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Rafael Bescansa.
¿Es delegable la patria potestad? ¿Cabe ejercer la patria potestad a través de apoderado? ¿Puede un menor emancipado ser administrador de una sociedad? ¿Y aceptar o repudiar una herencia? ¿Puede un incapacitado otorgar testamento? Quizás usted no sepa cómo contestar a estas preguntas, pero ya hay un manual para solventar estas y otros cientos de cuestiones dudosas cuyas respuestas han cambiado, y mucho, tras la reforma de ley del código civil que fue aprobada el pasado mes de junio, que ha entrado en vigor hace solo unos días y que, entre otros aspectos, elimina la incapacitación judicial de las personas con discapacidad. El autor del libro, Protección jurídica de la persona, es el notario cordobés Rafael Bescansa, que se dirige especialmente a todos los profesionales del Derecho: notarios como él, pero también registradores de la propiedad, jueces y abogados.
El trabajo, de reciente aparición, aborda de una manera teórica pero también práctica el estado en el que quedan los negocios jurídicos después de la reforma de la ley para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este cambio normativo es una exigencia de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en New York el 13 de diciembre de 2006 y que ha supuesto “un profundo cambio en la práctica jurídica diaria”.
El jurista cordobés pretende llevar a cabo un “estudio práctico de los negocios jurídicos inter vivos y mortis causa” tras la aprobación de la normativa. En este sentido, Bescansa afirma que “lo que hago con este libro es examinar desde un punto de vista teórico-práctico los negocios jurídicos que se han venido planteando en las notarías y los registros de la propiedad, así como en los despachos de profesionales del derecho de familia adaptados a la reforma de la nueva ley”. La obra recoge asimismo un estudio de las nuevas competencias que asumen ciertas instituciones, como la curatela, el defensor judicial o el guardador del hecho, la actual situación de los mandatos y poderes preventivos. Por otro lado, también repasa la regulación de la familia, el ejercicio de la patria potestad, la mayoría de edad y la emancipación.