Irlanda, profundamente católica, ha culminado una revolución silenciosa al aceptar la reforma de la ley del aborto en el referéndum del viernes, con una contundente victoria que abre la puerta a las terminaciones del embarazo sin restricciones durante las primeras doce semanas de gestación. «Lo que hemos visto hoy es la culminación de una revolución silenciosa que ha ocurrido en los últimos diez o veinte años», celebró el primer ministro, el democristiano Leo Varadkar, quien aseguró que las urnas le han otorgado un mandato firme para liberalizar la legislación vigente, una de las más duras de Europa.
El cambio previsto es enorme, pues, todavía hoy, nueve mujeres de este país, según cifras oficiales, viajarán al extranjero para abortar y tres tomarán una píldora comprada por internet para terminar su embarazo, sin la asistencia de un médico por la amenaza de penas de cárcel de hasta 14 años.
Según el recuento final, el sí ganó con el 66,4 por ciento de votos, frente al 33,6 del no, mientras que la participación, clave para la victoria, subió hasta el 64 por ciento, la más alta en 22 años. En un referéndum celebrado en 1992, las mujeres se ganaron el derecho a salir del país para abortar, si bien siguió siendo ilegal en casa, y en el de 2002 el electorado rechazó avances al respecto, cuando la influencia de la Iglesia católica era aún fuerte y se desconocían los miles de casos de abusos sexuales cometidos contra menores.
«La ciudadanía ha hablado y ha dicho que quiere una Constitución moderna para un país moderno, en el que respetemos a las mujeres y confiemos en ellas para que tomen sus propias decisiones sobre su salud», señaló el Taoiseach (primer ministro), de 39 años, médico de profesión y gay.
El triunfo del sí, dijo el líder del Fine Gae, es fruto de la «democracia directa» que ha abrazado este país, reflejada, por ejemplo, en la llamada Convención Ciudadana, establecida por el Gobierno en 2015 para estudiar a fondo esta cuestión y plantear propuestas para una nueva ley del aborto.
Compuesta por un centenar de personas representativas de diferentes sectores de la sociedad, escuchó durante dos años los testimonios, entre otros, de expertos legales y médicos sobre el aborto, así como el de mujeres afectadas. Sus recomendaciones sirvieron de base para que el Gobierno redactara, dentro de una comisión multipartita, un proyecto de ley que espera tramitar en las próximas semanas en el Parlamento, sin apenas oposición, para que entre en vigor a final de año, y permitiría el aborto hasta las veinticuatro semanas en casos excepcionales.