Control sobre la evasión fiscal
Hacienda ampliará las campañas de avisos para evitar incidencias en el IRPF
La Agencia Tributaria ampliará la vigilancia a los operadores extranjeros que venden a través de plataformas de comercio electrónico
Una oficina de la Agencia Tributaria.
Agustí Sala
Hacienda ampliará las campañas de avisos en el IRPF para facilitar la corrección de incidencias en las declaraciones antes de una eventual actuación de la Agencia Tributaria, dentro de las acciones para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, según las directrices del plan de control tributario para este año publicado por el boletín oficial del Estado (BOE). En las últimas campañas de la renta se han producido envíos de cartas a dueños de viviendas de alquiler, entre otros, para recordarles que hay que consignar los ingresos por esa actividad en la declaración.
Además, tras impulsar en 2023 la simplificación del lenguaje de los documentos utilizados con mayor frecuencia en su relación con el contribuyente, la Agencia va a continuar en esa línea con los de acuerdos de aplazamiento y las providencias de apremio. Las directrices destacan también el inicio en 2024 de un modelo unificado de prevención y control con el foco puesto en el cumplimiento voluntario, incrementando la coordinación de las actuaciones de los órganos de control intensivo y extensivo, evitando a los contribuyentes cargas indirectas excesivas mediante un sistema de segmentación del censo y enfocando en todo momento la comprobación de las actividades económicas hacia los contribuyentes que mayor riesgo presenten.
También se ha dado un nuevo paso para estrechar el control sobre el comercio electrónico. Y, en concreto, sobre los vendedores extranjeros que simulan estar en España, operan a través de plataformas digitales y eluden el pago del IVA. Esa es una de las directrices del plan de control tributario para este año que se han publicado en el boletín oficial del Estado (BOE). Estos operadores se registran aquí y son sujetos pasivos de IVA por las ventas que realizan a consumidores finales en España, pero no están realmente establecidos en territorio español y, en estos casos, son ellos y no las plataformas quienes deberían declarar e ingresar el impuesto.
Al no estar radicados en España se complica la comprobación de su tributación, afirman fuentes del fisco. Para ello, junto con la nueva obligación informativa de estas plataformas digitales, "resultará de especial utilidad el flujo de información sobre pagos transfronterizos a través de proveedores de servicios de pago", destaca la Agencia Tributaria.
Hasta que no se concrete el intercambio internacional de toda esta información, Hacienda pondrá en práctica un plan que incluye la revisión censal de los vendedores extranjeros para comprobar el cumplimiento formal de sus obligaciones, contrastes entre los volúmenes importados y las cifras declaradas en Aduana por paquetería, requerimientos internacionales específicos y selección de operadores concretos para comprobaciones inspectoras.
Neobancos
Una de las prioridades de la Agencia es reforzar sus acciones de control relacionadas con el ámbito de la economía digital y los nuevos modelos de negocio. El objetivo es intensificar los controles sobre los denominados ‘neobancos’, entidades de pago electrónico y demás sistemas de pago virtual que habitualmente están registradas correctamente en la Unión Europea (UE), pero que pueden realizar servicios financieros digitales en España sin tener presencia física alguna. Y todo ello al margen de las obligaciones de suministro de información de pagos por medio de tarjeta de débito y crédito. Ello podría implicar esquemas de elusión o fraude por parte de quienes utilizan sus servicios de cobro, interpreta Hacienda.
Junto con el control ya habitual de la tributación de los grandes patrimonios, incluyendo la posible simulación de residencia fuera de España o en una autonomía distinta de la real, que ocupa a autoridades tributarias como la catalana, se avanzará en la búsqueda de nuevas fuentes de información que puedan ser objeto de una explotación masiva mediante técnicas de explotación de datos y se reforzarán los análisis patrimoniales globales para evitar divisiones artificiales de actividad, al igual que el uso abusivo de formas jurídicas para canalizar rentas personales.
En el terreno de la economía sumergida y la ocultación de actividad se mantendrán las entradas en domicilios sociales de empresas con la correspondiente autorización administrativa o judicial y se incidirá en contribuyentes que no admitan pagos por medios bancarios, con ventas a consumidor final o con signos externos de riqueza, patrimonio, rentabilidad o información financiera incoherentes con lo declarado. También se incidirá sobre las entidades artificialmente creadas para generar facturas falsas y sobre los bienes ocultos detrás de la actividad propia de fundaciones.
En relación con posibles conexiones entre la utilización de criptomonedas y los negocios ilícitos o el fraude fiscal, se mantendrá la estrategia de captación de información a través de las empresas intermediarias de la inversión y el pago.
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