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El letrado mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, José Luis Martín, durante su comparecencia como testigo en el juicio de los ERE. / Raúl Caro (Efe)
El letrado mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, José Luis Martín, y el exsecretario de Economía de la Consejería de Hacienda, Juan Antonio Cortecero, coincidieron este martes en que, aunque las ayudas de los ERE las pagara la agencia pública IDEA, exigían fiscalización previa en la Consejería de Empleo al darlas. Ambos han testificado en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.
El letrado del Consultivo subrayó que «mucha gente piensa que no existía procedimiento» para dar las ayudas pero «sí existía y ese procedimiento es el que se omite» por parte de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, sin que pagarlas a través de IDEA con fondos que le enviaba mediante transferencias de financiación «determine que exista un mayor o menor control» ni dispense de seguir el procedimiento legal. Un procedimiento que fijan el Reglamento de Subvenciones de la Junta de noviembre de 2001 y el Decreto regulador de la Intervención, que imponen que «todas las propuestas de concesión de subvención tenían que ser fiscalizadas» independientemente del control a posteriori en IDEA del pago. Para Martín, «se omite el control desde la Dirección General de Trabajo que tuvo que someter esos expedientes a fiscalización previa y no lo hizo».