hasta no hace mucho “de humanidades” facilite ante todo la controversia de ideas, necesaria para el avance del conocimiento y las mejores bases de la investigación; que está en el fundamento de nuestros estudios enseñar el valor superior del pluralismo y ser escuela de procedimientos deliberativos, tan necesarios para la salud democrática. Ha soslayado también que los actores con visiones e intereses en las problemáticas sociales son no solo objetos, sino sujetos de nuestras investigaciones, y que bien está darles espacio en la universidad, para que también esta sea espacio de controversia, aunque, eso sí, con cuidado especial en el rigor y la solvencia intelectual, académica y/o cívica de las entidades o personas invitadas.

Al respecto, he de aclarar que las personas intervinientes en el debate objeto de la polémica eran todas doctoras y en un caso catedrática. Y que, en aras de la pluralidad de concepciones en el debate, invité a un representante de Comisiones Obreras, defensor de los efectos positivos de la minería, que declinó finalmente la invitación. Debí invitar también a un representante de AMINER, pero me abstuve, porque lo he hecho en otros dos eventos universitarios (Universidades de Sevilla e Internacional de Andalucía) en años anteriores y nunca me han respondido.

-Se podría pensar que la minería extractiva, que mueve miles de millones de euros en beneficios, es intocable... también en la Universidad.

-Es sabido que el curso pasado se instituyo en la Facultad de Derecho de esta Universidad una Cátedra AMINER, es decir, patrocinada por esta entidad cívica que, como queda dicho, defiende axiomáticamente la tesis “más minería es siempre mejor, si bien debe hacerse con las mejores garantías disponibles”. Esa Cátedra no transgrede los Estatutos y no tengo nada que objetar a su existencia en este plano. Pero con independencia de que se ajuste al derecho positivo, es mi parecer que las universidades, las públicas por supuesto, pero también las privadas, deben garantizar con especial celo que no prevalezca en su espacio ningún axioma, es decir, que no sea elevado ninguno a la condición de incuestionable. Salvando por supuesto el respecto a los derechos humanos, el rechazo a la apología de la violencia o la denigración por razones de género, etnia, nacionalidad, religión, clase u otras.

Para garantizar las universidades la pluralidad y el sano debate de concepciones del bien y de objetivos políticos, así como la aportación de conocimiento solvente a la sociedad, deben proveer fórmulas que neutralicen que las desigualdades económicas, organizativas, de mayorías (pues el pluralismo atiende más al respeto a las minorías que a la prevalencia de las mayorías) u otras, empobrezcan, interfieran o incluso perviertan el principio de pluralidad y la riqueza y rigor intelectual de los debates.

La Catedra Aminer no interfiere por sí misma estos objetivos, y estoy seguro que la persona titular de la misma es favorable a que en nuestra Universidad haya debate sobre los pros y los contras de la minería. Tampoco me cabe ninguna duda de que el Decanato de la Facultad de Historia defiende y quiere garantizar también esto, y que no hubiéramos llegado a esta discrepancia desafortunada, y superable, si el docente hubiera previsto la conveniencia de figurar en el cartel, o si hubiéramos descolgado el teléfono o tomado un café antes de encontrarnos con hechos consumados. Es una lección que aprenderemos para la próxima vez.

-¿Cree que habría que tomar medidas? ¿Cuáles?

-Creo que la normativa de la Facultad debe modificarse en el sentido de explicitar mejor el valor de la libertad de cátedra y la conveniencia de la siempre recomendable interacción sociedad civil, docencia e investigación, entendiendo la sociedad civil siempre en su mayor diversidad.

-Hablemos de lo que intentaron silénciar: la minería en Andalucía. Parece que el Gobierno andaluz da vía libre a la minería en nuestra tierra.

-Así es: máxima prioridad a la extracción minera. Lo hemos leído y escuchado estos días en diversos medios. No es nuevo este favor enfático hacia la minería como supuesto medio de mejora de la sociedad andaluza, pues ha sido también línea estratégica de los gobiernos anteriores del PSOE. Y es de notar que el conjunto del arco parlamentario andaluz mantiene similares posiciones, con reservas menores si acaso. No está presente en el Parlamento andaluz una posición crítica inequívoca que señale sin ambages los efectos sociales y ambientales de la minería, tan evidentes en nuestra tierra: en Almería, en Jaén, en la Faja Pirítica Ibérica que discurre por el subsuelo de las provincias de Sevilla y Huelva.

Apoyar la minería es una estrategia política no solo legal, sino legítima. Porque no cercena (censura) positivamente la discrepancia, que existe en la sociedad civil, y que se materializa, entre otros ámbitos, en las plataformas y coordinadoras que se oponen a proyectos mineros o demandan atención hacia los efectos de la actividad, que permanece muchos años después de cerradas las minas, y que a menudo ha dejado en el territorio escombreras y depósitos con residuos altamente tóxicos que podrían colapsar un día, por seísmos, por erosión, por desgaste de materiales...

Pero es el caso que los argumentos favorables a la minería están bien presentes en los medios de información públicos y en la prensa, dados los importantes recursos institucionales del gobierno andaluz y los poderosos recursos económicos de las corporaciones mineras. En esto vemos una merma del pluralismo, que el gobierno debiera corregir, pues nos representa a todos, también a las minorías. Y es una rémora de los medios de comunicación, dado el excesivo influjo que el dinero, vía publicidad, o participaciones accionariales, etc, tiene en el sostenimientode las empresas periodísticas. Todas las partes debemos, deberíamos esforzarnos en corregir estas derivas. Y, por supuesto, debemos evitarlas muy especialmente en las universidades.

-¿Qué consecuencias tiene para la población que se desarrollen grandes proyectos mineros en Andalucía?

-Alguna vez me dijo esto un empleado en una mina: “en la mina está el pan de mis hijos”. La frase, en apariencia sencilla y obvia, encierra una concepción, no ya de la minería, sino del mundo. Es la teoría hegemónica de la Economía, esa ciencia social con ínfulas de incuestionabilidad axiomática. Una teoría que se sigue en todas las consejerías y ministerios.

Es una frase hecha casi tan común como esta otra: “pan para hoy y hambre para mañana”. Ciñéndonos a las perspectivas que alumbra la Economía Ecológica y la Ecología Política, en cuestiones de minería, debemos atenernos a esta segunda frase. Porque no es verdad en absoluto que la minería hoy no contamine, sea sostenible y circular. Una mina tiene en la actualidad una duración media de veinte años, a lo sumo treinta, pero los residuos consustanciales a la extracción, especialmente nocivos en la minería de sulfuros polimetálicos, la más abundante en Andalucía, permanecerán por siglos en escombreras, presas de relaves o sarcófagos. Y también serán antes o después residuos tóxicos, difíciles y costosos de tratar buena parte de los artefactos elaborados con las materias mineras.

La Ecología Política no tiene nada en principio contra los artefactos que nos rodean, pero sí contra el axioma de la teoría económica de que cualquier nuevo artefacto es necesariamente bueno y de que todo aumento de disponibilidad de artefactos es necesariamente progresiva. Así que, en coherencia con el paradigma de la Ecología, no cualquier artefacto elaborado a partir de minerales es necesariamente bueno ni su mayor disponibilidad deseable, sino que depende de las implicaciones sociales y ecosistémicas que tenga la extracción y el uso de sus componentes. Porque si la teoría económica convencional considera que los minerales y reservas energéticas son “materias primas”, la Ecología Política considera que son bienes comunes.

Estas dos concepciones, que deben controvertir en la opinión pública y muy especialmente en las universidades –aquí con mejores garantías de rigor teórico-, suelo resumirlas en clase con un ejemplo sencillo y elocuente: no debemos valorar ni tratar igual la batería de litio que mueve el patinete que una persona joven que se desplaza de su casa al gimnasio que la batería de litio que mueve la silla de ruedas de alquién impedido. Por eso, no cualquier minería es buena, y no cualquier uso de artefactos portadores de componentes minerales está justificada, porque muchas creemos que los minerales no son “materias primas a explotar”, sino materias primas a administrar responsablemente Y porque una vida buena no requiere necesariamente, como sí cree la teoría económica convencional, mejor y mayor disponibilidad de artefactos industriales.

Hay otro argumento que se esgrime frecuentemente en pro del incremento de minas, que “crean puestos de trabajo”. Es un argumento descaradamente falaz, y no solo porque el volumen de empleos mineros es hoy mínimo respecto al volumen de capital y a los efectos sobre la salud humana y de la vida en general, sino porque lo que la gente necesita es vivir, y no es de ningún modo evidente, y mucho menos axiomática, la ecuación de que para vivir mejor una sociedad tenga que aumentar el volumen de minerales transformados de que se rodea. Según los lugares de la geografía planetaria, hasta hace dos o tres siglos la gente solo bajaba a la mina encadenada (esclavos, presos de galeras), hoy se encadenan para seguir arrancando mineral. ¿Qué transformaciones institucionales e ideáticas han ocurrido en estos dos o tres siglos para este cambio copernicano? Es una buena cuestión para plantear un futuro debate universitario sobre los pros y contras de la minería.

-Ya tuvimos una mala experiencia hace casi 25 años, el desastre de Boliden Aprisa en la mina de Aznalcóllar. ¿No aprendemos de los errores?

-Hay quien no aprende de los errores, pero sobre todo hay quien quiere ignorarlos, pero no tanto porque sus ideas estén ancladas en el principio productivista de que más minería es mejor, sino porque sus intereses de prestigio profesional y de ganancia están unidos al negocio minero.

Pero prestigio profesional y ganancia son bienes públicos que hay que amparar entre otros, en equilibrios difíciles y polémicos, no por encima de otros bienes públicos. Por decirlo en los términos que usó John Rawls: la ganancia y el mérito profesional no deben contarse entre los bienes primarios de una sociedad justa, aunque sí entre los bienes que enriquecen una sociedad democrática realmente plural.


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