Sareb ante la disyuntiva en 2027: disolverse o prorrogar su duración

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como la Sareb, fue la fórmula escogida por el gobierno de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, para rescatar al sistema financiero española tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Constituida en 2012, esta sociedad, popularmente articulada como un ‘banco malo’ no fue una idea española, sino que también se aplicó en países como Irlanda.

Con únicamente 15 años de vida por delante, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) retiró de las antiguas cajas de ahorros todos los préstamos vinculados al ‘ladrillo’ promotor, transmitiéndole a una sociedad mixta entre el sector público y el sector privado. La valoración que se le dio en la época a todos los préstamos e inmuebles que se incluyeron en la Sareb fueron alrededor 50.000 millones. Diferentes fuentes aseguran que hubo una sobrevaloración, con respecto a lo que realmente valían los activos.

El nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez será el que deba decidir qué depara el futuro a la entidad controlada mayoritariamente por el Frob desde 2022, como consecuencia de que Eurostat obligase al Ministerio de Economía a contabilizar la deuda de la sociedad como pública. La decisión del futuro de Sareb será sí o sí española y, más allá de las presiones que existan, no será de la Unión Europea, la famosa ‘troika’ o los ‘hombres de negro’, que siguen supervisando periódicamente el rumbo de la empresa público-privada.

Liquidarse, la primera opción y menos factible

La primera opción que hay sobre la mesa para Sareb sería su disolución a través de una liquidación. Esto supondría vender de forma apurada y, seguramente, a precio de saldo todos los activos que tiene la entidad en su poder. Aquí se incluye una cartera de activos tangibles, como edificios construidos y terrenos, pero también préstamos impagados y pendientes de ejecutar para adjudicarse el bien inmobiliario que tengan como garantía.

Aunque esta opción acarrearía una negativa carga reputacional, es la menos factible por el agujero que haría en las cuentas del Estado. Sareb tiene alrededor de 30.000 millones de deuda avalada por las cuentas públicas. Si la caja que queda en la empresa en una hipotética disolución no da para hacer frente a ella íntegramente, será España la que la afrontará. Por ende, si se venden los activos con un excesivo descuento, la factura a pagar será aún mayor.

Extender el plazo, la opción fácil y factible

La decisión de qué ocurrirá en 2027 la deberá tomar el Frob, y por ende el Ministerio de Economía, al menos dos años antes. La solución sencilla y que estará sobre la mesa será modificar su fecha de disolución. De esta forma, se alargaría el plazo para que Sareb y sus socios siguiesen realizando su labor industrial de ejecutar las garantías de los préstamos impagados y proceder a la venta de los activos, algo que hoy en día ocupa alrededor del 85% de su actividad.

Esto implica que será Nadia Calviño, o su sucesor/a en el cargo si ella se convierte en la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la que tome la decisión. Nadie sabe qué ocurrirá y, ni siquiera parece que esto sea una gran preocupación para el recién aterrizado Ejecutivo, que dispondrá de tiempo aún para prensar. Extender el plazo sería una patada hacia adelante, que sin duda daría más margen para maximizar la monetización de los activos, siempre y cuando no se desarrolle un ciclo bajista en el sector que haga que los valores vuelvan a caer.

Repartir entre comunidades y ayuntamientos

La tercera opción sería repartir entre las diferentes administraciones los activos que quedan en Sareb. A priori, los suelos tendría sentido que acaben en manos de la propia entidad estatal de suelo Sepes, que es una empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Por otro lado, las viviendas no podrían terminar en esta sociedad no gestiona inmuebles residenciales, ya que las competencias son de las comunidades y ayuntamientos.

Una posibilidad sería transmitir a la administración local y regional estos activos, pero cabe la posibilidad de que no las quieran, como ya ocurrió con los convenios. Los convenios fueron un programa impulsado por Sareb, en el que cedían a las administraciones viviendas para destinar al alquiler social, recibiendo una pequeña contraprestación económica por ella. Este programa no funcionó, ya que nunca se llegó al objetivo que panteado: hay 2.000 inmuebles de los 15.000 planteados. Otra opción que podría tener sentido es que la entidad creará 'spin off' (filial separada de la matriz), que agrupe toda la vivienda social y se convierta en un operador público en aquellas comunidades que no quieran recibir el traspaso de los inmuebles.