Una negociación viva

El futuro del Betis no sólo depende de lo que hagan Gustavo Poyet y sus futbolistas, aunque por supuesto el resultado deportivo es fundamental en el devenir del club. El futuro del Betis también depende de los juzgados, donde se dilucidan desde hace años asuntos tan cruciales como la legitimidad de 36.869 acciones de Manuel Ruiz de Lopera o la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida y administración desleal por su parte entre 1993 y 2008, que irán a juicio a partir de abril del próximo año. O puede que no. Al mismo tiempo que esos procesos siguen su lento discurrir, las partes mantienen vivos los contactos extrajudiciales por si existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo para que las acciones de Lopera pasen a ser propiedad del Betis. Es una negociación interminable, aunque no inviable, y en las últimas semanas ha habido novedades.

El punto de partida es que los contactos entre los abogados han sido constantes incluso después de que el preacuerdo que alcanzó el expresidente Juan Carlos Ollero con los representantes legales de Lopera fuese rechazado por varios de los afectados. Uno de los motivos básicos de que aquella negociación acabase en el limbo, según sus críticos, fue que el entonces dirigente no contó con una pata clave en todo este embrollo: Luis Oliver. Esa premisa ha sido ‘corregida’ en esta nueva etapa del diálogo entre los letrados, que ha sido continuo porque raro es el día que, por el propio desempeño de su trabajo, no se cruzan en los juzgados. Pero hay trato más allá de esos contactos informales. De hecho, en las últimas semanas han sido más serios y huelga decir que con pleno conocimiento de los actuales rectores del club.

Las partes, como es lógico, mantienen lo que hablan en el casi más estricto de los secretos porque cualquier dato que trascienda puede dar pie a equívoco o frustrar una negociación peliaguda que exige el OK de muchos actores: el Betis; Lopera y su bufete, el poderoso Montero-Aramburu; las tres plataformas que dieron pie a la causa penal cuyo juicio se celebrará en 2017, cada una con sus circunstancias particulares; y los 17 accionistas que abrieron la causa que decidirá si Lopera es el dueño del 31,38% del capital social.

El secretismo fue roto ayer parcialmente por el entorno de Lopera, que a través de una cuenta afín en las redes sociales filtró que el expresidente ha rechazado una oferta de 12 millones de euros por todas sus acciones a cambio de finiquitar los pleitos en que está involucrado. En realidad, la propuesta en cuestión es superior y no sólo atañe a Lopera, sino también a Bitton Sport. Un acuerdo sin contar con la sociedad de Oliver, que sigue defendiendo que Farusa le vendió su 51,34% en 2010, es un acuerdo inútil.

Son muchas las aristas de esta negociación que sigue viva y que algunas fuentes ven próxima a un acuerdo, aunque el equilibrio es tan frágil que puede romperse con cualquier mínimo movimiento. Y de fondo, el complejo escenario judicial. Son las dos vías: o hay acuerdo o resolverán los jueces. Una vez decidida la culpabilidad del concurso, con duras penas para Lopera (ocho años de inhabilitación) y Oliver (quince años), falta que el Mercantil dicte sentencia sobre ese 31,38%, cuya suspensión cautelar facilitó el ascenso de Ángel Haro y José Miguel Catalán al poder. El juicio se celebró en la primavera de 2015, así que es un año y medio de espera... Y de dudas.