Se produce a raíz de la denuncia del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción por el «retraso injustificado» en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE.
Organizan la desobediencia con coche oficial, con subvenciones para su casta y repartiendo cargos con los sueldos más elevados de cualesquiera administración pública en la Península Ibérica.
Pedro Luis Gallego se ha reconocido culpable de los cuatro delitos sexuales que se le imputan, cometidos en Madrid a finales de 2016 y principios de 2017.
