Las «raves» ilegales, como la que se ha celebrado durante seis días en La Peza (Granada), causan a menudo más problemas por el ruido constante de la música y la presencia de controles que por inseguridad, destrozos o suciedad, según los testimonios de alcaldes de los municipios que las han sufrido.
Los regidores suelen coincidir en que la «rave» aparece de repente, que son desde unas decenas a varios cientos, alguna vez unos pocos miles de asistentes, que viajan con coches y caravanas, que la zona, con frecuencia lugares apartados y solitarios, queda recogida -salvo excepciones- y que se marchan como vinieron, sin mayor contacto con los vecinos.
Por ejemplo, el alcalde de La Peza, Fernando Álvarez, explicó a EFE estos días que la música y el ruido de la fiesta era «sobrellevable pero cansino» y que los participantes han ocupado el paraje municipal con todos los víveres que necesitan, por lo que no han generado un impacto económico en la localidad que beneficie a sus vecinos.
En España se han celebrado en los últimos años numerosas fiestas como la de La Peza, en general en estas mismas fechas y algunas en verano, cuando abundan los mucho más numerosos y no menos ruidosos festivales de música.
Este verano, del 19 al 21 de agosto, tuvo lugar una de estas fiestas junto al embalse de Santa Teresa, en Salamanca, donde la Guardia Civil denunció a siete personas por infracciones de montes, de aguas, de incendios o de sanidad animal. Como habían llegado, los participantes se fueron marchando sin que quedara ni basura ni se produjeran incidentes, como señaló la Subdelegación del Gobierno.
Pocos días antes, en el municipio zamorano de Salce se organizó una «rave» que tomó el desaparecido pueblo de Argusino durante el puente festivo del 15 agosto, donde la Guardia Civil interpuso 412 denuncias, 63 de ellas por conducción bajo los efectos de drogas, y detuvo a cinco de los más de 2.000 participantes de estética hippie llegados de toda Europa. Una mujer suiza de 32 años con una patología cardíaca previa falleció por causas naturales.
EFE contó entonces que los vecinos se sorprendieron porque al irse «lo han dejado todo limpio»; que el alcalde, Rubén Gómez, lamentó más que los congregados no se acercaran al pueblo para hacer al menos algún gasto; y que la Guardia Civil corroboró que los participantes no llegaron a hacer fogatas ni otros usos del fuego que representaran un riesgo de incendio en esa época del año.
Uno de los oriundos que pasó el puente festivo en el pueblo dijo a Efe que apenas sufrieron molestias por ruido, que se acercó allí y que lo que vio fue una fiesta con «una organización bastante buena» y en la que no se veían plásticos ni residuos por ningún lado.
Hace un año, la Guardia Civil desalojó una «rave» no autorizada que reunió a numerosas personas con vehículos y caravanas en una cantera de yeso abandonada en el paraje de El Hueli de Sorbas (Almería), donde se montaron carpas y escenarios con música. Fue en plena covid y los agentes levantaron actas administrativas por infracción de las medidas sanitarias.
El alcalde de Sorbas, José Fernández (PP), dijo a EFE que los organizadores forzaron la puerta de entrada a la cantera y que el Ayuntamiento no tuvo conocimiento de lo que ocurría hasta que una fuerte música comenzó a llegar al pueblo.
A principios de junio de 2021, unos 600 jóvenes de varios países se reunieron durante el fin de semana en un paraje de Aznalcóllar (Sevilla) para celebrar una fiesta «rave» en la que se produjeron unas cien denuncias por distintas irregularidades, entre ellas incumplimientos de las medidas de protección contra la covid.
En esa ocasión, la Policía Local identificó a un centenar de jóvenes que, además de las medidas contra la covid, incumplían otras como la que impedía encender hogueras en el período de máximo peligro de incendios forestales y el Ayuntamiento recogió en la zona dos camiones de basura que los participantes, en ese caso, sí dejaron en el paraje natural.
En las misma fecha que ahora en Granada se organizó otra «rave» ilegal en Llinars del Vallès (Barcelona), que se celebró durante 40 horas en una nave industrial abandonada y que una vez desalojados se desplazaron al municipio cercano de Dosrius. Fueron detenidos dos de los responsables, una joven holandesa de 29 años y un chico de Tarragona de 22.
Los empresarios del sector del ocio nocturno de Cataluña se sintieron discriminados, ya que entonces llevaban meses con restricciones por la pandemia «mientras que a una fiesta ilegal, sin ningún tipo de medida de seguridad», se le estaba «permitiendo continuar funcionando alegando el principio de proporcionalidad» en cuanto a las posibles consecuencias negetivas de un desalojo.
Tras una de estas fiestas ilegales en enero de 2015 en el aeródromo de Benagèber en Valencia, con unas 3.000 personas, el alcalde de la población, Rafael Darijo, comentó que los participantes eran «muy jóvenes, de entre 20 y 22 años», «en un 90 % franceses, además de algún alemán, danés e italianos», y que eran personas «muy amables», «organizadas» y «con muestras de civismo», que «recogen los deshechos» que generan y no han causado «apenas desperfectos» ni «molestias a los vecinos».