Hereu reitera su intención de alcanzar un gran pacto de Estado por la industria

Impulsar un gran pacto por la industria para reindustrializar España con los fondos europeos como principal instrumento. Ese es el objetivo principal del nuevo ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para la legislatura, según ha defendido en su primera intervención en la comisión del ramo en el Congreso de los Diputados. El objetivo no es nuevo, ya la ministra Reyes Maroto anunció tal cosa en 2018, y tampoco la manera de hacerlo, pues el ministro ha dedicado el grueso de su discurso a enumerar las próximas convocatorias de los proyectos estratégicos (PERTE, según la jerga del Ejecutivo). La mayoría de parlamentarios han criticado al ministro que haya enumerado ayudas y proyectos existentes.

El ministro ha anunciado una tercera convocatoria del PERTE de vehículo eléctrico y conectado dotada de 300 millones antes de abril (200 millones en ayudas y 100 millones en préstamos) y una cuarta, con 1.250 millones (250 millones en subvenciones y 1.000 millones en préstamos) para el segundo semestre del año. Además, ha asegurado que el Ejecutivo trabaja en "dar continuidad a las ayudas para incentivar la compra de vehículo eléctrico y simplificar y ampliar la infraestructura de recarga" en relación con el Plan Moves.

También ha avanzado que habrá una nueva convocatoria del Perte agroalimentario en "los próximos meses" y una nueva convocatoria del Perte de microchips y semiconductores "a lo largo de 2024" con 200 millones de euros adicionales en subvenciones. "A esto se añade la convocatoria resuelta del Perte naval de 81 millones de euros a 65 proyectos y del Perte de salud de vanguardia que gestiona 18,5 millones de euros a 19 proyectos", ha agregado.

Además, Hereu ha anunciado que la primera convocatoria del Perte de la descarbonización, dotada de 1.000 millones de euros (500 millones de préstamos y 500 de subvenciones) ha recibido "hasta el viernes pasado un total de 88 solicitudes", así como una nueva convocatoria "en el primer semestre de este año" para "nuevas instalaciones manufactureras altamente descarbonizadas" y una segunda convocatoria en el segundo semestre de 2024 de ayudas para proyectos que se ejecuten "más allá de 2026".  

Factura de la luz

Lo más concreto del discurso del ministro ha sido el anuncio de un incremento del 25% de las ayudas a la factura de la luz de la industria electrointensiva por las emisiones de CO2 hasta los 300 millones de euros. Se trata del mecanismo por el que se compensa a determinadas empresas grandes consumidoras de energía con un reembolso parcial de los costes indirectos de emisiones de C02.

Según ha destacado Hereu, hasta 2018 la compensación por estas emisiones era de 6 millones de euros, mientras que en 2022 y 2023 se situó en 244 millones de euros. Pero lo que no dijo el ministro es que en 2018 el precio de los derechos de emisión de CO2 era de 4 euros por tonelada, mientras que en 2021 se disparó a los 50 euros. El año pasado se situó en el entorno de los 80 euros y de ahí el incremento de la compensación, de acuerdo con la Comisión Europea. Pero tanto el Partido Popular como el Partido Nacionalista Vasco han criticado la insuficiencia del incremento. Ambos han recordado que la Comisión Europea permite a los países destinar el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de CO2, que en el caso de España podrían ascender a un máximo de 850 millones de euros a tenor de los 3.200 millones de euros ingresados en 2022 por este concepto.

Ley de industria

Por otra parte, Hereu ha abierto la puerta a modificar el anteproyecto de ley de industria con "algunas aportaciones recibidas" para tratar de aprobar esta norma con el "más alto consenso posible". El borrador de la futura ley de industria, aprobado a finales de diciembre de 2022 por el Consejo de Ministros, obliga a las empresas beneficiarias de ayudas públicas a mantener su actividad productiva en este país durante 5 años en el caso de grandes empresas y de 3 años si son pymes para evitar la deslocalización de grandes fábricas como Alcoa o Vestas.

"Nos gusta la música, pero nos preocupa pasarlo a la letra, ya que afectaría solo al 0,03% de empresas que son aquellas con trabajadores y trabajadoras que se verían afectadas", ha recordado Alberto Ibáñez Mezquita del grupo parlamentario Sumar. Mientras que Idoia Sagastizabal, del PNV, ha dudado sobre otra de las medidas de este anteproyecto, que tiene que ver con la creación de una reserva estratégica de materias primas críticas a nivel nacional "cuando la mayoría se concentran en países con inestabilidad".