La Fiscalía ha pedido al tribunal que confirme íntegramente la sentencia, por tanto, solicita ratificar la condena de seis años de prisión para Griñán y de nueve de inhabilitación especial para Chaves.
El siguiente en intervenir será José María Mohedano, que defiende al expresidente José Antonio Griñán. Se juzgan a 21 ex altos cargos de la Junta juzgados en la pieza política del caso ERE.
Manuel Gómez ha ratificado su declaración en el Tribunal Supremo en la que dijo que «no se tomaron medidas». Hoy ha vuelto a insistir en que «no hubo menoscabo» de fondos públicos.
Los letrados creen que vulnera el derecho de defensa por “sorpresiva” y “raquítica”. También piden la nulidad de las actuaciones del juez instructor. Viera asegura que el delito de prevaricación está prescrito.
Los letrados solicitan la comparecencia de tres consejeros de Presidencia por su «conocimiento de los hechos». Anticorrupción pide que se delimiten los hechos a juzgar.
Los abogados aseguran sería una “burla a la Justicia y un escarnio” que el sindicato siga en el procedimiento. Anticorrupción apoya que se mantenga como acusación
La tercera jornada termina con las últimas lecturas de los escritos de las defensas. La vista por la trama política se retoma el 9 de enero con las cuestiones previas.
La jueza ha abierto una pieza separada por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva con 25 imputados. Además, de Pastrana y Carbonero hay también seis ex altos cargos de la Junta y dos del Gobierno central
Está previsto que la vista por la causa política de los ERE dure varios meses. Dos salas de vista estarían preparadas para acoger este juicio, aunque habría que realizar algunas remodelaciones
PP, Podemos, Ciudadanos e IU resaltan la utilidad de la comisión, aunque con matices. Destacan la «falta de voluntad» de la Junta de Andalucía para entregar toda la documentación requerida.
Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y Juan Antonio Griñán irán a juicio, con otros 24 ex altos cargos de la Junta, por el fraude de los ERE. El primero, procesado por prevaricación, se enfrenta a inhabilitación para cargo y empleo público. El segundo, al que el juez imputa además presunta malversación, podría ir a la cárcel entre 4 y 8 años.
María Núñez ha abierto una nueva pieza en el caso ERE por las subvenciones de 34 millones que recibieron de la Junta las empresas de dos exconcejales del PSOE, en la que acusa a 15 personas, entre ellas a Antonio Fernández y José Antonio Viera.
El exconsejero de Empleo asegura que desconocía esta ayuda, pese a los 22 millones de euros que se pagaron. La jueza le ha aclarado que está siendo investigado por prevaricación y malversación
La magistrada ha citado al exconsejero de Empleo en calidad de investigado (antes imputado) el próximo 10 de febrero por un presunto «desvío» de fondos públicos de la Junta «mediante su entrega» a la empresa pública Egmasa «para la financiación de su plan de prejubilaciones» derivado del ERE aprobado en el año 2003.
Sigue sin fijarse una fecha para enjuiciar algunas de las partes en las que se ha dividido la causa. Con más de 250 imputados, lo empezó a instruir la juez Mercedes Alaya y desde junio de 2015 lo asumió la magistrada María Núñez Bolaños.
