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Foto: EFE
Cada año la UE importa casi 138 millones de toneladas de productos agrícolas, con un coste de 150.000 millones de euros según datos de la Comisión Europea. Mientras, se estima que la UE desperdicia 153,5 millones de toneladas de alimentos cada año, según el informe «No Time to Waste»
Este desperdicio de alimentos cuesta a las empresas y los hogares europeos unos 143.000 millones de euros al año y causa al menos el 6 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Europa. Se estima que actualmente se desperdicia el 20 % de la producción de alimentos de la UE ; de reducir esta cantidad a la mitad, para 2030 podrían salvarse 4,7 millones de hectáreas de tierras agrícolas.
En medio de esta situación insostenible, en 2023 se aprobó en el Congreso español el proyecto de Ley de prevención de pérdidas y el desperdicio alimentario. Sin embargo esta nueva norma no ha convencido del todo a las organizaciones que luchan contra el desperdicio de alimentos. El colectivo Ley Sin Desperdicio apunta que “el texto inicial del anteproyecto de ley era más ambicioso y transformador que el que después recogió el proyecto de ley”, si bien en el trámite en el Senado si se han visto recogidas parte de las demandas que el colectivo fue proponiendo a los diferentes grupos parlamentarios que forman parte de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Una de las grandes reclamaciones del colectivo era mejorar la especificación de la medición y cuantificación, tanto cualitativa como cuantitativamente en todos los eslabones, de manera periódica. “Consideramos que este es el gran cambio, ya que se han incrementado las obligaciones de las administraciones públicas para medir todos y cada uno de los eslabones”, explican.
En lo que se refiere a definiciones, se ha incorporado la visión global del sistema agroalimentario, desde las pérdidas de alimentos que se quedan en campo, hasta el desperdicio alimentario de todas las fases posteriores de la cadena. También se ha situado la prevención en la jerarquía de prioridades, dentro del artículo 5, alineándose con las directivas y documentos europeos: “cuantas medidas sean posibles para prevenir la generación de pérdidas y desperdicio alimentario, incorporando criterios de producción, compra y gestión racionales y basados en las necesidades concretas que impidan la generación de excedentes”.
Sin embargo, y a pesar de los avances del texto, hay carencias reseñables como no incorporar la mención a la rebusca o el espigueo. A pesar de no ser estrictamente necesario un marco normativo para su práctica (se realiza de manera formal e informal en todo el territorio español) sería un gran avance su reconocimiento en el texto de la ley para unificar procedimientos y dar seguridad jurídica a todas las partes implicadas: productores, ciudadanos y entidades de iniciativa social.
En cuanto a aplicar la obligatoriedad de jerarquía de prioridades y la donación, las organizaciones en contra del desperdicio alimentario creen que es demasiado elevada la dimensión de superficies de 1300 m2 de establecimiento. Sería más oportuno reducirla considerablemente, hasta los 400 m2, tal y como aparecía en el primer anteproyecto de ley.
Más preocupante es que no haya dotación presupuestaria que serviría para propiciar que se den todas las condiciones para que este cumplimiento sea factible a lo largo de toda la cadena alimentaria y en todos los territorios.
Desde el Colectivo #LeySinDesperdicio consideran que “esta Ley, aunque podría haber sido algo más ambiciosa y transformadora, da un paso importante en la dirección correcta para la prevención de las pérdidas y desperdicio de alimentos, máxime en un momento como el actual con elevada inflación, escasez y carestía de recursos (agua, energía,...), emergencia climática y pobreza alimentaria” y resaltan que “este es sólo un primer paso de muchos otros que será importante dar (aplicación de la Ley, sensibilización de la sociedad,...), tanto desde las instituciones políticas, como de las administraciones y de las entidades de la sociedad civil, de forma colaborativa entre todas para lograr responder a las graves consecuencias que supone el desperdicio alimentario”.