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La consejera de Salud, Marina Álvarez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. / Europa Press
Los datos de obesidad siguen siendo preocupantes. Estos indican que un 16,6 por ciento de la población adulta y un 23,1 por ciento de los menores sufren sobrepeso. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad es ya el primer problema de salud pública en los países occidentales. En varias ocasiones, la OMS y la Unión Europea (UE) han hecho sendos llamamientos a la ejecución de estrategias eficaces, colectivas y transversales para invertir estas cifras.
En este sentido, Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en atender dichas recomendaciones y, desde 2016, trabaja en un proyecto de ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada. Un trabajo que este martes recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que inicia ahora su tramitación parlamentaria.
En palabras del portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, esta norma es «muy importante», no solo por sus objetivos, sino «por las dimensiones de los problemas a los que se enfrenta» ya que «incide en la vida de muchos ciudadanos de Andalucía». Por su parte, la consejera de Salud, Marina Álvarez, destacó el «paso adelante» del Ejecutivo andaluz en este sentido e indicó el «gran calado» del mencionado proyecto. De esta manera, Álvarez resaltó la «buena disposición» de unas 250 personas de distintos colectivos que han participado en la redacción del texto. El principal objetivo de la norma es, según la consejera del ramo, «implantar medidas de concienciación» que impliquen a los agentes sociales.
El ámbito educativo jugará un papel fundamental, ya que se prevé implantar una oferta escolar y extraescolar que garantice la realización de un mínimo de cinco horas semanales de ejercicio físico. Entre las medidas se incluye la prohibición de comercializar en centros educativos productos que superen un valor energético de 200 kilocalorías o posean un alto contenido de ácidos grasos saturados, grasas trans, sal o azúcares, así como índices elevados de cafeína o sustancias estimulantes.
En lo que a empresas se refiere, el texto mantiene la idea inicial de exigir que se instalen aparcamientos para bicicletas en el entorno de aquellas empresas con más de 50 de trabajadores.
El incumplimiento de estos compromisos, incluida la negativa de agua potable de un establecimiento de restauración a sus clientes, será objeto de multas económicas. La consejera explicó que las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves, si bien entiende que el objetivo es concienciar y no multar.
LA CONSEJERA SE DISCULPA POR LA MUERTE DE LA MUJER EN ÚBEDA
La titular de la consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, pidió «disculpas» en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno por la muerte de una mujer en las urgencias del Hospital San Juan de la Cruz, en la localidad jienense de Úbeda. En este sentido, Álvarez lamentó «profundamente» el hecho de que la fallecida permaneciera doce horas en una camilla sin que nadie se percatara de su presencia y apuntó a «un problema de comunicación». «Somos conscientes de que es algo que no debe ocurrir», explicó la consejera, quien añadió que «fue el propio centro el que dio parte al juez y la administración ha abierto una investigación interna».
Asimismo, Álvarez negó de forma tajante el colapso que denuncian sindicatos médicos, que llegan a tildar de «caos» la situación que vive el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. En este sentido, la consejera explicó que la última semana de 2017 fue la de mayor incidencias por gripe, siendo el 27 de diciembre el día de mayor afluencia, con una demanda que supera un 48 por ciento al del año anterior. «Este pico es superior al pico máximo que se tuvo el año pasado», añadió Álvarez, quien aseguró que en lo que va de enero la demanda de asistencia médica ha descendido.