Lopera pide al juez la expulsión de BxV, PNB y Liga de Juristas

El juicio contra Manuel Ruiz de Lopera y otros siete acusados por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y alzamiento de bienes durante su gestión en el Betis entre 1993 y 2008 ha empezado este martes en la Audiencia Provincial de Sevilla. La maratoniana lista de sesiones ha comenzado con las cuestiones previas y el protagonismo está siendo para la abogada de Lopera, Encarnación Molino, que ha sido contundente en su presentación: ha exigido la expulsión de Béticos por el Villamarín (BXV), Por Nuestro Betis (PNB) y Liga de Juristas Béticos y ha solicitado la nulidad del informe pericial que cuantificó el daño económico que el expresidente provocó al Betis durante su gestión.

«Se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial y efectiva al haberse admitido la legitimación de las asociaciones como acusaciones particulares. BXV, PNB y Liga de Juristas. Acusación debe ser quien ha sido ofendido o perjudicado. Está reservada a la víctima o perjudicada directa, al sujeto pasivo del delito. No es suficiente tener un interés legítimo. Es necesario que sea ofendido o perjudicado por el delito. Los perjudicados indirectos, como cualquier persona, podrán ejercer la acción popular», ha explicado Molino.

«Los delitos de administración desleal, apropiación indebida y alzamiento de bienes serían susceptibles de provocar un perjuicio al Betis. Las asociaciones personadas, que ni siquiera existían al tiempo de cometerse los hechos, no han sufrido ningún perjuicio directo ni han sido víctimas pasivas del delito. Sus asociados tampoco son víctimas o perjudicados. Algunos son meros simpatizantes o aficionados béticos. Los accionistas podrían tener un perjuicio indirecto o colateral, como la hipotética pérdida de valor de sus acciones, pero ningún accionista está personado en el procedimiento a título individual. El Betis es el único perjudicado directo», ha añadido.

La letrada también ha considerado «absurdo» que las asociaciones pidan una indemnización que no es para ellas, sino para un tercero: el Betis. «Las asociaciones mantienen una posición insostenible porque es imposible reclamar una indemnización a favor de un tercero al que no representan. No reclaman nada para ellas ni sus asociados porque no son perjudicados por el delito. Resulta insólito. Más que insólito, es absurdo y jurídicamente insostenible. Quienes no son perjudicados por un delito no pueden aparecer como acusación particular. Y sorprendentemente reclaman cantidades para un tercero que está personado en este procedimiento. Y reclaman más de lo que el propio Betis reclama (15 millones)», ha alegado.

«Conclusión: las asociaciones deben ser expulsadas del procedimiento al no poder ejercer la acusación particular y que sean condenadas al pago de las costas», ha sentenciado.