La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, apuesta por la cooperación para bloquear unos aranceles que pueden influir “muy negativamente” en las exportaciones agroalimentarias.
La fusión ha sido aprobada en asamblea de dos importantes cooperativas agrícolas situadas en La Puebla de Cazalla y con una facturación conjunta de más de 60 millones de euros.
Las diferencias con la Junta marcaron el inicio de la patronal agraria, pero tras 40 años han acercado posiciones. Ahora luchan por esquivar el proteccionismo de Trump, conseguir un marco europeo más justo con la peculiaridad del campo andaluz y sobrevivir a los estrechos márgenes.
Las asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA hacen balance de los 30 años de la Política Agraria Común en Andalucía. La modernización de las explotaciones y de las infraestructuras, el incremento de la renta agraria y el impulso de las exportaciones son algunos de sus efectos en el campo andaluz.
El director general de Producciones y Mercados Agrarios, en Sevilla para participar en la Jornada Agraria de CaixaBank, defiende que Andalucía no ha sido maltratada en el reparto de fondos y le emplaza a una buena gestión para no perder las ayudas
El total de los importes correspondientes al anticipo de la Política Agrícola Común asciende a 756,6 millones de euros, que se distribuyen entre 215.342 beneficiarios titulares de una solicitud única en 2016.
La compleja tramitación de los derechos de pago base de la PAC y el desarrollo de la ley de la dehesa y la luz verde a las ayudas agroambientales, principales novedades normativas.
La presidenta solicita en su misiva la inclusión del olivar de secano en pendiente, la uva pasa y la revisión del diseño de la remolacha, con el objetivo de acabar con «los agravios».
La consejera de Agricultura critica el «enorme tijeretazo» para los pequeños y medianos agricultores andaluces que supone la aplicación de la Política Agraria Común del Gobierno central.
La demora en la publicación de las normativas, problemas informáticos, la complejidad de los cálculos de la asignación de derechos... son algunas de las razones que defiende Asaja para ampliar el plazo al 15 de junio.
