La UE aprueba suavizar las exigencias medioambientales para los agricultores

Con el sonido de las protestas de los agricultores de nuevo de fondo, los gobiernos europeos han avalado este martes la relajación de los requisitos medioambientales que impone la Política Agrícola Común (PAC) para acceder a las ayudas europeas y reducir así la carga administrativa a la que se enfrenta el sector primario europeo. La medida forma parte del paquete de emergencia planteado por la Comisión Europea a mediados de marzo, que incluye la exención a las pequeñas explotaciones agrarias, de menos de 10 hectáreas, de los controles y las sanciones que acarrea el incumplimiento de condiciones.

“Dado que esto afecta al 65% de los beneficiarios de la PAC, pero sólo representa alrededor del 10% de las tierras agrícolas, reducirá significativamente la carga administrativa relacionada con los controles tanto para los agricultores como para las administraciones nacionales, manteniendo al mismo tiempo los objetivos medioambientales”, ha explicado el Consejo. En el caso de España, según ha recordado el ministro de agricultura, Luis Planas quedarán exentos unos 345.000 agricultores, más del 50% de los beneficiarios de la PAC

La decisión ha sido adoptada este martes, con la única reserva de Alemania, durante una reunión previa del Comité Especial de Agricultura, que reúne a representantes de los Veintisiete, y tendrá ahora que ser confirmada por el Parlamento Europeo por medio de la vía de urgencia con vistas a que el pleno pueda tomar una decisión en primera lectura en su última sesión plenaria, entre el 22 y 25 de abril. “Hoy es el momento de decidir”, ha recordado Planas que ha avanzado que una vez se adopte formalmente el paquete se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.

“Hemos escuchado a nuestros agricultores y hemos tomado medidas rápidas para responder a sus preocupaciones en un momento en que se enfrentan a numerosos retos. La revisión específica de las normas establece el equilibrio adecuado entre una mayor flexibilidad para los agricultores y los Estados miembros y la reducción de la carga administrativa, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de ambición medioambiental en la Política Agrícola Común”, ha destacado por su parte el ministro belga David Clarinval, que ha vivido este miércoles la tercera gran manifestación de agricultores belgas que, con unos 250 tractores, han intentando paralizar el centro de la ciudad.

Reglas más simples

El objetivo de la revisión es dotar al sector de la flexibilidad que reclama para cumplir con las nueve condicionalidades agrarias y medioambientales que se les exigen a cambio de los subsidios agrarios. Los cambios introducidos en la normativa permitirán a los Estados miembros introducir derogaciones temporales y específicas en caso de que los agricultores no puedan cumplir en caso de condiciones climáticas imprevistas como sequías o inundaciones. Además, la revisión también permitirá a los gobiernos adoptar exenciones específicas respecto a tres demandas concretas de los agricultores.

En primer lugar, los Estados miembros tendrán más flexibilidad para decidir qué suelos proteger y en qué estación, en función de las especificidades nacionales y regionales. En segundo, y aunque la rotación de cultivos seguirá siendo la práctica principal, los Estados miembros podrán utilizar la diversificación de cultivos como alternativa, una medida exigente para los agricultores, especialmente en zonas sujetas a sequía o a precipitaciones elevadas. Por último, los agricultores sólo estarán obligados a mantener elementos no productivos como árboles y se les animará, de forma voluntaria, a mantener las tierras en barbecho o a crear nuevas características paisajísticas mediante planes ecológicos.

Según ha celebrado el ministro Planas, la revisión recoge “enteramente todas las peticiones del Gobierno español". Aún así, ha defendido “seguir avanzando” con otras propuestas menos avanzadas. Es el caso de la reforma de la directiva sobre prácticas comerciales desleales que augura se convertirá en el futuro en el tercer pilar de la PAC, después de las ayudas directas y el desarrollo rural. Según Planas, la revisión debe incluir medidas que ya ha incluido España en la ley de la cadena alimentaria como los contratos por escrito, la creación del observatorio de la cadena alimentaria para los costes, precios y márgenes empresariales y lo relativo a las transacciones dentro de la UE que deben ser reforzadas.