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Hugo Galera, Catedratico en medicina y ex-presidente del Real Betis. / Jose Luis Montero.
La agrupación de accionistas Béticos por el Villamarín (BxV) afirmó que la legalidad o no de un acuerdo como el que el Consejo del Betis someterá hoy a su Junta General de accionistas no depende de mayorías o porcentajes y que «será un juez el que decida, en su caso, si un contrato es legal o ilegal».
BxV, encabezada por el expresidente bético Hugo Galera, ha mostrado su rechazo frontal a la actuación del consejo por su «opacidad», «oscurantismo» y «prepotencia» al pretender someter a la aprobación de la Junta el acuerdo con el exmandatario Manuel Ruiz de Lopera sin facilitar toda la documentación a los accionistas.
«Un proceso es transparente cuando nada se interpone entre el documento que contiene la información y el interesado o accionista que debe aprobarlo», dijeron a EFE fuentes de BxV, que señalaron que el consejo «es reincidente en ocultar la realidad».
En este sentido, indicaron que el Consejo elude explicar lo que se le solicita, oculta las razones por las que habla de acuerdo beneficioso, «contesta con prepotencia, pero sin responder a lo que se le requiere, llevando su apuesta al límite confiado en que la mayoría» garantizará la viabilidad de su proyecto.
«La legalidad de los contratos y actos jurídicos, no es algo que dependa de mayorías o porcentajes en una Junta General. Será un Juez el que decida, en su caso, si un contrato es legal o ilegal pues, si existen acciones para impugnar un acuerdo social, también las hay para impugnar un contrato que no es sino mera simulación», subrayan.
Conminan al consejo a que pongan a disposición de los accionistas la documentación de un acuerdo que tilda de «simulación» porque, entre otros asuntos, «no hay ningún contrato de transacción», Lopera «ni cede, ni renuncia, ni entrega nada a título gratuito» y se paga injustificadamente a Luis Oliver y a Bitton 6.500.000 euros.
Respecto a la inexistencia de una transacción, señalan que «es falso que la situación litigiosa del Betis se acabe gracias a este acuerdo», como es la esencia de esta figura; ya que el proceso seguido ante el Juzgado de lo Mercantil por la nulidad de las acciones ha acabado con sentencia «muy favorable a los intereses» del club «a pesar de los esfuerzos de algunos por evitarla».
Sobre el proceso penal seguido ante la Audiencia Provincial contra Ruiz de Lopera, aseveran que «no le ha puesto fin ninguna transacción o conformidad» y que «va a acabar mediante sentencia». Además, señalan que por el Juzgado de lo Mercantil, «de modo que no ha podido entregarlas»; y tampoco podría hacerlo porque «tenía prohibido por resolución judicial disponer de esas acciones y eso lo sabía el Consejo de Administración».
«Antes del pacto, Lopera se enfrentaba a una petición de varios años de cárcel y al pago, en concepto de indemnización, de 15.477.316,5 millones de euros; y por efecto del pacto pasa a recibir 8.500.000 euros y la pena a la que se enfrenta es la de seis meses de prisión que podrá sustituir por una multa», dijeron.
Junto a ello, Béticos por el Villamarín mantiene, y así lo han hecho en el requerimiento que le hicieron al Consejo, que el pago a Bitton Sport y a Luis Oliver de 6.500.000 de euros es «injustificado» porque esta empresa «jamás adquirió la titularidad de ninguna acción en virtud del contrato de compraventa de 6 de julio de 2010» y que ello lo ha ratificado la Justicia.
Por todas estas razones, la Asociación BXV mantiene que «la sensación que se transmite es que este acuerdo no trata de evitar procesos, sino sentencias, cuyos resultados pueden ser favorables para el Betis, pero cuya ejecución se llevaría a cabo al margen del Consejo, que promete una transparencia que manifiestamente incumple, manteniendo a los accionistas en la más absoluta oscuridad».