El nivel de indignación de los ciudadanos con la corrupción no parece traducirse luego en las urnas pero ha obligado ya a los partidos a tomar medidas, como en el caso del PSOE, prescindir en sus listas de exconsejeros señalados por los ERE a los que además se verá comparecer ante el TSJA en vísperas de la constitución del Parlamento y la sesión de investidura. La corrupción ha sido clave en el desgaste del bipartidismo y está en el origen del auge de nuevas fuerzas emergentes que por ser nuevas están libres de sospecha y en cuyo discurso se muestran implacables con ésta. También la candidata socialista y previsible presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha esforzado por desligarse del pasado de su partido y presentarse como la líder dispuesta a abrir puertas y ventanas «caiga quien caiga» e inaugurar un nuevo tipo de gobierno con la máxima transparencia.
Pero la sombra de los presuntos fraudes en las ayudas públicas a los ERE, los cursos de formación y adjudicaciones públicas es alargada y Díaz no es una recién llegada ni al PSOE ni a Andalucía. Las causas judiciales en curso se centran en la gestión de sus predecesores pero con muchos de ellos ha estado codo con codo en el partido durante años y la idea de que pasaba por allí resulta poco creíble.
Ha anunciado una oficina antifraude, endurecer los controles de subvenciones y adjudicaciones, una Ley del Buen Gobierno que obligue a los cargos públicos a rendir cuentas de sus ingresos y patrimonio antes, durante y después del ejercicio de sus funciones y una fiscalización del gasto público.
Además de tener que cumplir sus compromisos ante los andaluces, se las verá con una oposición que se vaticina dura en este sentido, sobre todo por parte de las fuerzas emergentes que han hecho del hartazgo de la corrupción su leit motiv. Y el discurrir de la investigación judicial es una variable que no puede controlar y que desgasta. La losa de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán imputados por el Supremo y manteniendo sus escaños en las Cortes pesa y la oposición se la va a recordar continuamente, lo que la obligará a posicionarse ante Ferraz.
Y más allá de las responsabilidades políticas y administrativas que se diriman entre los juzgados y las instituciones públicas, el nuevo Gobierno tiene un reto: la recuperación del dinero público defraudado, que es lo que más demandan los ciudadanos en este tipo de delitos de guante blanco. Sobre todo cuando su economía va mal.