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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Cualquier análisis de lo que puede dar de sí y de los objetivos centrales de la Junta de Andalucía para 2017 debe contar con un preámbulo obligado: qué pasará con el futuro político de la presidenta Susana Díaz. Su entorno insiste en que su prioridad es el Gobierno de la comunidad mientras que la oposición insiste en el tufillo a interinidad y atención preferente de Díaz a los asuntos de su partido más que a los del Ejecutivo que preside.
Lo que suceda de aquí a unas semanas definirá cómo y hasta dónde alcanza la estabilidad política andaluza. A partir de ahí, Andalucía cuenta con importantes citas como la negociación del nuevo sistema de financiación, caduco desde hace dos años, que ha alimentado uno de los grandes puntos de fricción entre la Junta y el Gobierno de Mariano Rajoy. El dictamen final sobre la comisión de investigación sobre el presunto fraude de los cursos de formación será otro de los momentos nucleares del año. ¿Habrá un dictamen final consensuado? ¿Hasta dónde llegarán las responsabilidades políticas, si las hubo? Mientras todo ello se discute, la Junta volverá en 2017 a activar los cursos de formación con mecanismos antifraude que permitan evitar los errores que se cometieron en anteriores convocatorias. En paralelo, los planes de Empleo también se deben poner en marcha para dar un espaldarazo a una bajada del paro que todavía se percibe con cuenta gotas y sólo en determinadas épocas del año.
La transparencia en el funcionamiento de entes e instituciones y la reforma de la Ley Electoral también deben avanzar durante 2017. La apuesta de la Junta por apuntalar los servicios sociales tendrá en la Educación, uno de los hitos que marquen el dirimir del año.
El futuro de Díaz y la estabilidad andaluza
No habrá avanzado demasiado el año cuando ya Susana Díaz habrá tomado una decisión definitiva sobre si presenta su candidatura para liderar el PSOE a nivel nacional. El paso adelante de la dirigente socialista plantearía un nuevo escenario para los propios socialistas y el resto de partidos. La presidenta de la Junta parece dispuesta a compaginar su cargo en el Ejecutivo andaluz con su puesto orgánico en Ferraz. En ese escenario, la estabilidad política parece garantizada con el apoyo de Ciudadanos al Gobierno. El partido naranja sólo se plantearía una revisión de los términos del pacto de investidura en caso de que la presidenta decidiera abandonar la Junta.
La aspiración a liderar el PSOE obligaría a Díaz a dedicar parte de su agenda pública a hacer campaña y promocionar su candidatura, y ahí hay munición muy jugosa para la oposición, que ya en 2016 criticó a una presidenta «a medio gas» y más pendiente de los asuntos internos de su partido. Para el PSOE-A los movimientos de Díaz también podrían tener consecuencias puesto que desde la federación socialista se es consciente que la llegada de su líder a Ferraz sería incompatible con su cargo en San Vicente. En esta tesitura ya han empezado a sonar nombres de posibles sustitutos en la secretaría regional.
El insistente «agravio» de la financiación
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió durante su segunda investidura a llevar a efecto un nuevo sistema de financiación autonómica que sustituya al que lleva vigente desde 2009 y que entonces fue impulsado por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. La Conferencia de Presidentes Autonómicos del próximo 17 de enero será el momento en el que se abra el debate, con dos años de retraso, sobre el cambio de modelo cuyos principios deben ser la igualdad y la solidaridad.
El asunto de la financiación autonómica ha sido uno de los grandes puntos de fricción entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Desde el Ejecutivo autonómico se ha reprochado a Rajoy el «agravio» hacia la comunidad. Susana Díaz y sus consejeros insisten una y otra vez en la cifra de los 4.672 millones que la comunidad ha dejado de percibir con el actual modelo. El discurso de la Junta se sustenta sobre la base de que hay autonomías que están «muy mal financiadas», como es el caso de Andalucía, mientras que otras reciben más financiación y, de esa manera, no se favorece la convergencia y se perjudica la igualdad de los ciudadanos.
Dictamen de la comisión sobre la formación
Los cálculos de Julio Díaz, presidente de la comisión de investigación sobre los cursos de formación en el Parlamento andaluz, son que en marzo de este año se debata en pleno la síntesis de las conclusiones presentadas por los cinco grupos políticos el pasado mes de septiembre. El 31 de enero es la fecha señalada para la presentación del documento que luego será debatido por la Cámara. Hasta quiénes y dónde llegan las responsabilidades políticas de este presunto fraude es la gran cuestión que tocará dirimir por este dictamen y el posterior debate parlamentario.
PP, Podemos e IU señalaron en sus conclusiones la responsabilidad política de Susana Díaz en este caso. Sin embargo, el rechazo de PSOE y Ciudadanos a esta tesis evitará que la presidenta de la Junta quede manchada por la comisión en este caso. Las responsabilidades máximas quedarán en los expresidentes durante la gestión de las ayudas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en las que coinciden todos los partidos, incluido Ciudadanos. Solo el PSOE excluye en sus conclusiones responsabilidades políticas o de funcionarios y el menoscabo de fondos públicos.
Consolidar las políticas activas de empleo
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció a finales del mes de julio de 2016 la puesta en marcha para comienzos del otoño de nuevos planes de empleo promovidos por la Administración autonómica para su desarrollo desde los ayuntamientos de la comunidad. Informó de que serían unos 60.000 beneficiarios y que dichos planes contarían con un presupuesto de 396 millones de euros. Sin embargo, desde la oposición, especialmente IU, se criticó la «inacción» de la Junta en este asunto. Antonio Maíllo, portavoz de la coalición de izquierdas, denunció que a comienzos de noviembre sólo 25 ayuntamientos recibieron transferencias y que sólo habían recibido en un primer plazo la mitad de la cantidad presupuestada. 2017 debe ser el año en que todas estas políticas activas de empleo comiencen a dar resultados.
También 2017 debe ser el año en que se reanuden los cursos de formación, cinco años después de que fueran suspendidos cuando saltó el caso que investiga el fraude cometido en sus concesiones. Se ofrecerán un total de 1.779 actividades formativas que estarán destinadas a 26.600 andaluces. Se destinan a los cursos 71,5 millones de euros, otros 50 millones de euros a las escuelas taller y casas de oficio, y otros 20 para trabajadores ocupados que precisan especializarse o mejorar su formación, por lo que en total se invertirán 142 millones.
Una hoja de ruta contra el fracaso escolar
Durante casi un año, un grupo de 60 expertos reunidos por la Consejería de Educación ha debatido estrategias para atajar la elevada tasa de fracaso escolar en una comunidad donde uno de cada cuatro estudiantes abandona las aulas sin el título de ESO. La consejera del ramo, Adelaida de la Calle, presentó hace un mes un Plan de Éxito Educativo que concitó las críticas de la oposición por no incluir una memoria económica ni un refuerzo de recursos humanos y centrarse en aspectos que no son competencia de la comunidad como la formación del profesorado. Días después, el informe PISA volvió a situar a los alumnos andaluces a la cola en comprensión lectora, matemáticas y competencias en ciencias. La Junta se apresuró a echar la culpa a la Lomce, actualmente paralizada en gran parte, y a la selección de centros de zonas desfavorecidas, pese a que tradicionalmente el Gobierno andaluz ha presumido de potenciar la equidad en su sistema educativa. Los datos están ahí y las protestas de los docentes por los recortes de personal y el exceso de burocracia en su labor también. La Junta tiene una hoja de ruta que no convence al sector. Será necesario ver qué pasos da y esperar resultados.
Reformas en la cámara, la ley electoral y la rtva
La pluralidad que trajeron las elecciones de 2015 al Parlamento andaluz debe ser trasladada a organismos dependientes de éste como la Cámara de Cuentas o el Consejo de Administración de la RTVA y las nuevas formaciones C’s y Podemos ya han reiterado varias veces al PSOE su exigencia de que la renovación de éstos se haga ya. En el caso de la Radiotelevisión andaluz es preciso también nombrar a un director general, ya que Joaquín Durán lleva casi dos años en el puesto de manera interina. Desde la Reforma del Estatuto de Autonomía, el nombramiento del director de la RTVA recae en el Parlamento y requiere una mayoría cualificada que exige un amplio consenso.
La entrada de nuevas formaciones en política también ha aumentado la presión que tradicionalmente ejercía en solitario IU para reformar la Ley Electoral en Andalucía. Es uno de los puntos del acuerdo de PSOE y C’s que facilitó la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta y ya se ha creado una comisión parlamentaria por la que están desfilando distintos expertos.
Pero si hay una modificación que urge es la del Reglamento de la Cámara, sobre todo tras el varapalo judicial a la formación de la Mesa del Parlamento tras el recurso del PP que exige contar con dos miembros en función de sus escaños (ahora tiene uno), lo que dejará fuera a IU salvo que se cambie la normativa.
Mimar una joya, acabar con un esperpento
El derribo del hotel El Algarrobico (Carboneras, Almería) se ha convertido en uno de los retos que Greenpeace se ha marcado para 2017. Una vez solventado el marasmo judicial que empantanó este caso durante años, el dictamen del Tribunal Supremo en febrero de 2016 abrió el camino para que la Junta de Andalucía y el Gobierno central pusieran en marcha el protocolo administrativo para hacer añicos la mole de hormigón construida frente a la orilla del mar. El Ejecutivo andaluz y el Ministerio de Medio Ambiente tienen en este año que cerrar todos los trámites para que se produzca la foto que todas las organizaciones ecologistas y administraciones políticas esperan desde que se permitió la construcción de este hotel.
España entregó el pasado 1 de diciembre el informe sobre reparaciones recomendadas por la Unesco para que el Parque Nacional y Natural de Doñana no sea incluido en la lista negra de Patrimonio mundial en peligro. El entorno de Doñana ha sido noticia en los últimos meses por los proyectos que se han puesto en marcha en la zona. Se estima que la Unesco tomará una decisión a mediados de verano sobre si incluye por primera vez a un Parque Nacional de España en su lista negra. La Junta de Andalucía tiene en Doñana un estilete en la que demostrar su apuesta por el Medio Ambiente.
Movilidad y apuesta por el alquiler
La Consejería de Fomento y Vivienda espera que para la primavera pueda inaugurarse el metro de Granada. Un respiro para una ciudad que lleva casi dos años sufriendo su aislamiento ferroviario debido a la paralización de la obras del AVE. El metropolitano granadino y el avance de los de Alcalá de Guadaíra y de la Bahía de la Cádiz son las grandes apuesta del departamento de Felipe López para este ejercicio. Más lento va el metro de Málaga que hasta 2019 no parece que llegará hasta el centro de la capital de la Costa del Sol. En el caso de Sevilla, la partida de ajedrez entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central continúa en tablas. Ninguna de las dos administraciones se mueve hasta que la otra se comprometa en la financiación del proyecto.
En cuanto a la vivienda, la Consejería presentó el pasado verano las líneas maestras para el próximo quinquenio. El alquiler, medidas para evitar la pérdida de la vivienda (desahucios) y la rehabilitación son los tres ejes sobre los que la Junta espera espabilar al sector de la construcción después de ser noqueado por la crisis económica. Ha planteado para el próximo quinquenio 190.000 actuaciones con un presupuesto estimado de 730 millones.
La apuesta de la Junta por apuntalar los servicios sociales tendrá en la Educación, uno de los hitos que marquen el dirimir del año.