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Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver han sido inhabilitados 8 y 15 años, respectivamente, por el juzgado de lo Mercantil. / Juan Ferreras
La primera sentencia de las muchas que aguardan en el caso Lopera ya se ha hecho pública: el ex presidente y ex consejero delegado ha sido declarado culpable de llevar al Betis al concurso de acreedores por su mala gestión al frente del club, al que «ha dañado de forma grave», según el juez Eduardo Gómez, que de todos modos no lo condena a pagar indemnización alguna (la Fiscalía y los concursales le pedían 23 millones de euros) al no «haberse cuantificado correctamente los daños» causados. Luis Oliver, José León, Manolo Castaño, Jaime Rodríguez-Sacristán y otros muchos ex consejeros o colaboradores de estos también han sido declarados culpables de abocar al Betis al concurso e inhabilitados, aunque a pagar indemnizaciones solo se condena a José León y Luis Oliver, con alrededor de un millón de euros de manera solidaria. Ambos, por cierto, hace tiempo que se declararon insolventes.
Recursos ante la Audiencia
Todos los condenados en el juicio del concurso pueden recurrir ante la Audiencia, y algunos seguramente lo harán, para pedir que les retiren las inhabilitaciones, del mismo modo que la Fiscalía, el propio Betis o los administradores concursales podrían recurrir la sentencia para solicitar que se impongan indemnizaciones por el «daño causado», que el juez admite aunque no cuantifica. El recurso, en todo caso, es un proceso largo y que puede resultar muy costoso a quien lo interponga en caso de no prosperar. La condena del concursal, a falta de que sea firme, inhabilita, entre otros muchos, a Lopera, Oliver y Castaño para dirigir el Betis o cualquier otra sociedad, por lo que se abre un nuevo escenario en torno a futuras y posibles negociaciones de cara a un pacto extrajudicial que ponga fin a la inestabilidad institucional que rodea al club desde que Lopera trató de vender sus acciones a Oliver y lo abocó al concurso de acreedores. De lo contrario, la incertidumbre judicial seguirá rodeando club durante bastantes años.
Oliver ya tiene una condena sobre sus espaldas por lucrarse a costa del Betis, pues según el juez (ver página 51 de la sentencia) «tramó las citadas intermediaciones (Mehmet Aurelio, Sergio García...) con ánimo de lucrarse ilícitamente del RBB», por lo que se le inhabilita 15 años y se le multa con un millón de euros de manera solidaria con José León, aunque «no consta que la actuación de D. José León Gómez persiguiera un enriquecimiento personal de tales actuaciones», de las que fue perfectamente conocedor y no puso coto. Que Oliver pueda algún día volver a estar al frente del Betis es algo que difícilmente será aceptado por los aficionados béticos después de conocerse los detalles de esta sentencia. Y las que aún están por llegar.
El juicio de las acciones
La próxima sentencia que debe hacerse pública es la que versa sobre la titularidad del 31,34 por ciento de las acciones de Lopera/Farusa, presuntamente suscritas en 1992 con «asistencia financiera», en claro fraude de ley. Este juicio ya está visto para sentencia y la misma debe conocerse antes de la próxima junta de accionistas de noviembre/diciembre de este año. Castaño sostiene que las medidas cautelares del 31,34 por ciento se pueden levantar en cualquier momento –la Audiencia las ratificó hace unos días y desestimó la recusación del juez Carretero– y que en un mes están volviendo a coger el barco, pero con las recientes inhabilitaciones no habrá capitán alguno para comandar el barco. Y en todo caso, aunque se levantaran las cautelares, en el Betis no habrá junta de accionistas antes de noviembre/diciembre, y para entonces ya debe haber sentencia de este caso.
Si la misma es favorable a los denunciantes, Lopera/Farusa o Bitton se quedarían solo con un 19,9 por ciento del accionariado y una posición muy débil para negociar cualquier tipo de acuerdo, pues habrían perdido la mayoría. Ese 31,34 por ciento restante pasaría a poder del Betis para ponerlo a disposición de los béticos de forma equitativa.
Si Lopera ganase el juicio de las acciones, en el que se ha personado Bitton/Oliver por entender que son suyas, en todo caso tendría que poner a testaferros para gobernar el club al estar él y la mayoría de sus colaboradores ya inhabilitados, como ocurre con los de Bitton.
La disputa Farusa-Bitton
En el juzgado de primera instancia nº 10 de los de Sevilla litigan Farusa y Bitton sobre la titularidad de las acciones que Lopera vendió el 7 de julio de 2010 a Luis Oliver, aunque luego ambas partes incumplieron todo tipo de cláusulas del rocambolesco contrato. Hasta que el juez Carretero no dicte sentencia sobre la titularidad del 31,34 por ciento este juicio permanece varado. Es el que debe determinar si las acciones (ya sea el 51,2 o el 19,9 por ciento) son de Lopera o de Oliver, otra sentencia crucial para cualquier eventual negociación.
La acción de responsabilidad
Luis Oliver también se expone a una petición de seis años de cárcel y varios millones de euros de multa por el ‘caso saqueo’, en el que se le acusa de delitos de apropiación indebida continuada o delito societario por su gestión al frente del club. El juez del concurso ya ha sentenciado que se «lucró» del Betis, aunque al ir por la vía mercantil no le pueden caer penas de cárcel y por aquí sí se expone a ellas y a otra serie de multas e indemnizaciones por responsabilidad civil, igual que varios expresidentes (León y Sacristán).
El juicio por lo penal en 2017
Hace un par de semanas también quedó fijada la fecha para el juicio por vía penal contra Manuel Ruiz de Lopera, el más importante de todos los que debe hacer frente, pues se expone a penas de cárcel que debería cumplir de manera inexcusable al tener ya una condena previa sobre sus espaldas por anteriores delitos con Hacienda, que en su día resolvió con millonarias multas, que pagó el Betis, según la instrucción de la juez Alaya.
El 18 de abril de 2017 dará comienzo este juicio y Lopera debe declarar el 5 de junio, unas semanas después. A Lopera le piden penas que van de los tres y catorce años de prisión e indemnizaciones que oscilan entre 3,6 y 25,6 millones de euros, según las acusaciones de la Fiscalía y las plataformas denunciantes.