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El exconsejero Gaspar Zarrías con Manuel Chaves y José Antonio Griñán y Francisco Guerrero detrás. / Julio Muñoz (Efe)
El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del gobierno andaluz, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por los ERE presuntamente irregulares entra desde este lunes en la fase testifical y pericial, después de que hayan declarado ya todos los encausados.
En las dos sesiones del juicio que se celebraron la semana de la Feria de Abril se desarrollaron los interrogatorios al expresidente Manuel Chaves y al ex secretario general técnico de Empleo y de Innovación Juan Francisco Sánchez García. Concluyó con ellos la fase de declaraciones, que se inició el 12 de febrero con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.
Ahora llega el turno de los 150 testigos y 12 peritos propuestos por las partes. En concreto, este lunes están citados como testigos dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsables del atestado sobre la «implicación» del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías en el caso ERE.
La Guardia Civil entregó en abril de 2015 un atestado al instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, solicitado posteriormente por la por la entonces juez de Instrucción nº 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
La UCO concluía que Zarrías presidió hasta 12 sesiones de la comisión general de viceconsejeros –los denominados consejillos– en las que se trataron acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como ‘fondo de reptiles’ y con cargo al que se pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas ahora cuestionadas como ERE irregulares.
Los agentes analizaron hasta 26 actas de otros tantos consejillos celebrados entre el 11 de abril de 2000 y el 30 de noviembre de 2011 en los que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas de los ERE o un proyecto de decreto para regular este fondo, que no se llegó a materializar a pesar de llevarse hasta en tres ocasiones al consejillo.
A tenor del estudio de las sesiones relacionadas, los agentes concluyeron que Zarrías, como consejero de Presidencia, «habría presidido un total de ocho sesiones en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L», a lo que se suma que «habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la comisión en las que éste no asistió».
En relación a la «arbitrariedad» con la que se concedieron las ayudas, los agentes de la UCO dicen que llama «poderosamente la atención la definición dada por Zarrías a los criterios por los que se concedían las ayudas: ‘criterios de singularidad’», los cuales «habrían provocado el uso descontrolado de los fondos correspondientes al programa 31L», citando como ejemplo «la concentración de ayudas en la comarca de la Sierra Norte [hoy, Sierra Morena] de Sevilla, donde se concedieron ayudas con total arbitrariedad por importe total de 56,40 millones, las cuales habrían supuesto el 66 por ciento del total de las subvenciones a empresa otorgadas en la comunidad por parte de la Consejería de Empleo».
A juicio de la UCO, «todo este presunto marco de corrupción tiene su génesis en el abuso descontrolado de los fondos públicos por parte de determinadas personas, y de un sistema arbitrario supuestamente ideado para dar respuesta a unos conflictos sociales que se estaban produciendo en ese momento en Andalucía, así como a la consecución de una concertación social planteada en un programa político».
Además, sostiene que Zarrías «podría haber participado en la sucesión de las diferentes ayudas públicas concedidas por la Junta a sociedades radicadas en la provincia de Jaén».