El Gobierno apuesta por una recuperación gradual de la fiscalidad de luz y gas en 2024

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles una subida escalonada de la fiscalidad sobre la energía hasta recuperar los niveles previos al estallido de la crisis energética: así, han acordado elevar el IVA sobre la electricidad desde el 5% actual hasta el 10% durante todo 2024; el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) pasará del 0,5% actual al 2,5% durante el primer trimestre del año y en el 3,8% durante el segundo; y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener un 5,25% hasta junio.

En el caso de los suministros de gas natural, el IVA se situará en el 10% durante los primeros tres meses de 2024 a partir de cuando "recuperará los niveles normales (21%)", según ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior a la última reunión de ministros del año, en la que ha anunciado el octavo paquete de ayudas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Ucrania. En el caso de los combustibles de biomasa se mantendrá al 10% durante seis meses.

Sánchez ha justificado la retirada de estas rebajas fiscales “ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía en el último año". "Hace dos años, en vísperas de la invasión de Putin en Ucrania el precio del megavatio-hora en nuestro país alcanzaba los 360 euros, el pasado viernes era siete veces inferior (51,8 euros). Las cifras hablan por sí solas y también hablan de la consistencia del compromiso de este Gobierno con las crisis que vienen de fuera de nuestras fronteras", ha defendido.

El mandato europeo pasa por ir desmontando las medidas fiscales que se adoptaron para compensar los efectos de la crisis energética, pero el Ejecutivo quiere evitar provocar con ello un nuevo repunte de los precios en pleno proceso de desinflación. Y de ahí que apueste por una retirada "gradual" durante el primer semestre del año próximo. El INE ha calculado que las rebajas fiscales sirvieron para restar 3 décimas a la inflación de 2022 y otras tres a la 2023 (hasta noviembre). Su desmantelamiento podría tener, a partir de ahora, un impacto al alza de dimensión similar.

Contención en el gasto

El nuevo decreto 'anticrisis' incluirá una contención del gasto fiscal de luz y gas porque en ambos casos la base imponible sobre la que se calcula el gravamen será inferior ahora que en los dos últimos años por el abaratamiento de ambos suministros. No obstante, el Gobierno pretende echar mano de la inmensa 'hucha eléctrica' de 6.000 millones de euros generada en 2022 --y la que pueda registrarse en 2023-- para costear la mayoría de las medidas energéticas, en compañía de "partidas específicas recogidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado", según informa el Ministerio para la Transición Ecológica.

La reversión total de los impuestos de la factura de luz y gas tendría un impacto presupuestario estimado en unos 3.500 millones para un ejercicio completo, según se desprende de las estimaciones incorporadas por el propio Ministerio de Hacienda en el reciente Plan de Reequilibrio de los Presupuestos del Estado.

Protección a los vulnerables

Una de cal y otra de arena. Al mismo tiempo que desmonta las rebajas de impuestos, el Gobierno mantiene otras medidas, de impacto presupuestario más limitado, pero dirigidas a "mejorar la vida de la gente en medio de la incertidumbre" derivada ahora no solo de la guerra de Ucrania sino también del conflicto en Oriente Medio, según ha defendido Sánchez. Entre ellas destaca la protección a los consumidores más vulnerables, a través de la prohibición al corte del suministro, creada con la pandemia, o la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico y térmico y el mantenimiento de las tres categorías de perceptores existentes hasta ahora.

También se prorroga seis meses el límite al crecimiento de la tarifa regulada de gas (TUR) y la TUR específica para las comunidades de vecinos y el descuento del 80% en los peajes de las empresas electrointensivas, y se mantienen los cargos en el recibo de los consumidores domesticos un 55% por debajo de los niveles previos a la guerra, como hasta ahora.

Y a ello se suman otras anunciadas previamente como la extensión de la rebaja del IVA de los alimentos hasta el mes de junio, que podría tener un coste cercano a los 900 millones de euros; la bonificación al transporte para jóvenes, parados y jubilados, o el cambio gratuito de hipotecas variables a fija. Y a ellas se añaden las ayudas públicas en el ámbito laboral o la suspensión de los desahucios de personas vulnerables.

Otras medidas

Pero no solo eso. El Gobierno ha aprovechado el nuevo decreto para incluir nuevas medidas relacionadas con el impulso a la transición energética, como es la inclusión de "criterios de adjudicación no económicos con una ponderación máxima del 30%" en las próximas subastas de energía renovable, en línea con el Paquete Europeo de Energía Eólica, para tratar de potenciar la producción europea frente a las importaciones de terceros países.

También ha modificado los tiempos de la tramitación administrativa que deben cumplir los nuevos proyectos renovables, con un plazo para obtener la Autorización Administrativa de Construcción del proyecto de seis meses más, hasta los 49 meses, y al prolongar desde los cinco hasta un máximo de ocho años el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación. Y la reserva del 10% de capacidad de los nudos de la red de transporte de electricidad reservada para garantizar la evacuación de los excedentes de las instalaciones de autoconsumo.

Escenario diferente

El Consejo de Ministros adapta, así, las medidas para volver a la situación precrisis, después de que el precio de la electricidad durante los primeros seis meses de 2023 fuese un 58% inferior a la media europea y el más barato de los últimos 13 años, situación similar en el caso del gas, según Eurostat.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre los precios de la electricidad se ubicaron el 13,6% por debajo de los de 2022 y los del gas natural son el 19,7% más bajos que hace un año. Ese abaratamiento hace que el nuevo decreto que ha aprobado este miércoles el Consejo de Ministros incluya una contención del gasto fiscal de luz y gas porque en ambos casos la base imponible sobre la que se calcula el gravamen será inferior ahora que en los dos últimos años.

Hasta 3.500 millones

La reversión de los impuestos sobre la luz --IVA, impuesto especial e impuesto sobre la producción-- tendría un impacto positivo de unos 3.100 millones de euros durante 2024, a razón de unos 1.000 millones en cada caso, mientras que el IVA del gas sumaría 394 millones. En total, la recuperación de la fiscalidad original sobre la energía pemitiría una recaudación de 3.500 millones (para un año completo), según se desprende de las estimaciones incorporadas por el propio Ministerio de Hacienda en el reciente Plan de Reequilibrio de los Presupuestos del Estado.

En contrapartida, la recuperación de la fiscalidad original sobre la energía irá acompañada, inevitablemente, de un repunte de la inflación. El INE ha calculado que las rebajas fiscales sirvieron para restar 3 décimas a la inflación de 2022 y otras tres a la 2023 (hasta noviembre). Desmontar las rebajas fiscales podría tener, a partir de ahora, un impacto al alza sobre la inflación de dimensión similar.

Rebajas escalonadas desde el 1 de julio de 2021

La rebaja del IVA sobre la electricidad fue la primera medida anunciada para mitigar el impacto de la escalada de precios de la luz en la primavera de 2021, cuando Rusia había empezado a hacer presión sobre el grifo del gas pero nadie presagiaba aún que esa subida de precios acabaría unos meses más tarde en la invasión de Ucrania. Fue en junio de ese año cuando los precios de la electricidad en el mercado mayorista ascendieron hasta los 83 euros, frente a los 65 euros de media de los dos meses anteriores, y el Consejo de Ministros acordó rebajar el IVA del 21% al 10% y suspender el impuesto del 7% sobre la generación de electricidad, que se dirige a las empresas y estas trasladan a la factura.

Pero la escalada de precios no cesó. Ese verano, la electricidad alcanzó los tres dígitos y el Gobierno puso en marcha nuevas medidas. Entre ellas, bajar el impuesto especial de la electricidad del 5,11% al 0,5% (el mínimo posible) o el recorte a los ingresos excesivos de las centrales hidráulicas y nucleares, para contener las tarifas que ofrecían las compañías a sus clientes en los contratos a precio fijo y que las compañías prevén que se mantenga durante el próximo año. Tras el inicio de la guerra de Ucrania, en marzo de 2022, y con unos precios diez veces superiores a la media precrisis –la electricidad marcó un máximo el 8 de marzo de 544,98 euros y el gas el día 7 ascendió a 214,36 euros-- llevó al Gobierno a decidir una nueva rebaja del IVA de la electricidad, hasta el tipo mínimo del 5% en junio de 2022) y a crear la denominada por el Gobierno como ‘excepción ibérica’, que buscaba evitar el contagio del precio de esta materia prima sobre el precio de la luz en España y Portugal.

En otoño de 2022, después de marcar nuevos máximos a finales de agosto y el temor a un alza de los recibos de la calefacción a las puertas del invierno, se extendió el tipo mínimo del 5% de IVA a la factura del gas y se subvencionó la tarifa regulada (TUR), también para las comunidades de vecinos. En este último caso, las compañías han pedido a los clientes que cambien de tarifa ante el fin de la bonificación, lo que hace presagiar que podría correr la misma suerte que otras grandes medidas diseñadas para contener el impacto de la crisis energética en los bolsillos de los consumidores y su impacto en la inflación, como la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, que finalizó en diciembre de 2022 de forma generalizada y lo hará el 31 de diciembre para el transporte.

La otra medida estrella fue la rebaja del IVA de los alimentos, que el presidente del Gobierno ha anunciado que se extenderá durante seis meses más.