Fútbol
Una década después del asesinato de Jimmy: sin juicio y sin imputados
La muerte de Francisco Javier Romero Taboada alcanza los diez años sin que se haya procesado a los sospechosos
La Audiencia de Madrid evitó el año pasado el archivo
Marcos Otero
El domingo 30 de noviembre de 2014, Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, aficionado del Deportivo de 41 años fallecía a consecuencia de los golpes recibidos en una paliza mortal y después de ser arrojado al río Manzanares por radicales del Atlético de Madrid. Diez años después de aquellos sucesos que conmocionaron al fútbol español y dejaron una herida profunda a nivel social en el deportivismo, no se ha celebrado un juicio ni se ha imputado a ninguno de los sospechosos señalados por la investigación policial.
El procedimiento está ahora en manos del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, pendiente de una prueba pericial después de que la Audiencia Provincial revocara en octubre del año pasado el segundo archivo de la causa. Ha sido una constante en todo el proceso, que ha avanzado a trompicones desde aquella fatídica mañana de hace una década a orillas del Manzanares.
Atlético y Deportivo iban a disputar ese mediodía en el antiguo estadio Vicente Calderón su partido correspondiente a la decimotercera jornada del campeonato. A pesar de que desde primera hora de la mañana las informaciones ya apuntaban a un seguidor coruñés fallecido en la pelea multitudinaria entre radicales de ambos equipos, el encuentro se jugó igualmente.
Romero Taboada fue la víctima fatal de aquella reyerta que derivó en varios heridos más, algunos de ellos por arma blanca, y otro seguidor deportivista arrojado al río. Las consecuencias no se hicieron esperar y el Atlético, por boca de su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, garantizó que expulsaría de su estadio a los radicales del Frente Atlético. Diez años después continúan protagonizando altercados como los incidentes racistas en el partido de esta temporada frente al Real Madrid y con algunos de los señalados en la investigación por la muerte de Jimmy como cabecillas del grupo ultra de ideología neonazi.
El Deportivo decidiría dejar desierta la grada de los Riazor Blues en los siguientes dos partidos, en una medida que abriría una importante brecha entre la directiva de Tino Fernández, nombrada tan solo unos meses antes, y un sector de la afición blanquiazul.
Los Blues negaron la versión de una quedada para enfrentarse a los radicales atléticos y defendieron que se trató de una emboscada. La autopsia determinó que Romero Taboada había fallecido a consecuencia de los golpes recibidos antes de ser arrojado al río, de donde fue rescatado por los equipos de emergencia. Diez años después los sospechosos de propinarle esa paliza mortal ni siquiera han sido procesados.
Los sucesos en las inmediaciones del Manzanares esa mañana se dividieron en dos piezas diferentes: la del asesinato de Jimmy y la relacionada con la riña tumultuaria, clausurada en 2022 con penas menores para alrededor de 70 ultras que admitieron su participación.
El procedimiento principal regresó en octubre del año pasado al Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, que había decretado el archivo de la causa en hasta dos ocasiones (2018 y 2022) sin encontrar a los responsables de la muerte de Romero Taboada. La Audiencia Provincial ordenó reabrir la causa a raíz del testimonio de una testigo.
Esta mujer aseguró en 2017 que su entonces pareja, Diego P., presumió en una fiesta que reunía a varios miembros del Frente Atlético de haber arrojado al aficionado coruñés al Manzanares. "Yo tiré a Jimmy al río, yo lo tiré... Mira ese soy yo... Sí, yo lo tiré, yo me lo cargué", indicó la testigo que había manifestado el radical rojiblanco mientras visionaba con varias personas más imágenes de lo ocurrido aquella mañana del 30 de noviembre de 2014.
El juzgado de instrucción desestimó esa declaración, pero la Audiencia Provincial ordenó el año pasado que se tuviera en cuenta para frenar el archico de la causa.
Hay otros indicios que involucran a miembros del Frente Atlético en la paliza mortal a Jimmy, como el mensaje que el por entonces menor Alvaro G.C., Kit Kat, ahora identificado como uno de los cabecillas del grupo ultra rojiblanco, le envió a su entonces novia. "Le hemos reventado, sin porra me he quedado, le he pegado un palizón a uno", le escribió.
A pesar de esos indicios que señalan a algunos de los involucrados, la instrucción se ha dilatado en los juzgados durante esta década tras amagos de archivo tumbados por instancias superiores. Ahora el procedimiento está pendiente de una prueba que debe aportar LaLiga a través de un informe pericial que permita identificar a los participantes en la paliza mortal a Jimmy a partir de las imágenes disponibles de aquella mañana.
El resultado determinará si al menos se inicia una vista oral para identificar a los responsables del asesinato después de un proceso lastrado por diez años y un goteo de jueces diferentes en la instrucción.
LaLiga cambió sus mecanismos de seguridad
El asesinato de Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, provocó que las instituciones modificaran sus mecanismos de prevención para evitar que se repitieran sucesos como los ocurridos en el Manzanares hace diez años. El organismo presidido por Javier Tebas, personado en la causa que instruye el asesinato del aficionado coruñés, modificó sus procedimientos y organigrama, "mostrando un compromiso firme para atajar la violencia dentro y fuera de los estadios", según ha trasladado LaLiga a este diario.
En enero de 2015, la patronal creó una Dirección de Seguridad que incluye la figura del director de partido, encargado de comprobar en cada compromiso del campeonato que se cumplen las normativas en prevención de la violencia y la xenofobia, y que pueden desembocar en sanciones económicas para los clubes por parte de la Comisión Antiviolencia.
LaLiga subraya que los resultados de estas medidas han llevado a que muchos de los grupos que incumplen las normativas no puedan exhibir en los estadios su simbología. Además, a finales de 2015, se creó el reglamento para la venta de entradas visitantes, de forma que deben ser nominativas y rastreables.
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