Las grandes eléctricas presionan al Gobierno para dar cabida en la red a centros de datos e industria

El Gobierno lanzó en diciembre del año pasado una propuesta de ampliación de la red eléctrica para dar acceso a grandes proyectos industriales puntuales, como el Valle Andaluz del Hidrógeno que se proyecta entre Algeciras y Huelva. Pero las grandes eléctricas quieren extender esa modificación a nuevas demandas, como los centros de datos o industrias que buscan descarbonizarse y afirman que las actuaciones planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica apenas llegan al 5% de sus necesidades.

En concreto, el interés de nueva demanda por 'enchufarse' a la red asciende a 6.000 megavatios (MW) de potencia, según defienden en un 'manifiesto' publicado este jueves por Aelèc, patronal de Endesa, Iberdrola y EDP, gestoras de la red de distribución junto a Naturgy. También firman la petición la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos (AFBEL), la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME) y la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (CIDE).

Las distribuidoras son las encargadas de llevar la electricidad desde la subestación eléctrica a los centros consumo, a través de líneas eléctricas de media o baja tensión; pero las subestaciones se conectan con los centros de generación (centrales eléctricas) a través de la red de transporte o red de alta tensión, que gestiona Red Eléctrica. Por tanto, las distribuidoras necesitan a la red de transporte si quieren ampliar sus propias redes de distribución. Pero el Gobierno es el encargado de su planificación por sexenios.

El coste de las redes corre a cuenta de los consumidores, que lo pagan a través de la factura de la luz (componente de peajes), por lo que a más líneas, mayor coste. La última planificación de la red se aprobó en 2022 para el periodo 2021-2026. Pero hace un año y medio, el Ministerio para la Transición Ecológica anunció que realizaría una actualización de su contenido para introducir “modificaciones puntuales” con el objetivo de “dar viabilidad a proyectos estratégicos a corto plazo”, en referencia a actuaciones consideradas urgentes derivadas del Plan de Recuperación. Por ejemplo, las plantas de vehículos eléctricos previstas por Stellantis y Volkswagen en Vigo y Sagunto, respectivamente.

En diciembre del año pasado, el Ministerio para la Transición Ecológica publicó su propuesta para recabar las opiniones de los interesados, pero esta no convence a las distribuidoras que buscan ampliarla. “La propuesta no está alineada con las nuevas necesidades de la demanda y debe enmendarse de una forma sustancial, haciendo uso de todos los recursos económicos disponibles y corrigiendo cualquier limitación regulatoria que impida su aplicación”, aseguran las compañías.

Las eléctricas llevan meses pidiendo poner el foco en las nuevas solicitudes de demanda procedentes de grandes industrias y centros de datos, que consumen grandes volúmenes de energía y quieren instalarse en este país en busca de una luz barata. Sobre todo, ante la bajísima demanda eléctrica de los últimos meses. Defienden adelantar la planificación a las inversiones, para atraerlas, y poder revisarla de forma habitual, casi mensualmente, en vez de cada seis años, según fuentes de estas compañías. Pero el Gobierno no parece muy por la labor: en diciembre alertó de una posible burbuja en el interés por acceder a la red y ha anunciado una nueva planificación vinculada al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que aunque conviviría con la vigente, será para el periodo 2024-2030.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio la semana pasada su beneplácito a la propuesta de modificación del Gobierno en un informe que, no obstante, incorpora algunos matices como "reconsiderar la urgencia de inclusión" de la actuación en el caso de Vigo o incluir un análisis de impacto económico más fiable en el caso de Algeciras. Tras recibir este informe y el de las comunidades autónomas, el departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera debe redactar un documento final, con las modificaciones que considere pertinentes, para su aprobación en el Consejo de Ministros. Al tratarse de un cambio de la planificación vigente no tiene que pasar por la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados.