La jueza pide un informe al fiscal antes de decidir a quién procesa por el caso Maynar de dopaje en el ciclismo

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres, Aída María de la Cruz de la Torre, que investiga un supuesto "grupo criminal" liderado por el médico Marcos Maynar, -a quien se le acusa de suministrar sustancias dopantes a ciclistas profesionales-, ha reclamado a la Fiscalía que emita su informe final sobre las siete personas que están investigadas en el procedimiento, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Una vez tenga a su disposición el escrito del Ministerio Público, la magistrada decidirá si procesa o archiva las acusaciones, destacan las fuentes consultadas.

Entre los investigados resalta la participación de un colaborador del facultativo que trabajaba de ayudante de Maynar en la Universidad; pero también la del exciclista profesional y ex director deportivo Vicente Belda; que según la acusación de la Fiscalía habría actuado de intermediario. El hijo de este último Vicente Belda García, que fue empleado del equipo ciclista Astana, es otro de los sospechosos.

En este procedimiento nunca ha estado imputado el ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López. Sin embargo, fue despedido de Astana por su "probable conexión" con el polémico facultativo. En julio de 2023 la Unión Ciclista Internacional (UCI) suspendió al deportista sudamericano por "uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas al Giro 2022". El club patrocinado por el Gobierno de Kazajistán también prescindió de los servicios de Vicente Belda García.

"Primer nivel"

Fuentes del caso explicaron a esta redacción que la transcripción de las conversaciones grabadas por la Unidad Central Operativa (UCO) por orden judicial evidencian los vínculos que mantenían ciclistas "de primer nivel" con los presuntos responsables de la red de dopaje. Otras fuentes cercanas a los acusados niegan que los Belda aparezcan en las grabaciones que hizo la Guardia Civil durante la ronda italiana de 2022.

El pasado 9 de noviembre, el equipo Cara Rural-Seguros RGA anunció que había presentado una denuncia ante la Guardia Civil al considerar que había sido víctima de "una difusión parcial, sesgada y descontextualizada de un informe policial" incluido en el caso Maynar. El escrito defendía que la información aparecida se refería "a una pequeña parte de un procedimiento judicial de investigación de posibles delitos contra la salud pública y el deporte en el que no aparece implicado ni el equipo ni ninguno de sus miembros".

La difusión de esta documentación, prosigue el equipo en su comunicado, se amparó en el anomimato "con el único objetivo de perjudicar al equipo y sus componentes" y con "el ánimo de dañar la reputación de Caja Rural-Seguros RGA".

Guardia Civil

Las pesquisas policiales se iniciaron después de que agentes de la UCO detectaran en enero de 2021 que el facultativo Marcos Maynar, en colaboración con otras personas que actuaban como intermediarias, recibían y enviaban paquetes postales que portaban sustancias supuestamente prohíbidas, según especifica un auto de 13 de octubre de 2022 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, cuyo contenido adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Uno de los paquetes contenía capsulas que incluían ácido dicloroacético y Actovegin Forte, sustancias cuyo uso no está autorizado en España. Por este motivo la jueza y los magistrados de Cáceres consideraron que podrían estar cometiendo “un presunto delito de tráfico ilícito de medicamentos.