El caso de los ERE irregulares percute de nuevo sobre el PSOE, en un momento clave donde busca los apoyos para gobernar en España, con la sentencia condenatoria para dos de sus líderes históricos en Andalucía por una causa que pesa como una losa desde hace una década.
La pieza política de los ERE, el caso de corrupción que movió los cimientos del feudo socialista, tiene sentencia tras nueve años de investigación, con una condena a 9 años de inhabilitación para el presidente que gobernó Andalucía casi dos décadas, Manuel Chaves, y seis años de cárcel para su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán.
A ellos se unen otros diecisiete cargos socialistas condenados, que también formaron parte de la cúpula de la Junta de Andalucía durante años y que desaparecieron de la escena política para pasar a protagonizar el ámbito judicial, sentados en un banquillo.
Con un fallo que censura un procedimiento establecido en la Junta de Andalucía durante una década (2001-2011) para dar ayudas sociolaborales por cientos de millones y que fija que los máximos responsables eran conscientes de esa gestión, se abre el interrogante: ¿Cuánto pesan políticamente estos mil ochocientos folios?
El PSOE deberá hacer frente al aluvión político, a nivel autonómico y nacional, en plena negociación para la investidura de Pedro Sánchez, al que recordarán que accedió a la Moncloa como consecuencia de una moción de censura contra Mariano Rajoy por la sentencia condenatoria del caso Gürtel.
La oposición no ha tardado en lanzar la ofensiva contra Sánchez, pidiendo inmediatamente su dimisión, y también arremeterán contra Susana Díaz, a la que siempre han tachado de "heredera", aunque no estaba en el Gobierno andaluz cuando se produjeron los hechos.
A nivel personal, la responsabilidad política la pagaron Chaves y Griñán renunciando al escaño en el Congreso y el Senado, respectivamente, una vez que el Tribunal Supremo confirmó su inculpación en 2015, y dándose de baja en el PSOE un año después.
A Griñán, los ERE ya le habían costado la Presidencia de la Junta de Andalucía, de la que se tuvo que ir porque, según dijo, quería evitar la "erosión" que suponía este asunto en el Ejecutivo autonómico, dando el relevo generacional a Susana Díaz.
Dos años después, la líder de los socialistas andaluces, que siempre ha defendido la honestidad de ambos expresidentes, tuvo que aceptar la mayor exigencia de Ciudadanos para sacar adelante su investidura: que el PSOE los echara.
Tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz siempre han aludido, cuando se les ha afeado este caso, que esa renuncia a sus cargos significaba ya la asunción de responsabilidades políticas.
Lo cierto es que el impacto político de los ERE, que empezó a investigar en 2011 la juez Mercedes Alaya, unido a las feroces críticas del PP, estuvo a punto de costarle en 2012 al PSOE lo que nunca había perdido en décadas, la presidencia del Gobierno andaluz.
Lejos del panorama multipartidista actual que ha permitido este año el primer gobierno no socialista (PP-Cs), el caso de los ERE, unido a la crisis económica, llevó en 2012 al PSOE a perder por primera vez las elecciones andaluzas y, aunque los populares rozaron la mayoría absoluta, Griñán salvó el Gobierno pactando con IU.
La macrocausa, que ha marcado la vida política andaluza durante años, también se investigó políticamente en 2012 en el Parlamento a iniciativa de IU y PP, pero la comisión cerró con unas polémicas conclusiones que eximían de responsabilidades al Consejo de Gobierno y con un dictamen que después fue rechazado en el pleno de la Cámara.
