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Manuel Ruiz de Lopera, durante la sesión del lunes en la Audiencia Provincial / Manuel Gómez
«Lopera está en las antípodas de una administración desleal»
La abogada del expresidente del Betis asegura que no restó patrimonio al club ni desvió dinero a sus sociedades Tegasa y Encadesa. A pesar de ello, se adhiere a la Fiscalía y pide que se lo castigue con seis meses de cárcel o 3.600 euros de multa
La defensa de Manuel Ruiz de Lopera ha sostenido en la presentación del informe final en el juicio contra el expresidente del Betis por un presunto delito continuado de apropiación indebida que el otrora máximo accionista «no despatrimonializó» la entidad «ni hubo desvíos de dinero a Tegasa y Encadesa», sociedades vinculadas a él. En una de las últimas sesiones en la Audiencia Provincial, Encarnación Molino, abogada de Lopera, ha aceptado la petición de la Fiscalía de seis meses de prisión para su cliente que pueden ser y serían sustituibles por el pago de una multa de 3.600 euros.
La letrada de la defensa comenzó su intervención valorando el pacto firmado el 28 de julio, «difundido y publicado» por el club y conocido por los accionistas en la última junta general, «para conseguir la paz de la familia bética y un futuro de estabilidad». En este sentido, reconoció que «admiten» una sentencia de conformidad «coincidente con lo pactado» y expuso que cabe «una sentencia plenamente acordada con la Fiscalía».
Molino defendió que la acusación no había acreditado su tesis de un plan criminal durante 15 años para apropiarse de fondos del Betis ni el abuso de acciones propias de su cargo por parte de Lopera como consejero delegado o presidente. A su juicio, las «vagas» referencias e «imprecisas» a informes periciales en su escrito de acusación «limitan el derecho de defensa hasta un limite inconstitucional».
Sobre la acusación de un delito continuado de administración desleal y otro continuado de apropiación indebida, la abogada manifestó que la práctica de la prueba debe llevarse a cabo en la vista oral y la acusación «no ha practicado prueba que desvirtúe la presunción de inocencia de los acusados».
«CONTRATOS VÁLIDOS»
En este sentido, indicó que se ha acreditado «el apoyo financiero y garantías prestados por Lopera al club». Por otro lado, resaltó la evolución de la situación económica de la entidad desde la temporada 1991-92, en la que los fondos propios eran menos 110 millones de pesetas, a los que había que añadir posteriormente la venta del estadio, situaciones de embargo, entre otros. En 2007, los fondos propios ascendía a 47,7 millones de euros.
Sobre los contratos entre el club y Tegasa y Encadesa a los que la acusación se refiere cuando dice que «no se corresponden con la realidad y que no tienen causa real y efectiva», y que no existían prestaciones para el Betis, Molino señaló que en la temporada 93-94 y en la posterior, Tegasa sufrió «pérdidas importantes». «Cómo se puede sostener que la finalidad era el traspaso de dinero del Betis a Tegasa», cuestionó la letrada, que subrayó que «son contratos válidos y eficaces».
Molino defendió la cualificación de los personas que formaron parte de los consejos de administración del Betis durante los años enjuiciados en la causa, entre los que se encuentran abogados, economistas, médicos, entre otros. «A lo largo del juicio preguntamos con reiteración si éstos podían pedir información y tenían documentación y los testigos dijeron que nadie ocultó nada, no lo pedían porque no querían», recordó.
La letrada también expuso la prestación de garantía que realizó el expresidente en contratos, préstamos, pagos de fichajes y demás, un elemento, a juicio de la defensa, «importante» y «contrapuesto a una intención delictiva». «Lopera y sus sociedades prestaron garantía de 200 millones de euros», añadió. Estos avales, según especificó la defensa, «han traído consecuencias para Lopera» con embargos y denuncias de clubes de fútbol. «Cómo se puede despatrimonializar al Betis así. Estamos en las antípodas de una administración desleal», según Molino.
Sobre el delito continuado de apropiación indebida que solicita la acusación, basándose en algunas operaciones «individualizadas», Molino argumentó que el contrato de amortización por Albert Nadj, otro de opción de compra de jugadores del CSKA y un contrato con Europeski están recogidos en una sentencia firme del juzgado de lo Penal número 10, por lo que «no cabe dos procedimientos por los mismos hechos».
En cuanto a otras operaciones expuestas por la acusación, como la rescisión del contrato de Roberto Ríos (1997), la cesión de 20.662 acciones en 1995 a Farusa como pago de una deuda «ficticia» y el pago de un delito fiscal en 2005, Molino manifestó que «no hay continuidad delictiva, ni homogeneidad en el modus operandi». La letrada, que consideró «vergonzoso» enjuiciar hechos de 1995, recordó que el delito de apropiación indebida cuenta con una prescripción de diez años, por lo que dos de estos casos estarían prescritos.
DEL SALUDO CON CHAVES A LA CRÍTICA AL PERITO
Tras un breve receso de la sesión que ha motivado que Lopera coincidiese en los pasillos de la Sección Tercera con los investigados en la pieza política de los ERE y que saludase brevemente al expresidente de la Junta Manuel Chaves, Molino abordó el informe pericial de Francisco Velasco, que consideró «alejado de objetividad e imparcialidad», por lo que imploró al tribunal que no lo tomase en consideración.
Con respecto al periodo de análisis de la pericial, de la temporada 93-94 a la 07-08, Molino indicó que los peritos «se exceden más allá de sus límites cuando perjudica a los encausados y cuando beneficiaba la tesis de la defensa se ceñían al periodo de análisis». Para la letrada, el informe «contiene un ejercicio de imaginación ajeno al derecho penal» y está «tendenciosamente incompleto».
«¿PARA QUIÉN SON LOS SEIS MILLONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL?»
La defensa preguntó a la acusación «para quién son los seis millones que pide al expresidente como responsabilidad civil», pues Béticos por el Villamarín «no tiene legitimación y no es la perjudicada» y el Betis, el perjudicado, ha reconocido públicamente «que ha sido resarcido económicamente» con el acuerdo del 28 de julio, por lo tanto «no cabe condena a indemnización alguna».
Molino solicitó las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño. Esta segunda, a su juicio, está más que acreditada después de que con la firma del acuerdo transaccional del 28 de julio, el Betis, la parte perjudicada, y las otras acusaciones, la Liga de Juristas Béticos y Por Nuestro Betis, desistieran del proceso y renunciaran a las acciones penales y civiles. Además, recordó que el fiscal «no reclama responsabilidad civil alguna porque el perjudicado ha sido satisfecho».
Por último, la defensa de Lopera solicitó la condena en costas a la acusación particular de Béticos por el Villamarín, cuya actuación calificó de «pertubadora y temeraria». «Si este juicio sigue abierto es por la conducta de la acusación particular», concluyó.
El juicio continúa este miércoles a las 9.30 de la mañana con los informes finales de las defensas del resto de acusados.