No sé si el siguiente ejercicio resultará de su agrado. Si tienen un rato, prueben a meterse en el enlace que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha puesto a disposición de todo aquel que quiera consultarlo hace apenas una semana (https://offshoreleaks.icij.org).
Si lo suyo no es el inglés, puede hacerlo a través de las páginas web de El Confidencial y La Sexta, los dos medios españoles encargados de analizar y difundir las investigaciones sobre los tristemente célebres Papeles de Panamá. Ese enlace le abre la puerta a una base de datos en la que puede introducir nombres de sociedades y personas que aparecen en los millones de documentos filtrados del despacho de abogados Mossack Fonseca y que tienen en común la búsqueda de idéntico santo grial: cómo pagar lo mínimo posible en impuestos.
Legal sí, pero éticamente cuestionable y motivo de cabreo supremo para los ciudadanos de a pie que sí que sostienen el Estado del Bienestar (o lo que queda de él) con sus impuestos religiosamente pagados. Es lo que se conoce como «elusión fiscal», un concepto que hay que diferenciar de la evasión fiscal, que implica la ocultación de rentas y ganancias y que, según las cantidades de las que hablemos, está tipificado como delito.
Es la primera apreciación que hace Juan Carlos Berrocal, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España, que apunta que cuando hablamos de empresa offshore nos referimos a aquellas que se constituyen en países diferentes al del titular del patrimonio que se expatria para minorar la factura fiscal registrándolas en países –mal llamados paraísos, apostilla– de escasa o nula tributación que basan su economía en esos ingresos. Se constituyen en apenas unas horas por muy poco dinero y otorgan el anonimato a sus titulares y la confidencialidad para salvar las transacciones de miradas indiscretas. «La sociedad condena los Papeles de Panamá, si bien no por cometer hechos punibles, sí por cuestiones éticas y morales».
El bufete de Mossack Fonseca llegó a crear más de 13.000 sociedades en paraísos fiscales al año, lo que supone una cada diez minutos.
Tener una sociedad offshore no es ilegal salvo que la participación en la misma o los rendimientos obtenidos no se declaren al Fisco del país de residencia. «No podemos comparar esa situación con la de Mario Conde, que hizo desaparecer un dinero que ha tratado de recuperar blanqueado».
Una precisión en este punto. Desde 2013 existe en España la obligación de declarar todos los bienes que se tengan en el extranjero, declaración que se realiza a través del modelo 720.
Se entiende como paraíso fiscal aquel territorio o Estado que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio, actividad que centra casi en su totalidad el sostenimiento del mismo.
¿Cuál ha sido el caldo de cultivo en el que han proliferado estos cotos de uso reservado a unos pocos? La globalización y la liberalización del comercio mundial y de los mercados de capitales están detrás de este fenómeno que es relativamente reciente y que se ha visto favorecido por la facilidad con la que, a golpe de un click, se realizan transferencias millonarias entre países a una velocidad y con un volumen de vértigo.
Fue uno de los subterfugios que los bancos comenzaron a utilizar, a través de la creación de filiales, «para escapar del control de los bancos centrales», explica Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que incide en que su uso se generalizó para ocultar bienes, para diseñar una imbricada ingeniería financiera y para realizar operaciones de mucho riesgo de los «clientes preferenciales». Porque si por algo se caracterizan estos territorios es por facilitar la opacidad de las transacciones. Es una práctica que viene a sustituir «al maletín que cruza la frontera». Con internet, deja de ser necesario, agrega.
El récord de densidad empresarial por habitante lo detentan las Islas Vírgenes Británicas, un pequeño territorio del Caribe con 850.000 sociedades registradas, 30 por cada uno de sus 27.800 habitantes.
La primera lista de paraísos fiscales que publicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se remonta al año 2000, aunque cada país, entre ellos España, cuenta con su propio listado negro. Se trata de una relación que se va actualizando cada cierto tiempo, sobre todo, cuando se rubrican convenios bilaterales de transparencia e intercambio de información fiscal entre países, lo que conlleva la salida automática del territorio firmante. Es lo que explica que a día de hoy sean solo dos los que se mantienen como paraísos fiscales en la última publicación actualizada de la OCDE que corresponde a noviembre de 2011: Nauru y Niue, dos islas de la Micronesia en el océano Pacífico.
¿Choca, no? ¿Solo dos territorios que nadie sabe ubicar en el mapa se pueden considerar los únicos en los que se dan estas prácticas opacas? Evidentemente la respuesta es no y ésa es una de las claves del problema. En un segundo estadio, existe otra lista en la que se incluyen otros 36 países que se comprometen a mejorar la transparencia y el intercambio de información, donde aparecen Andorra, Gibraltar y Mónaco, entre otros.
Cada país, decíamos, tiene autoridad para generar su propia lista. La española, cuyo origen se remonta a 1991, nació con 48 países. La siguiente modificación se produjo en 2003, mientras que la última actualización aplica desde el 1 de enero de 2015. Actualmente son 33 los países incluidos. No está entre ellos Panamá, que en 2003 firmó el convenio de doble imposición con España que le sacó de la lista. También abandonaron en esa fecha esa consideración Andorra, Bahamas, Bermudas o Hong Kong, «algunos de ellos están entre los más frecuentemente utilizados por intermediarios para la creación de sociedades offshore, tal y como han revelado los Papeles de Panamá», precisa Oxfam Intermón en un informe.
A raíz de los papers, Francia ya ha anunciado que volverá a engrosar la suya. En el caso de España, el Ministerio de Hacienda ha abierto una investigación sobre los nombres que han aflorado en esos documentos. Desde el exministro de Industria, José Manuel Soria, a la tía del Rey, Pilar de Borbón, pasando por Pedro Almodóvar, Imanol Arias... Empresarios, políticos, artistas...
El último convenio firmado por España se remonta a enero de 2015 y se suscribió con Andorra para prevenir la evasión fiscal. Un acuerdo más reciente, de febrero pasado, profundiza en la liberación del secreto bancario, que es la clave.
Por su parte, el otro controvertido vecino, Gibraltar, facilita los datos bancarios de personas físicas, pero no lo hace de las personas jurídicas, apunta Berrocal, que recuerda que es el lugar elegido por muchas empresas para inscribir la sede social. «No hay que confundirlo con el blanqueo de capitales procedentes del terrorismo o narcotráfico, que utilizan el refugio de estos territorios para ocultar un dinero ilícito».
La Comisión Europea solo considera esos territorios paraísos fiscales cuando son calificados como tal por al menos diez estados miembros, lo que dificulta la lucha para atajar estas prácticas. Por cierto, Suiza, referente europeo en el secreto bancario, no está incluido entre los países «no cooperativos».
¿Cómo combatirlo?
La crisis financiera internacional que se destapó en 2008 obligó a los países a poner el intercambio de información fiscal en el epicentro del debate político como único medio para acotar el fraude, así como la competencia desleal que suponen estas herramientas. Es imprescindible conocer la identidad para frenar la fuga de capitales, algo que solo se conseguiría recortando las leyes de confidencialidad y de secreto bancario de los paraísos fiscales, ya que éstos solo se facilitan a las autoridades si existen evidencias de delitos graves. Pero si lo que se plantea es que colaboren para aflorar un delito fiscal, entonces la actitud cambia. Y ahí es donde andan enfrascados los gobiernos.
La OCDE es la organización que trata de liderar este proceso, que además tiene fecha. En la reunión del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información celebrada en Berlín en octubre de 2014, más de medio centenar de países y jurisdicciones acordaron sumarse a esta fórmula de cooperación para el intercambio automático de información fiscal de cuentas financieras en 2017, siguiendo el modelo de la Declaración de la OCDE de junio de 2014. Andorra figura entre los países que se han comprometido a efectuar ese intercambio a partir de 2018.
No obstante, entre los expertos impera el escepticismo. No en vano, más de la mitad del comercio mundial pasa por un paraíso fiscal, precisa Oxfam Intermón, que apunta que en 2015 la inversión mundial que se dirigió a las Islas Caimán fue casi tres veces superior a la que recibió China y siete veces la de Brasil.
La incredulidad de que ahora sí vaya a funcionar ese intercambio automático de información sobre depósitos y cuentas se explica en los aplazamientos que ha venido sufriendo. «El G-20 ya hablaba del fin del secreto bancario en 2009», que se suponía que comenzaría a aplicarse desde 2011. Pero no termina de llegar.
Algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que buena parte de los 700 acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal suscritos desde 2009 no se aplicaban en 2014. Por ello no son pocos quienes piensan que una vez que se salga del círculo vicioso de la crisis será uno de los temas que queden relegados al olvido o, al menos, nuevamente postergado. No obstante, la publicación de los papeles de Panamá puede servir de acicate para enfrentar el problema de una vez.
No hay que cruzar el Charco para encontrar ejemplos de competencia desleal. Europa tiene al enemigo en casa. No tienen consideración de paraísos, pero, a efectos prácticos, no juegan limpio respecto a sus socios. Es el caso de Irlanda, Holanda o Luxemburgo. Tributaciones tan atractivas –Irlanda cuenta con uno de los tipos del Impuesto sobre Sociedades más bajos, del 12,5 por ciento– que sirven para enganchar a empresas como Facebook o Google que apenas pagan impuestos. ¿Recuerdan el escándalo del Luxleaks? En noviembre de 2014 se hicieron públicos, gracias a unas filtraciones de exempleados de la consultora PwC, los acuerdos fiscales secretos pactados entre 2002 y 2010 por Luxemburgo con 340 grandes empresas con el único fin de ayudarles a pagar menos tributos. Así, según los documentos filtrados, el Gran Ducado favoreció que Apple, Ikea o Pepsi pudieran pagar menos del 1 por ciento de impuestos en lugar de un 29 por ciento.
Cuando afloró ese escándalo Jean-Claude Juncker era presidente de la Comisión Europea, pero durante el periodo en el que se firmaron los acuerdos secretos era el primer ministro luxemburgués y ministro de Finanzas. La última novedad de este caso, muy reciente además, es que las personas que filtraron esos documentos han sido llevadas a juicio y se enfrentan a entre cinco y diez años de cárcel. El castigo, para el mensajero.
Beneficios para quién es el título del último informe elaborado por Oxfam Intermón de este mismo mes que trata de determinar la presencia de empresas españolas en paraísos fiscales a través de su medio centenar de páginas y que arroja varios titulares. De un lado, todas las empresas cotizadas del Íbex 35 mantienen filiales en paraísos fiscales. En total, el número de ellas alcanza las 891, una cifra un 10 por ciento superior a las que había en 2013, donde destacan el Banco Santander y ACS, con 235 y 113 sociedades, respectivamente, según señala el estudio, que precisa que Delaware, donde están ubicadas 417 filiales –prácticamente la mitad del total–, es el destino favorito.
Aunque Oxfam reconoce avances en materia de transparencia en los últimos años por parte de las empresas españolas, considera que todavía no son suficientes, por lo que insta a los partidos políticos –ahora que estamos otra vez en precampaña– a que sean sensibles a esta lacra que pasa factura a los ciudadanos. En concreto, «cada español tiene que pagar entre 800 y 1.000 euros al año en impuestos por el coste del fraude fiscal», aseguran.
¿Hacienda somos todos?
Gabriel Zucman, profesor de Economía en Berkeley (EEUU) y autor de La riqueza oculta de las naciones elaboró en 2013 un informe calculando cuánto dinero se esconde en paraísos fiscales y jurisdicciones con baja tributación, apunta el presidente de Gestha. «Señalaba que el capital de los españoles en Suiza superaba los 80.000 millones de euros, aunque elevaba a 160.000 los millones en paraísos fiscales, 144.000 no declarados».
Oxfam explica el funcionamiento: «una empresa española manda de viaje sus dividendos y plusvalías a un paraíso fiscal camuflándolos como inversión. En el paraíso fiscal estas cantidades se declaran, pero no se paga impuestos por ellas. Se devuelven otra vez a España, donde toman el camino de retorno sin que se tenga que tributar por ellas».
A los ciudadanos de a pie se nos atribuye una picaresca innata, una tendencia natural a la economía sumergida, a tratar de esquivar la factura con IVA, en definitiva, a engañar si tenemos la oportunidad. Es un ADN instaurado culturalmente, apunta Juan Carlos Berrocal, y solo tiene una cura. «El cambio generacional tiene que empezar por las escuelas».
«El ciudadano se puede sentir hasta legitimado para escamotear en relación a lo que ve en sus máximos dirigentes, los que deberían ser ejemplos de moral y ética intachables», pero la corrupción campa a sus anchas y eso desalienta. Tampoco ayuda, explica, la amnistía fiscal de 2012, que permitió regularizar situaciones pagando un precio muy bajo por engañar y defraudar a todos.