El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha asegurado que es «la más complicada de la historia judicial de España» y ha calculado que tendrá «casi mil folios o más».
La defensa ratificada es "imposible" pretender que Chaves tuviera conocimiento de las irregularidades en la gestión de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo.
Los representantes del Ministerio Público han comenzado a desgranar la actuación de cada uno de los acusados y su participación en los hechos juzgados durante el periodo investigado.
Concretamente a las ayudas concedidas a Altadis, Germans, Coosur, Industria naval de Cádiz, Asociación de trabajadores de la prensa de Cádiz, Fábrica de Muebles, Grupo Smurfit, Nature Park, Papacor y Nerva Croissant.
Hinojosa, que actualmente sigue ejerciendo como interventor en la Administración autonómica, ha comparecido este miércoles como testigo, a propuesta de la defensa del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.
Declarará una docena de personas propuestas por las partes antes del inicio de la prueba pericial, prevista a partir del 11 de septiembre. Hasta la fecha han pasado por el banquillo 120 ex altos cargos políticos, funcionarios, prejubilados de empresas en crisis, auditores y letrados.
Este martes han declarado el letrado mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, José Luis Martín, y el exsecretario de Economía de la Consejería de Hacienda, Juan Antonio Cortecero.
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla ha declarado hoy en el juicio asegurando que las ayudas «fueron decisiones arbitrarias disponiendo de fondos públicos sin ton ni son»
El tribunal estima el recurso de apelación de María José Rofa y señala que los trabajadores de la Junta no tenían capacidad de influir en la tramitación de las ayudas sociolaborales.
«La Intervención hizo lo que tenía que hacer y más de lo que tenía que hacer», ha defendido Marcos, quien ha subrayado que «no paró» de plantear recomendaciones sobre el sistema a seguir y se adoptaron medidas.
La interventora de la agencia IDEA Rosario Lobo asegura que no pudo detectar menoscabo de fondos públicos porque la documentación no incluiía el expediente de gasto. También completó su declaración la exasesora que implica a Chaves.
